El Gobierno volverá a subir el copago a los dependientes

Las medidas decretadas por el Gobierno para “ahorrar” en dependencia, que comenzaron el año pasado, suponen la pérdida para el sistema de 1.108 millones de euros, según los cálculos que el Ejecutivo ha comunicado a Bruselas. De ese ahorro, 339 millones se deben a la subida de un 5% del copago prevista para 2013, es decir, lo que costearán los ciudadanos. Sin embargo, como lo que aportan los dependientes al coste del sistema ronda el 10% del total de 6.000 millones, es decir, unos 600 millones al año, si se espera ahorrar 339 millones, la subida a los ciudadanos no puede ser de un 5%: tendrá que ser de alrededor de un 50%. O se está comunicando a Bruselas más ahorro del previsto o se va a subir al dependiente su participación mucho más de un 5%. Ya en noviembre de 2012, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales comunicó a Bruselas un ahorro para ese año de 835 millones, pero en realidad no habían sido más que 599.

“El sistema no aguanta más. Los nuevos recortes quitarán a muchas familias la posibilidad de cuidar y dar una vida digna a las personas dependientes. La gente está muriendo sin acceder al derecho. Solo en Valencia, más de 30.000 personas han fallecido sin cobrar la prestación”, señala Jaume E. García, coordinador estatal de las Plataformas en defensa de la dependencia.

El hachazo es de tal envergadura que su importe (1.108 millones) equivale a lo que ha presupuestado el Gobierno para atender a los dependientes en 2013: 1.087 millones. De esos 1.108, otros 150 millones se deben a la reducción del nivel de gravedad de los dependientes, cuyos casos se han ido revisando a la baja. A menos gravedad, menos dinero. Pero estos “ahorros” no son solo para el Gobierno, también lo son para las comunidades, insisten en el Imserso, porque esta ley está cofinanciada por ambas Administraciones. A todo esto hay que sumar el recorte en las pagas y la eliminación de la seguridad social para los cuidadores familiares. Y haber dejado para 2015 la atención a los dependientes moderados, prevista para 2012.

Este estrangulamiento económico mantiene el sistema completamente parado, sin que se cubran con otros beneficiarios las plazas que van quedando vacantes, ni se den nuevas ayudas. Miles de personas en situaciones precarias esperan su prestación y los que la tienen la han visto reducida o han de aportar más dinero de su bolsillo para estar, por ejemplo, en un geriátrico. Así que el “ahorro” que el Gobierno vende a Bruselas en el Programa Nacional de Reformas 2013, está poniendo las cosas muy difíciles a personas muy vulnerables.

Los recortes en forma de copago que se avecinan llueven sobre mojado, como bien sabe María Dolores Aranda. De 58 años, hace dos tuvo que pedir una excedencia en su trabajo para hacerse cargo de su madre enferma. La mujer, con 81 años, ha sufrido varios infartos cerebrales, se alimenta por sonda y ya apenas se levanta de la cama. Le concedieron 540 euros para que su hija ejerciera de cuidadora en mayo de 2012. A los pocos meses, se los rebajaron el 15% y dejaron de cotizar por ella en la Seguridad Social. Una segunda rebaja le ha dejado la prestación en 350 euros. Y eso cuando la cobra. “Ahora mismo me deben febrero y marzo”, dice.

“Estamos muy angustiados”, añade Aranda, que no podría volver a su empresa aunque quisiera, pues quebró con la crisis. La familia —cuatro miembros: ella, su madre, su padre de 86 años y una hija, que está en el paro— vive de las exiguas pensiones que reciben. Un dinero que cada vez dura menos, puesto que otros copagos han ido menguando su poder adquisitivo. “Le quería comprar algo a mi madre en su día, pero ni eso voy a poder. Hace unos días me dijeron que los 3.400 euros que me iban a pagar con carácter retroactivo por haber tardado dos años en darnos la prestación no llegarán”, concluye.

La magnitud de las cifras que refleja el documento enviado a Bruselas ha desatado la alarma entre los profesionales de la dependencia. El responsable de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca el impacto que pueden tener los 339 millones de ahorro previstos por el aumento del copago. “De todo esto se deduce que esta aportación se incrementará en un 50%, a menos que el Gobierno esté mintiendo a las autoridades europeas, y elevar lo que ya pone el ciudadano es una barbaridad”, relata.

La suma de los sucesivos tijeretazos en dependencia permitió al Gobierno, según sus números, recortar 599 millones el año pasado. Y las estimaciones del Ejecutivo apuntan a un “ahorro” de 1.108 millones este año y 571 en 2014.

Jaume E. García, coordinador de las plataformas de dependencia, explica que tras los recortes del año pasado hubo regiones que cargaron buena parte del coste de la prestación en los dependientes, aumentando ya su aportación entre un 10% y un 90%, según las autonomías. Por tanto, no es de extrañar que la nueva subida sea de un 50%.

En comunidades como Andalucía también preocupa otra de las medidas anunciadas: priorizar los servicios profesionales sobre las prestaciones familiares para ahorrar. “La prestación familiar es más barata que la profesional. Temo que las primeras puedan desaparecer; no hay otra forma de ahorrar”, asegura María Jesús Montero, consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía.

Desde que se aprobaron las medidas de recorte de julio de 2012, el número de beneficiarios del sistema de dependencia ha disminuido de 780.543 personas a 756.423 (un 3%) menos. Asociaciones de profesionales y afectados se han cansado de denunciar la situación por la que atraviesa la ley, que califican de desmantelamiento. De ello da cuenta no solo la caída de beneficiarios, que ilustra cómo las comunidades autónomas ni siquiera son capaces de cubrir las bajas con nuevos beneficiarios. También la enorme lista de espera de 224.000 personas con derecho a una ayuda.