El calvario de una menor valenciana

Un calvario de cinco semanas. Es lo que acaba de vivir una joven de 17 años tras solicitar una interrupción voluntaria del embarazo en un centro de salud del municipio valenciano donde reside. La primera vez que lo pidió, a finales de diciembre pasado, estaba de cinco semanas y le denegaron el volante porque, según le dijeron, tenía que ir acompañada de uno de sus padres. “Falso. La ley en vigor dice que si la menor puede sufrir coacciones familiares para continuar con el embarazo, como era su caso, el médico puede practicar la operación sin consentimiento paterno. Ella estaba segura de que su madre no le daría su aprobación y, además, como castigo la enviaría a Ecuador, su país de origen [tiene doble nacionalidad]”, explica Marcela Jabbaz, socióloga y miembro de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana, que acompañó a la menor en su periplo.

Pero la joven no conocía la ley y comenzó a prepararse para contárselo a sus padres. “A principios de enero recibimos la llamada de una mujer que sí conocía la ley y nos pedía que la ayudáramos. No tenemos un programa de apoyo concreto para este tipo de problemas, pero no podíamos desatender una petición como esa”, relata Jabbaz. “Cuando la conocí, me sorprendió su madurez. Es una joven estudiosa, que tiene un proyecto de futuro, y tenía muy claro que no era el momento de tener un hijo. No era una decisión inconsciente, sino muy meditada”, continúa. “Aunque es una chica dura, porque ha vivido unas circunstancias familiares difíciles, estaba angustiada. Se sentía culpable y sabía que su madre, no tanto por razones religiosas, sino culturales, no se lo iba a permitir”.

La socióloga acompañó a la joven en su segunda visita al centro de salud. Volvieron a ponerle pegas. “Preferimos que venga con los padres. A veces tienen miedo y luego no es para tanto”, les dijo la doctora. “Y, otras veces, les dan una paliza”, contesta Jabbaz.

Con la ley en la mano, desmontaron todas las pegas y consiguieron un volante para una clínica concertada. “Es curioso que no te ofrezcan hacerlo en un hospital público”, comenta Jabbaz. Y ahí empezó la segunda parte del calvario. El reglamento de la ley de plazos establece que cuando la menor alegue conflicto familiar, el médico podrá solicitar el informe de un psicólogo o trabajador social. Se lo exigieron. “Llamamos a todas las puertas para que alguien nos lo firmara. Pero ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni el centro de salud ni profesionales particulares consideraron que entrara dentro de sus competencias. Al final, probamos casi de casualidad con la orientadora de su instituto y tuvimos suerte”, recuerda.

Cinco semanas después de la primera petición, en la décima semana de gestación, se realizó la operación. Si el proceso hubiera empezado más tarde, quizá no habría llegado a tiempo de hacerlo antes de la semana 14ª, plazo máximo que permite la ley. “Tuvo suerte de conocer a esa mujer que nos pidió ayuda. ¿Qué habría ocurrido si no llegamos a intervenir? ¿Cuántas jóvenes como esta, y no tan jóvenes, se ven abocadas a una maternidad no deseada porque se tropiezan con una pared burocrática que filtra su atención en el sistema público?”, se pregunta la socióloga.

Jabbaz considera que es importante dar a conocer estas historias “para derribar el argumento de que hay que cambiar la ley actual porque permite abortar con inconsciencia y facilidad”. “No solo no es fácil, sino cada vez más difícil. Se ha extendido tal clima de macartismo entre los médicos, que cada vez más procuran evitar abortos. Tienen miedo”, asegura.