La afiliación de las asistentas se frena en 2013 tras 120.000 nuevas altas en 2012

El empleo sumergido en el sector doméstico en España ya no emerge a la velocidad que lo hacía tras la entrada en vigor en 2012 de la ley que integró a las trabajadoras del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. El primer año de aplicación las altas aumentaron significativamente, con más de 100.000 nuevas afiliaciones, cuando el empleo en el sector estaba estancado. Pero conforme pasan los meses el crecimiento de cotizantes tiende a cero. En diciembre, las 423.821 empleadas registradas de media suponían solo un 1,9% más que el año anterior. Según la Encuesta de Población Activa, el número total de personas que trabajan en el servicio doméstico es de 679.600 en el tercer trimestre de 2013, último dato disponible.

Los colectivos de empleadas, la mayoría inmigrantes, denuncian además una precarización en los últimos meses que sobre todo afecta a las que trabajan por horas. “Ya en 2012 empezaron a bajar los sueldos porque muchas familias descontaron del salario lo que tenían que pagar a la Seguridad Social, pero ha ido a peor. La crisis tiene que ver, pero también el cambio que hizo el Gobierno hace un año, al eliminar la obligación de que fuera el empleador el que hiciera el trámite. Ahora muchos dan un precio cerrado y nosotras tenemos que hacer el papeleo y pagarlo todo”, explica Graciela Gallego, presidenta de la plataforma Servicio Doméstico Activo (Sedoac). “Y muchas extranjeras tienen que aceptar lo que sea porque necesitan cotizar para no perder la tarjeta sanitaria”, añade. “Hay quien cobra cinco euros la hora y quien no llega al salario mínimo con 10 horas de trabajo”.

Desde 2012 las empleadas de hogar ya no tienen un régimen especial de cotización, están integradas en el llamado régimen general, el que tiene la gran mayoría de asalariados, aunque con algunas diferencias. El cambio, que llegó con la reforma de pensiones pactada en 2011 por el Gobierno socialista, los sindicatos y la patronal, supuso para familias y empleadas la obligación de cotizar aunque solo trabajaran una hora al mes —antes era opcional hasta las 20 horas mensuales—. Tenía que hacerlo el empleador, es decir, las familias, y se les hacía responsables de tramitar el alta.

Justo un año después, el nuevo Gobierno cambió la regulación. Mantiene la obligación para ambas partes de cotizar desde la primera hora, pero hace responsable de ingresar la cotización íntegra —la cuota empresarial y la obrera— a la empleada si trabaja menos de 60 horas mensuales en un hogar. Si se incumple este precepto, la responsabilidad es compartida; no obstante, el empleador puede eludirla si acredita que ha pagado el salario y la parte correspondiente de cotización.

El cambio de 2012 estimuló la afiliación en un sector en el que, hasta entonces, se observaba que más de la mitad del empleo era sumergido si se comparaban las cifras de la Seguridad Social con las de la encuesta de población activa. En un año, el número de cotizantes creció en casi 120.000. Este ritmo se mantuvo durante el primer trimestre, pero conforme avanzó el año aminoró la velocidad hasta una subida media de poco más de 8.000 afiliadas.

“El efecto del cambio de 2013 ha sido que en el primer año en que era obligado cotizar desde la primera hora afloró un tercio del empleo sumergido del sector; y en el segundo, se ha quedado en un aumento de 8.000 cotizantes”, lamenta Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CC OO. “Ya avisamos al Gobierno de que esto iba a pasar”, apunta Carmen López, de UGT, “no entendimos el cambio”. No obstante, López admite que en esta ralentización no solo ha tenido un papel el efecto del último cambio legal, también la situación económica.

El Gobierno, por su parte, no hace una lectura positiva de los datos: destaca que este régimen es el único de los integrados en el general que crece. Y afirma, sobre el frenazo que se observa todos los meses, que hay un componente estadístico y también estacional, propio de diciembre.

En el lado opuesto se sitúa Joan Coscubiela, de Izquierda Plural. Él cree importante el cambio normativo de 2013 y ve falta de voluntad política en el Ejecutivo. Como prueba de esto, cita una proposición no de ley de su grupo en el Congreso que apuesta por la homologación plena de derechos de las empleadas de hogar con el resto de asalariados, siguiendo un convenio internacional de la OIT, que no sale adelante.

Daniel Izuzquiza, del Centro Pueblos Unidos de Madrid, que ofrece asistencia a inmigrantes, opina ha faltado voluntad política. “No se ha hecho una apuesta decidida. El Gobierno del PP, que ha tenido que aplicar una norma del PSOE, siempre ha realizado una lectura negativa. Es cierto que no se ha logrado sacar de la economía sumergida a todas, pero lograr 100.000 nuevas altas en solo un año puede considerarse un dato positivo”, comenta. “Para seguir creciendo hay que hacer un esfuerzo constante en el tiempo porque no se trata solo de una cuestión técnica, sino también de un cambio de mentalidad sobre el valor del trabajo doméstico”.