Fernández Olalla: “La protección de testigos es insuficiente para la trata”

Hace décadas no había concienciación sobre el alcance de la violencia de género, del peligro de las drogas o de conducir bajo los efectos del alcohol. Gracias a sucesivas campañas por parte de Gobiernos o de asociaciones, la información existe ahora en España. Patricia Fernández Olalla, fiscal adscrita al fiscal de sala coordinador de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, considera que la misma lógica se debe aplicar en el caso de la trata de personas que después son explotadas sexualmente: esas campañas públicas son necesarias por parte de los medios de comunicación y de las distintas instituciones, incluido el poder judicial, y deben llevar a la sensibilización sobre la gravedad del problema. Fernández Olalla ha señalado otras dos reformas que considera necesarias con tal de erradicar la trata en su charla Migración y víctimas. Protección Integral en la trata de personas en riesgo de exclusión social en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): la del código penal, con el fin de que haya una persecución efectiva del proxenetismo, y la del sistema de protección de testigos que existe en la actualidad en España.

Fernández Olalla ha afirmado que debe existir más voluntad y “menos miedo y tibieza” a la hora de perseguir este delito de gran gravedad, ya que “hay detrás organizaciones criminales”. “Ante un pobre desgraciado que roba con una navaja no hay ninguna duda. ¿Por qué en este caso?”, se ha preguntado. Así, la fiscal ha animado a un esfuerzo colectivo por parte del poder judicial, desde jueces, fiscales, forenses o personal de gestión, para atacar la trata. Además, ha agregado, son imprescindibles medidas de carácter educativo “con dinero público” que sirvan para desalentar la demanda, además de que desaparezcan los anuncios de contactos de los grandes medios. “Hay absoluta tolerancia en esta materia. Para mí indica claramente el desprecio que existe hacia el género femenino”.

Alrededor de un 16% de mujeres explotadas sexualmente se acoge al periodo de reflexión de un mes, prorrogable a otro, al que tienen derecho antes de decidir si desean colaborar con la policía. Fernández Olalla piensa que esta cifra a la que apunta, “no inferior a las de otros países”, denota una desconfianza básica ante la justicia o la policía. Aunque afirma que en España se dan los instrumentos adecuados para que las mujeres que escapan a la explotación se puedan reintegrar, asegura también que el sistema de protección de testigos funciona de forma ineficaz y es “muy doméstico”. El miedo a las represalias explica por una parte que las víctimas no se animen a declarar. El abogado de la defensa puede solicitar que se le revele la identidad de la denunciante. “Esto no tiene mucha vuelta de hoja, cualquier persona tiene derecho a saber quién le denuncia”, ha apuntado Fernández Olalla. Sin embargo, hay avances técnicos “que con una dosis de imaginación permiten articular otros medios para proteger a los testigos”. Por ejemplo, esto sucede en la actualidad: “A veces se borran con tippex los datos que no deben aparecer en la causa penal”.

Las interpretaciones realizadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo han sido, según Fernández Olalla, una rémora para la lucha contra el proxenetismo, que vive, ha afirmado, “en impunidad”. “Antes de penalizar al cliente, hay que penalizar al intermediario, a quien se lucra, y así lo establece el Código Penal”. No obstante, el Tribunal Supremo “ha echado por tierra esto” al basarse en distinciones “entre quien obliga y quien se lleva el dinero”, además de otras diferenciaciones entre ganancia aislada, directa, o por ejemplo, que se dé conocimiento de la situación de explotación de las mujeres en los burdeles.

“Se ha recorrido un largo camino y hay que transmitir un mensaje positivo”, ha concluido Patricia Fernández Olalla. “Pero queda una larga tarea por delante”.