Las ordenanzas acorralan y endeudan a las prostitutas

Son las cuatro de la madrugada en La Rambla. Acaba la noche para tres mujeres africanas. Han juntado 500 o 600 euros entre todas. Es el momento de esconder el dinero en su vagina. Así eluden a los secretas (agentes de paisano) que las persiguen para cumplir la ordenanza de civismo y convivencia en Barcelona. Lo recuerda María, otra prostituta que ejerce en la misma zona. “Les paraban solo por llevar preservativos”. Más de 50 ciudades españolas tienen normativas municipales específicas para perseguir la prostitución. Unas castigan a quien ofrece sexo y al que lo compra, otras solo a los clientes. Nacieron para intentar proteger a las mujeres, contentar a los vecinos o directamente limpiar las calles. Pero el resultado es que atacan sobre todo a las prostitutas y, de ellas, principalmente a las más vulnerables: las víctimas de la trata.

Un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) analiza por primera vez el efecto que han tenido estas normativas aprobadas en algunos casos hace más de una década. El grupo Antígona, un equipo de investigación sobre mujeres y derechos en perspectiva de género de la Autónoma de Barcelona, ha estudiado las normas en nueve ciudades Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, La Jonquera, Lleida y Castelldefels. En algunas, como Madrid, no hay normativa municipal pero se multa a través de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley Mordaza).

El informe preliminar de 150 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, basa su tesis en que ciudades como Barcelona han registrado en una década del doble de sanciones a las mujeres que a los clientes (2.633 frene a 1.188). E incluye 32 entrevistas con prostitutas, organizaciones que trabajan con ellas, políticos, técnicos y policías, con las que también concluyen que a ellas se les castiga más.

En España la prostitución es un fenómeno alegal. El Gobierno del PSOE, que se ha declarado abolicionista, ha prometido una norma contra la trata y la explotación sexual aún por desarrollar. “Supuestamente las ordenanzas son un instrumento contra la trata, pero hemos visto que es a estas mujeres a las que más les complican la vida”, explica Encarna Bodelón, investigadora principal de Antígona. Las multas a las que se enfrentan oscilan, según los casos, entre 100 y 3.000 euros. “Hay mujeres que acumulan 40.000 euros que luego tienen que pagar”, según una de las prostitutas entrevistadas para el informe en Barcelona. “Hay una compañera que en este momento está pagando 1.200 euros mensuales”.

En Lleida hay 10 veces más mujeres multadas hasta 2016 (480) y en La Jonquera, cinco veces más, hasta 632. En Madrid, las organizaciones entrevistadas critican que la persecución se centra en las mujeres, aunque Interior no ofrece datos desagregados de las sanciones por la ley Mordaza que permitan comparar. Sevilla, que persigue a los clientes y considera a las prostitutas como víctimas de violencia de género, ha puesto 230 multas hasta la fecha.

El informe considera que las ordenanzas aumentan la estigmatización de las mujeres, las desplaza del centro de las ciudades al extrarradio, donde están más inseguras. También denuncia que sus voces no son escuchadas a la hora de legislar.

En Sevilla, la prostitución callejera ha desaparecido de zonas céntricas como la Alameda. Se mantiene en la periferia, “donde ya estaba ya antes”, señala Miriam Díaz, delegada de Igualdad y teniente alcalde. El Ayuntamiento hispalense se declara abolicionista, lo que significa que no concibe en ningún caso la prostitución como un trabajo. Es una propuesta similar a la que intenta impulsar en el Ayuntamiento de Madrid el PSOE, de momento sin éxito. “El reto es controlar los pisos”, añade la edil sevillana. En Sevilla las prostitutas se consideran víctimas de violencia de género, como las maltratadas por sus parejas y exparejas, y pueden acceder a recursos previstos como casas de acogida “para una segunda oportunidad”, centros de trabajos sociales y recursos psicológicos.

Las mismas en la calle

Barcelona empezó a multar a clientes y a prostitutas en 2006, aunque dejaron de sancionarlas a ellas a partir de 2015. Con la llegada del equipo de Ada Colau a la alcaldía dieron un nuevo giro que se centra en la atención social a las mujeres, aunque en este caso desde una perspectiva regulacionista o pro derechos que supone que hay prostitutas por elección propia. “La ordenanza se aprobó con la promesa de reducir el número de mujeres en las calles pero siguen siendo unas 350 entre el Raval, la zona marítima y el campo del Barca”, explica Laura Pérez Castaño, concejala de Feminismos y LGTBI de Barcelona.

“Las directivas europeas reclaman no multar a las mujeres en situación de trata, pero son las más sancionadas”, según la edil. Aunque los datos no están disgregados por la dificultad de distinguir una posible víctima mientras se está sancionando, “seguro que son ellas las más castigadas porque necesitan pasar más tiempo fuera para ganar más dinero”. “Queremos derechos para ellas pero no miradas paternalistas, hay que diferenciar claramente los fenómenos”, señala la concejal.

En lo que coinciden el informe y los Ayuntamientos de Sevilla y Barcelona, además de organizaciones que trabajan con víctimas de trata como Apramp, es en reclamar una normativa estatal que buscara soluciones más allá de una ordenanza. Mientras, la pelea sigue en los Ayuntamientos.