El trágico atajo de Margarita ante las listas de espera

Aceptar un cambio de hospital para esquivar las listas de espera tuvo consecuencias trágicas para Margarita Espallardo. Esta mujer de 52 años, vecina de Cartagena (Murcia), casada, madre de dos hijos y empleada como limpiadora, permanece desde hace casi una década en estado vegetativo por los daños cerebrales sufridos en una intervención quirúrgica. El origen de las lesiones fueron las complicaciones surgidas al ser intubada, que la dejaron sin casi oxígeno durante más de 15 minutos.

Una sentencia responsabiliza ahora de lo ocurrido a los dos anestesistas que la atendieron en el Hospital de Molina de Segura, centro mixto de titularidad pública y gestión privada a la que Espallardo había sido derivada para adelantar su entrada en quirófano. Los especialistas ignoraron el aviso del informe preoperatorio, que indicaba que Espallardo ya había sufrido problemas con la intubación en una cirugía anterior. El fallo concede a la mujer y su familia una indemnización de 1,62 millones de euros (entre principal e intereses) tras el apoyo jurídico recibido de la Asociación de Víctimas de Negligencias Médicas (Avinesa) con el abogado Rafael Martín Bueno.

“Fue la médico que la atendía en el Hospital Santa María del Rosell [público] la que le propuso el cambio”, recuerda José Andrés Torres, cuñado de Espallardo. “Le dijo que la operarían mucho antes. Margarita no se encontraba bien y llevaba más de cuatro meses esperando, así que aceptó. Lo hemos lamentado cada día, sobre todo los niños, que se quedaron sin madre con solo 10 y 12 años”, añade.

Los médicos del Santa María del Rosell habían encontrado unos nódulos —que finalmente resultaron ser benignos— en la glándula tiroides de Espallardo y en enero de 2010 le indicaron su extirpación, según los informes médicos consultados. Tras ser derivada, la mujer fue visitada por el servicio de anestesiología, en cuyo informe constan “complicaciones anestésicas: dificultad intubación”. El consentimiento informado recoge un mensaje similar: “posible intubación dificultosa—traqueotomía de urgencias”.

Martín Bueno explica que “el peligro en estos casos es que, tras la anestesia, los médicos no puedan intubar al paciente, porque este ya no es capaz de respirar por sí mismo”. “Por ello la medicina prevé varias medidas alternativas de precaución, ninguna de las cuales se adoptaron en este caso”, añade el abogado.

La historia clínica recoge que a las 17.45 del 26 de abril, al entrar en quirófano, Espallardo, presentaba una saturación de oxígeno en sangre normal (98%). A las 17.50, los anestesistas la durmieron, tras lo cual trataron sin éxito de intubarla repetidas veces durante 25 angustiosos minutos. A las 18.05, la saturación se había desplomado hasta el 70% (por debajo del 90% el organismo ya no recibe todo el oxígeno que necesita). Y a las 18.15, hasta el 50%.

Los anestesistas lograron normalizar instantes más tarde la oxigenación con una traqueotomía, una perforación en la parte delantera del cuello por la que se hace llegar el aire a los pulmones. Finalmente, a las 18.30 tiroides fue extirpada.

Espallardo fue trasladada al día siguiente, aun sedada, a la UCI de su hospital de origen, el Santa María de Rosell. Al retirarle los fármacos, los médicos le vieron abrir los ojos, pero ya “sin dirigir la mirada ni responder a estímulos externos”. Desde entonces, la mujer no ha recuperado ninguna de sus funciones vitales y vive postrada en una cama de una residencia de Cartagena.

La gestión de las listas de espera y las derivaciones para reducirlas ha sido un tema recurrente en la Región de Murcia en los últimos años. Un debate que se recrudeció el pasado mes de marzo con la muerte de un joven de 29 años operado en una clínica privada por un quiste en el pie.

“Es necesario reforzar los equipos en los hospitales públicos”, explica la portavoz de sanidad por el PSOE en la Asamblea regional, Consuelo Cano. “El objetivo es alcanzar el 75% de ocupación de los quirófanos. El Gobierno del PP ha hecho promesas de llegar incluso al 80%, pero lo cierto es que en muchos hospitales no se llega ni al 60%”, lamenta. Para María Ángeles García portavoz de Podemos, “el gran problema de la gestión de las listas de espera en Murcia es la opacidad: no existe un registro único y público”. “Las derivaciones siguen teniendo mucho de discrecional. No sabes cuándo te van a operar ni las alternativas que tienes. Todo depende del equipo médico que tengas y lo que este quiera hacer. Así, el paciente pierde toda la autonomía para tomar una decisión”, denuncia García.

La Consejería de Sanidad defiende que “solo son derivados los procedimientos menos complejos, siempre según criterio médico”. “El 74% de las intervenciones se hacen en hospitales públicos, el 17% en privados pero por médicos públicos y solo el 9% se hace en clínicas privadas con su personal”, añade Sanidad, que declina informar sobre el caso de Espallardo al estar “judicializado”. El Hospital de Molina, por su parte, se ha limitado a precisar que “la demanda fue presentada contra los anestesistas, no contra el hospital”. La aseguradora de los facultativos, que ha recurrido la sentencia, no ha querido hablar con este diario.

El Hospital de Molina es un centro sin parangón en el Servicio Murciano de Salud. A diferencia de las clínicas concertadas (privadas), está integrado en la red pública a todos los efectos. Es propiedad municipal, aunque su gestión está en manos de la empresa privada Terapias Médicas Domiciliarias, S.L. Según un portavoz, el 75% de la actividad es pública y el resto privada.