El grito de auxilio que no se escuchó

En la mañana del martes, Itziar gritó. En la sexta planta del edificio de ladrillo visto donde había vivido con su expareja, Ricardo, yacían muertas las dos niñas de sus ojos: Nerea y Martina, de seis y tres años. Ricardo las mató y luego se tiró por la ventana a la calle de atrás. Un vecino encontró a las 5.30 el cuerpo delante de una guardería.

Aquel grito de Itziar se escuchó tan fuerte que dejó mudo al barrio de Estepar, en Castellón. No ocurrió lo mismo con los gritos previos. Clamó sin éxito para que ella y sus hijas estuvieran protegidas. El presunto responsable de sus muertes es el hombre que debía cuidar de ellas, su padre. Pero hay agujeros en el sistema de protección que acrecientan los riesgos, como la falta de medios, coordinación y especialización de quienes abordan estos casos.

EL PAÍS ha consultado fuentes judiciales, personas del entorno de Itziar, responsables públicos y expertos para localizar esos agujeros. Un repaso de las lecciones que dejan el rastro de dos niñas asesinadas, a las que su madre despidió esta semana en el tanatorio municipal. El Defensor del Pueblo, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Castellón prometen investigaciones para llegar al fondo del asunto. Jueces y fiscales se han enfrentado entre ellos esta semana por los posibles errores del sistema judicial. O hay “máquinas expendedoras de órdenes de protección y autos de prisión o dejamos que los profesionales decidan, asumiendo responsabilidades y riesgos de equivocación”, ha dicho el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, en defensa de la magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Castellón que denegó la orden de protección.

De enero a mayo, la causa de Itziar como posible víctima de violencia de género no prosperó. No hubo protección para esta psicóloga nacida en Getxo (Bizkaia) y criada en Madrid ni para sus hijas. Estaba en proceso de divorcio de Ricardo, nacido en un pueblo de Jaén. Ambos se habían mudado a Castellón, donde ella trabaja como educadora de un centro de rehabilitación de menores y él lo hacía como azulejero.

La mujer declaró tres veces por posible violencia de género en los juzgados y recurrió la decisión que le negaba la protección. Ni el juez de guardia, ni la de violencia ni el ministerio fiscal —que pidió primero la orden de protección y cinco días después que se archivara— respaldaron su demanda. No hubo exámenes psicológicos a las niñas ni al marido, con el que Itziar tenía abierto un complicado y lacerante proceso de divorcio.

La primera señal llegó al Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Castellón el 15 de enero. El médico de cabecera de la madre diagnosticó ansiedad “producida por amenazas” y envió la nota al juzgado. En la Comunidad Valenciana funciona un sistema pionero de cribado sanitario para la violencia machista, los médicos también la vigilan. Cuando la juez la llamó para declarar por el parte, ella no quiso. Las víctimas pueden no declarar contra su agresor, como dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 416.

“El agujero del sistema es ese artículo. Es la vía de escape que permite muchas absoluciones. Si en un hecho delictivo sin testigos, la víctima de violencia de género no declara, nos quedamos sin pruebas” y sin una posible condena para su maltratador, señala el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta. Es una vieja demanda de la Fiscalía que el PSOE respaldó incluir en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque no prosperó. Aun así, añade Cuesta, “el nivel cero de riesgo no existe”.

Itziar contó un mes después, en la denuncia por amenazas que presentó en la madrugada del 24 de febrero ante la Policía Nacional, que calló aquel día “por miedo a empeorar la situación”. En esa denuncia aseguraba que es víctima de maltrato psicológico, el más difícil de detectar, y que estaba siendo atendida por el Centro de Atención a la Mujer 24 horas de la Generalitat Valenciana sin que haya trascendido si era por violencia o por el divorcio.

Sin psicólogo

En el juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Castellón, que atiende los casos de 37 municipios de la provincia, existe una unidad de valoración de riesgo forense pero con una única psicóloga para casos penales, que atiende todos los asuntos de menores, familia y violencia de género. “En casos urgentes, no tenemos psicólogo que nos asista”, señalan fuentes del juzgado, que sostienen que cuando la magistrada rechazó la orden de protección que solicitó Itziar “era imposible tomar otra decisión con los elementos que había entonces”. No hubo comunicación con el Centro de Atención a la Mujer 24 horas, al que nadie le pidió informes.

Desde el juzgado reclaman más medios para atender los casos. Son siete funcionarias, una letrada y la juez. Perdieron dos efectivos cuyas plazas fueron amortizadas. Un día tipo atienden hasta siete declaraciones, tres detenidos y hasta dos órdenes de protección, según datos del juzgado.

El entorno tampoco alertó del riesgo, según los datos que se han conocido hasta la fecha. “Algo pasa cuando esto ocurre. Y todos somos culpables, yo la primera, porque nadie lo detectó. La familia, los amigos, en el colegio, no lo detectamos, no pudimos preverlo”, dijo el jueves la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. A ninguno de ellos les correspondía evitar la tragedia, aunque quizá la suma de muchas voces podía haber hecho más sonoro el grito de auxilio de Itziar.