El expolio tras las cámaras

Los últimos años, con el PP al frente del gobierno autonómico, han sido muy intensos informativamente. El sistema financiero valenciano ha desaparecido del mapa, cuando hasta hace nada sus dos cajas de ahorro, Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), ocupaban la tercera y cuarta posición en la clasificación de entidades de ahorro españolas, y el Banco de Valencia, símbolo de una burguesía ilustrada, tuvo que ser vendido por un euro a La Caixa. El miércoles pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ordenaba la detención de cinco directivos de la extinta CAM, ahora en manos del Banco de Sabadell, y un día después enviaba a prisión a dos de sus máximos responsables.

Al mismo tiempo que la justicia detenía por primera vez a unos banqueros de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunciaba el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que habían sido despedidos más de 1.000 trabajadores. Fabra explicó que la clausura era innegociable porque no disponía de 40 millones para hacer frente a las nóminas de los periodistas readmitidos (millones que había solicitado al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que este le había negado) y porque no iba a cerrar “un colegio o un hospital para mantener RTVV”, en una curiosa confrontación de derechos, que pocos políticos de su nivel se hubieran atrevido a hacer, y con escaso respeto a la realidad. Antes de clausurar RTVV, Fabra ya había ordenado el cierre de escuelas rurales y había paralizado durante dos años la construcción de hospitales.

La valenciana fue la primera autonomía que se quedó sin un sistema financiero propio y la primera que ha decidido cerrar una televisión pública en un territorio con lengua cooficial, dejando en la calle a 1.660 trabajadores. A cambio, mantiene el aeropuerto sin aviones de Castellón; un edificio de Santiago Calatrava, conocido como el Ágora, que costó 100 millones de euros en el que una vez al año se celebra un torneo de tenis de la serie Masters 500 y, eventualmente, la semana de la moda de Valencia; la Ciudad de la Luz en Alicante, unos estudios cinematográficos que costaron 270 millones que ahora permanecen cerrados y por los que la Unión Europea reclama a la Generalitat que haga frente a una sanción de 265 millones por subvenciones concedidas de forma irregular. Y, para rematar, el esqueleto del nuevo estadio del Valencia CF, todo un paradigma del estallido de la burbuja inmobiliaria. Eduardo Zaplana, el primer presidente del PP, soñó con una autonomía que fuera la vanguardia de muchas cosas. Nunca debió de pensar que lo sería en despilfarro, corrupción y desempleo.

¿En qué momento se fastidió la Televisión Valenciana? La emisora ya nació con algunos problemas. Antes de su puesta en marcha en octubre de 1989, Alfonso Guerra, por entonces vicepresidente del Gobierno de Felipe González, ya había mostrado sus recelos sobre la misma: “¿Una televisión para que salga un Juan [Lerma] cualquiera?”. Pero Canal 9 arrancó. Con una plantilla ajustada, si bien el director general de la época, Amadeu Fabregat, ya intuía lo que iba a pasar. “Se hará grande”, dijo antes de empezar tan siquiera las emisiones. Y tan grande. Con Eduardo Zaplana se llegaron a los 1.496 empleados y con Francisco Camps se batieron todos los récords: 1.820 trabajadores.

La etapa de Fabregat tampoco estuvo exenta de tensiones. Censuró el uso de 593 palabras en valenciano, pese a lo cual la derecha le acusaba de “catalanista” y partidista, y la izquierda de no cumplir los objetivos de la ley de creación y de ser una cadena al servicio del Consell. Un cierto oficialismo ya tuvo; pero comparado con lo que llegó después, sus informativos podría haber pasado por un modelo de pluralismo y profesionalidad. Fabregat, sin embargo, liquidó el equipo directivo de Ràdio 9. Demasiado catalanista e izquierdista para su gusto. Durante la etapa socialista, Canal 9 llegó a tener más del 20% de la audiencia en la Comunidad Valenciana. Las televisiones privadas estaban arrancando y las TDT ni se esperaban.

Y en eso llegó Eduardo Zaplana. En su primer viaje como presidente de la Generalitat a Bruselas hizo toda una declaración de principios: “Canal 9 es el último bastión de los socialistas”. Cómo liquidarlo estaba claro. Propuso a un diputado del PP, José Vicente Villaescusa, sin ninguna experiencia en medios de comunicación como jefe de informativos. El escándalo le obligó a retirar la propuesta. Pero aquello solo fue un paréntesis. Zaplana iba lanzado. El primer director general que nombró, Juan José Bayona, le duró un suspiro, apenas nueve meses. Recuperó a Villaescusa para el cargo de director general y dio su golpe de mano al colocar en la dirección de Canal 9 a Jesús Sánchez Carrascosa, que había sido su jefe de campaña y su jefe de gabinete. Zaplana creó escuela. Los futuros directores generales de RTVV y de su cadena televisiva, hasta la llegada de Rosa Vidal, fueron siempre personas muy cercanas a la órbita de la presidencia de la Generalitat. Carrascosa fue sustituido por Genoveva Reig, jefa de prensa de Zaplana en Benidorm y su directora de comunicación en la Generalitat. Cuando llegó Francisco Camps colocó a Pedro García, que había sido su jefe de campaña y su responsable de comunicación en el Consell, amén de persona de confianza de los principales responsables de la trama Gürtel. Tanto que, durante en un registro del despacho de Francisco Correa, apareció una nota que decía: “Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Dicho y hecho. Tras García, Camps colocó al frente de RTVV al periodista José López Jaraba.

Hasta Burjassot, donde la televisión tiene sus estudios centrales, llegó la manipulación más descarada, el despilfarro, la corrupción y los escándalos sexuales. Una lista de las trapacerías cometidas en los últimos 18 años desde la televisión valenciana daría para varios volúmenes. Carrascosa puso en antena un programa que definiría por muchos años su programación. Estrenó Tómbola. La telebasura arraigó en Canal 9. El espacio de cotilleos fue el estandarte de la cadena. Dinero a espuertas para sus protagonistas —Jesús Mariñas, uno de los contertulios habituales, reconoció recientemente que cobraba 3.000 euros brutos por programa—, escándalos y audiencia garantizada.

Carrascosa no tenía escrúpulos con tal de conseguir el mayor número de espectadores. En uno de sus programas, El juí d'Alcàsser, sobre el asesinato de las tres niñas de esta localidad valenciana, intentó retransmitir en directo el proceso a Miguel Ricart, uno de los asesinos, y al no conseguirlo contrató a amigos, conocidos y saludados de este que pasaron por el programa. También participaban el padre de una de las niñas y un presunto periodista. Todos cobraban. Y cuanto más salidas de tono fueran sus afirmaciones, más cobraban. Al final, la Guardia Civil, los forenses y el fiscal del caso denunciaron al programa y a los colaboradores por calumnias con publicidad. La sentencia condenó a RTVV a pagar 430.000 euros como responsable civil subsidiaria.

La cadena valenciana se convirtió en una casa de acogida para famosas con apuros económicos o necesitadas de mantenerse en el candelero. Barbará Rey presentó un programa de cocina titulado En casa de Bárbara en el que lo más llamativo eran los problemas de la actriz para seguir los consejos culinarios del experto que explicaba cómo condimentar los platos. La modelo Mar Flores también tuvo su propio espacio, La música es la pista. La música, claro, era en castellano como todo el programa, en una cadena cuyo principal objetivo, por ley, era la promoción del valenciano y la industria audiovisual.

Hasta hace bien poco el lema de Canal 9 podría haber sido perfectamente una expresión valenciana: Serà per diners? (¿será por dinero?) El despilfarro era absoluto. Se subvencionaron sin tasa los equipos de fútbol de la Comunidad Valenciana, se pagó lo que no está en los escritos por la retransmisión de las carreras de Fórmula 1, se mandaron equipos de televisión a los confines del mundo para que Francisco Camps pudiera lucir palmito. El derroche fue continuo y las sospechas sobre el uso fraudulento del dinero crecieron. Canal 9 nunca ha explicado por qué compró los derechos de emisión de los partidos de fútbol de los equipos valencianos de primera y segunda división durante las temporadas 2003-2008 por 459 millones y los vendió por 299 a una televisión privada provocando un quebranto de 160 millones a las arcas públicas.

El colmo del desbarre profesional y empresarial fue la compra a Bernie Ecclestone de los derechos de retransmisión de las carreras de F-1 para la Comunidad Valenciana, cuando se televisaban por Tele 5. TVV pagó 22 millones por las imágenes de Fernando Alonso a bordo de su Ferrari. Se podría pensar que, como en TV3, las retransmisiones se hacían en valenciano. Pero no. El responsable de la narración era un periodista argentino, Víctor Seara, quien firmó un contrato en 2010 por el que percibía 120.000 euros al año por la locución de los grandes premios y un programa de motor que realizó entre los meses de enero y marzo. La última directora general de RTVV, Rosa Vidal, lo denunció por no justificar gastos por valor de 18.000 euros.

La lista de despilfarros es tan larga como nulas las responsabilidades políticas asumidas por la gestión de RTVV. Los presidentes de la Generalitat del PP viajaban con sus periodistas de confianza del ente televisivo. Tanto daba que su asistencia fuera a una final de la Champions, como Eduardo Zaplana que acudió a Milán a presenciar el Bayern-Valencia, o que se tratara de un costosísimo directo de Francisco Camps en una visita a la Amazonas brasileña, coincidiendo en la época en que el presidente de la Generalitat viajaba al extranjero más que nunca, una vez había sido imputado en el llamado caso de los trajes.

Tampoco importó, ya con el agua de la crisis al cuello, favorecer a las dos adjudicatarias de las únicas TDT de ámbito autonómico, Las Provincias TV (del grupo Vocento) y Popular TV (de la Cope), en el pago del canon por el uso del múltiplex de RTVV. Según el vocal del consejo de Administración por Compromís Rafael Xambó, ambas debían pagar 1,3 millones de euros. Pero los exdirectores generales Pedro García y José López Jaraba negociaron unas condiciones, que incluían desde la condonación de la deuda a la compensación por publicidad de Canal 9 en las TDT, de audiencia residual, pasando por la cesión de derechos. Un acuerdo, según Xambó, muy gravoso para la empresa pública. Los contratos de RTVV con ambas adjudicatarias han sido entregados a la fiscalía por si detecta indicios de delito. Tras el anuncio del cierre de RTVV, Las Provincias TV y Popular TV son las únicas cadenas de televisión con idéntica implantación que Canal 9.

La obsesión del PP por controlarlo todo en la Comunidad Valenciana le llevó a protagonizar episodios que a primera vista parecían inexplicables, pero que con el tiempo han ido comprendiéndose. Episodios en los que la cadena autonómica ha sido un instrumento muy útil para según qué fines. Todavía se recuerda por alguno de sus protagonistas, no sin cierta preocupación y espanto, la escena que se desarrolló en el Palau de la Generalitat, con Francisco Camps de presidente, meses antes de la visita en 2006 de Benedicto XVI a Valencia para el Encuentro de las Familias. En un despacho del edificio gótico del siglo XV se encontraban reunidos representantes del Gobierno de Rodríguez Zapatero, del Arzobispado de Valencia y del Consell. En el orden del día, además de los temas de seguridad, la retransmisión televisiva. Los miembros del Ejecutivo socialista daban por hecho que, al tratarse de una visita de Estado, TVE sería la responsable de la emisión. Pero no. Las palabras fueron primero tensas, después desabridas y al final acabaron a gritos. La Generalitat, con el inestimable apoyo del Arzobispado, impuso que fuera Canal 9 la que se hiciera cargo de la retransmisión.

Años más tarde, en la investigación de la trama Gürtel, se descubrió que Teconsa, una constructora leonesa propiedad del empresario José Luis Ulibarri, quien había conseguido la mayoría de las licencias de TDT concedidas por Camps, se había hecho con la adjudicación de los equipos de sonorización de la visita papal. La investigación de Gürtel descubrió que RTVV había adjudicado el contrato por 7,4 millones cuando el coste no superaba los 3,2, según la contabilidad de la trama. La Audiencia Nacional investiga si Correa se quedó con 1,4 millones, Pablo Crespo con 630.000 euros y Álvaro Pérez, El Bigotes, y el entonces director general de RTVV, Pedro García, con medio millón cada uno. Recuérdese la nota que apareció en el despacho de Correa: “Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Y Camps le nombró.

Comprar caro productos basura ha sido una constante en RTVV. En 2011 la cadena adquirió tres documentales de marcado carácter ultra a Triskel, una productora vinculada al que había sido su director de antena Fernando López Quintela. Se acordó pagar 532.500 euros sin IVA por unos reportajes que los propios profesionales de RTVV valoraron en muchos menos. La Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas valenciano) constató la existencia de irregularidades en la gestión de este contrato.

El cierre ordenado por Alberto Fabra y la dimisión de Rosa Vidal han provocado que estos últimos días los trabajadores que no estaban incluidos en el ERE tomaran la cadena para autogestionar el servicio público. La mayoría de los empleados que no habían sido despedidos eran los menos conflictivos con el PP, pero la clausura de Canal 9 convirtió unos informativos siempre complacientes con el poder en unos espacios críticos. Durante mucho tiempo esos empleados aceptaron las consignas que se emitían desde los despachos de presidencia de la Generalitat como recordaba recientemente la antigua corresponsal en Madrid. Iolanda Màrmol ha contado cómo en la etapa de Camps tenía prohibido nombrar a Eduardo Zaplana que por entonces era ministro de Trabajo con José María Aznar; pero antes también había sido abroncada por seleccionar unas imágenes en las que el expresidente de la Generalitat aparecía con Maruja Sánchez, la tránsfuga socialista que facilitó la alcaldía de Benidorm a Zaplana.

Las informaciones sobre el caso Gürtel nunca vieron la luz en la televisión valenciana hasta que un buen día sus espectadores descubrieron que Francisco Camps acudía ante el juez para contar toda la verdad sobre los trajes que supuestamente le habían regalado. El silencio ominoso sobre la trama corrupta se extendió sobre el accidente del metro de Valencia. Las protestas de las víctimas nunca aparecieron. Solo se contó la versión oficial de que el accidente fue consecuencia del exceso de velocidad. Estos días de primavera informativa se ha visto a periodistas de la televisión pidiendo perdón por su dependencia de los políticos del PP.

La censura llegó a ser de tal calibre que se llegó a pedir a los responsables de un programa que no se pronunciara el nombre del país de Peter Pan, Nunca Jamás Mai més, en valenciano), por su semejanza con el movimiento gallego Nunca mais. Así se las gastaban. Algunos de estos hechos llegaron a trascender por la existencia del comité de redacción; pero fue por poco tiempo. Desde la Generalitat ordenaron su liquidación.

Una plantilla tan sumisa en líneas generales no se explica sin la red clientelar que se creó desde el despacho del responsable de recursos humanos primero y secretario general de la casa después. Vicente Sanz, exdirigente del PP provincial de Valencia y acusado de practicar abusos sexuales sobre tres trabajadoras de la cadena, contrataba a militantes del PP, concejales, familiares de cargos públicos populares. Una red que se fue extendiendo conforme se ampliaba la plantilla, arrinconando a los profesionales de la primera etapa, a aquellos que, según Zaplana, formaban el “último bastión socialista”. Sanz se encuentra a la espera de juicio.

La orden de cierre decretada por Fabra ha movilizado a sectores sociales de la Comunidad Valenciana que, mayoritariamente, habían dado la espalda a Canal 9, pero que, ahora, con esta decisión han visto la oportunidad de reclamar una televisión pública, plural, profesional, de calidad y en valenciano. Pero Fabra y su Gobierno no están dispuestos a ceder. Ràdio Televisió Valenciana con todas sus sombras y sus escasas luces pronto será historia. La primera televisión autonómica que echará el cierre.