Medio ambiente mortal

Han pasado más de 25 años de la muerte de Chico Mendes, el humilde cauchero que se convirtió en símbolo internacional de la defensa del medio ambiente. Y Brasil, el país donde fue asesinado por intentar que los especuladores no destrozaran la Amazonia, sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para los activistas del ecologismo. Lo afirma un informe de la ONG Global Witness, presentado ayer, que ha recopilado los asesinatos de defensores del medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013. Su conclusión es demoledora: el número de muertes no deja de crecer. De las 908 que ha podido documentar esta organización en 35 países, 448 se produjeron en Brasil.

En 2002 se registraron 51 asesinatos. En 2012, el peor de la serie, fueron 147. Los autores del informe reconocen que la información es escasa y seguramente sus datos solo muestren la punta del iceberg. Afirman, por ejemplo, que es muy probable que países africanos como Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana o Zimbabue también se estén viendo afectados, pero su metodología de trabajo —basada en documentación fiable y en la verificación de los datos por parte de socios locales— no ha permitido hacer un análisis exhaustivo. De ahí que las peores cifras se den en América Latina y Asia, donde han podido contrastar la información. A Brasil, con 448 asesinatos, le siguen Honduras, con 109, y Filipinas, con 67.

El informe insiste en uno de los aspectos que ya destacó en 2011 la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya: la impunidad. La organización solo tiene constancia de que se haya juzgado y condenado a 10 personas por estos más de 900 crímenes. “Existen pocos síntomas más rotundos y obvios de la crisis ambiental mundial que un dramático repunte en el asesinato de personas corrientes que defienden los derechos sobre la tierra o el medio ambiente. Sin embargo, este problema que tan rápido se está agravando está pasando prácticamente desapercibido y, en la gran mayoría de los casos, los responsables están saliéndose con la suya”, asegura Oliver Courtney, portavoz de Global Witness. En su informe, la relatora de la ONU recopiló casos de arrestos, detenciones y asesinatos de defensores de los derechos humanos que protestaban por cuestiones relacionadas con los recursos naturales y los derechos sobre la tierra. “Pertenecen en su mayoría a poblaciones indígenas y minorías”, señaló. Y son “más vulnerables debido a que las áreas donde trabajan son remotas”.

Para Barbara Ruis, asesora legal del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha sido “impactante” conocer las cifras del informe. El problema, sin embargo, no le sorprende: “En los últimos años estamos viendo cómo emergen cada vez más conflictos medioambientales en todo el mundo”, explica por teléfono desde Ginebra. Las cifras son de asesinatos, pero hay muchas otras luchas, y otras agresiones a activistas que pelean por vivir en un entorno sano, que no llegan a conocerse, añade. “Es importante que se sepa que hay mucha gente luchando por sus derechos ambientales”.

No es solo la falta de información, o la imposibilidad de contrastar los datos, lo que hace que los autores del informe crean que se han quedado cortos. Los asesinatos son la situación más extrema; antes, o además, pueden haber existido amenazas, intimidación, violencia o criminalización. La relatora de la ONU se hace eco de esta última circunstancia: “Se ha acusado [...] a los habitantes de aldeas que se manifiestan en contra de megaproyectos que amenazan su medio ambiente y sus medios de vida”, recogió, entre otros ejemplos de criminalización de movimientos sociales como llevar ante tribunales antiterroristas a agricultores “por manifestarse en contra de las fuerzas de seguridad del Estado que intentaban expulsarlos de su tierra”.

Courtney asegura que su intención con la publicación del trabajo es llamar la atención de la comunidad internacional y de los Gobiernos ante un problema que no deja de crecer. No es, ni mucho menos, la primera advertencia. Amnistía Internacional (AI) alertó el verano pasado de que la reciente muerte del biólogo español Gonzalo Alonso Hernández era un ejemplo más de continuos ataques que sufren los activistas en Brasil a manos de las fuerzas de seguridad, paramilitares y bandas criminales. Esta organización denunció entonces que al menos 20 personas habían sido asesinadas en el país entre 2011 y 2012 por defender el medio ambiente. Según el recuento de Global Witness, fueron 64.

Más del 80% de los asesinatos que recoge el informe corresponden a América Latina. Estos casos se multiplican, asegura el informe, a medida que aumenta la competencia por los recursos naturales. La deforestación de la Amazonia es buen ejemplo de ello. Después de cuatro años seguidos de descenso en la superficie arbolada perdida, en 2013 la deforestación volvió a aumentar un 28%. Los ecologistas lo atribuyeron a la relajación en las leyes que protegen la jungla. Según el informe, las zonas más afectadas son también las que más violencia registraron contra los activistas que tratan de evitarlo.