“No interesa dilucidar el asesinato de Gonzalo”

El 4 de agosto de 2013 el biólogo cántabro Gonzalo Alonso Hernández murió de un balazo en la nuca a pocos metros de su bucólica finca enclavada en el corazón del Parque Natural de Cunhambebe, en el Estado de Río de Janeiro. Todas las sospechas apuntaron en aquel momento a grupos que aparentemente tendrían motivos para sentirse amenazados por las investigaciones que Gonzalo desarrollaba en el terreno. Los asesinos se encargaron de robar su teléfono móvil y su ordenador portátil, donde almacenaba valiosa información sobre sus denuncias.

El caso ganó resonancia en la prensa y tanto la viuda, María de Lourdes Pena Campos, como los hermanos de Gonzalo obtuvieron la garantía de las autoridades de Río de Janeiro de que los autores del crimen no quedarían impunes. Incluso les dieron plazos para presentarles algún resultado. Casi nueve meses más tarde, los mismos responsables que empeñaron su palabra con la familia del biólogo (el secretario de Medio Ambiente del Estado de Río, Carlos Minc, y la jefa de la Policía Civil, Martha Rocha) han abandonado sus cargos. “Nos encontramos más perdidos que nunca, con la sensación de que no hay interés por dilucidar el asesinato de Gonzalo. Nadie los dice nada y ya no sabemos con quién hablar”, comenta, apesadumbrada, María de Lourdes Pena Campos.

El caso de Gonzalo retrata a la perfección la situación de impunidad que se vive en Brasil en los casos de crímenes contra activistas rurales o medioambientales. Según Global Witness, solo en el 10 % de los crímenes algún acusado llega a responder ante los tribunales. Y solo en un 1 % de los casos ese imputado es condenado y llega a cumplir condena. A efectos prácticos, la impunidad es casi total.

Los principales focos de conflicto siguen estando localizados en los Estados amazónicos de Mato Grosso y Pará, áreas de alta densidad indígena que concentran el 61 % de la deforestación ilegal calculada en 2013.

Los focos de conflicto están
en zonas de alta deforestación ilegal

En Pará tuvo especial resonancia en 2011 el asesinato a sangre fría de los activistas José Claudio Ribeiro da Silva y de su pareja Maria do Espírito Santo. A Zé Claudio (nombre por el que era conocido en su entorno) le descerrajaron dos tiros de escopeta y le cortaron la oreja derecha, probablemente para ofrecérsela de trofeo a quien ordenó la barbarie. Una vez más corrió la sangre, de la misma manera que corrieron ríos de tinta. Pero hasta el día de hoy ningún acusado se ha sentado en el banquillo.

Esta es la realidad que hace que Brasil salga especialmente mal parado en el último informe de la organización Global Witness, que le endosa casi la mitad de las muertes de activistas rurales y medioambientales (448 de 908 entre 2002 y 2013) registradas en todo el mundo. Los números de la ONG británica parten de los datos recabados en el terreno por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la organización brasileña ligada a la Iglesia católica que defiende la causa medioambiental y los derechos de los campesinos y los indígenas. “Hemos contabilizado 34 muertes en 2013, de las cuales 31 guardan relación con conflictos rurales. En 15 casos las víctimas han sido indios. Llama la atención que el 64 % de los asesinatos en el campo se cobran la vida de indígenas o de miembros de comunidades quilombolas que mantienen una relación diferente con la tierra”, explica Antonio Canuto, Secretario de la Coordinación Nacional de la CPT.

“La persecución de la dictadura acabó hace tiempo, pero no podemos decir lo mismo de la persecución que protagonizan los latifundistas”, afirma Canuto, para quien “existen claros intereses del capital en avanzar hacia áreas rurales donde la relación con la tierra no se mide en términos de mercado, sino como una forma de vida”.