“En España, la formación de los directores de escuela es casi nula”
La investigadora alerta de que en España el uso político de la educación es "muy pronunciado" y urge a invertir en liderazgo en los colegios
Beatriz Pont (Madrid, 1966), analista de políticas educativas de la OCDE, dedica su tiempo a tratar de resolver dos cuestiones: la desigualdad en los colegios y la modernización de las aulas. Tras 20 años trabajando con responsables de ministerios de educación de diferentes países, cree que las grandes reformas educativas suelen quedar en "papel mojado" y que deben ser los directores de escuela los que revolucionen el sistema.
Pont, que dio el salto a la OCDE en su sede de París tras trabajar durante seis años en el Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno español, alerta de que el uso político que se hace de la educación es "muy pronunciado" y lamenta que cada legislatura con un nuevo partido en el poder va acompañada de una nueva ley. Pont, que participó la semana pasada en un evento sobre el futuro de la educación organizado por la Cumbre Mundial de la Innovación Educativa (WISE, por sus siglas en inglés), -una iniciativa de la Qatar Foundation-, contestó a las preguntas de EL PAÍS.
Pregunta. En España parece que no es posible el pacto educativo. Ante tanto cambio normativo, ¿cómo puede modernizarse la escuela?
Respuesta. España está en la media en los resultados de las pruebas PISA (en el informe de 2015, obtuvo 493 puntos sobre los 500 de media de los países de la OCDE). Es el reflejo de la inversión y el valor que se la da a la educación. El tema del liderazgo en los centros está abandonado y la formación de los directores de escuela es prácticamente nula. No se invierte lo suficiente y cuando se hace es para que los directores hagan lo que quiere el Ministerio de Educación, hay una tensión entre lo que se les pide y lo que deberían hacer. El incentivo que tienen los profesores para asumir ese rol es cero, es un trabajo temporal que a los tres o cuatro años termina. Primero lideran a sus colegas y luego tienen que volver a su puesto de docente. Nunca van a tomar decisiones en su contra.
P. ¿Qué fórmula de otros países cree que es más acertada?
R. Nuestra propuesta (Pont lideró el proyecto Improving School Leadership de la OCDE en 2008, en el que participaron 22 países) es que se profesionalice esa figura. No puede ser un docente más al que endosan el trabajo de dirección. Por eso, en España nadie quiere serlo. Se le está pidiendo hacer unas tareas para las que no está preparado: liderar un equipo de docentes, buscar financiación o arreglar las infraestructuras del centro. Además, la diferencia salarial es mínima para el esfuerzo que requiere (según datos del sindicato CC OO, puede ser de hasta 900 euros y varía en cada autonomía).
P. ¿Cualquier profesor tiene las cualidades para ser director?
R. En muchos países, como Canadá, hay comisiones de evaluación, los llamados school boards, que se encargan de la selección. Están integrados por expertos en educación y siguen unos estándares. En algunos países también participan las familias, pero creo que es un error, deben ser profesionales. En Noruega, están los school owners, que son departamentos específicos dentro de los gobiernos locales.
En España hay un uso político de la educación muy pronunciado. Con cada Gobierno, entra una nueva ley
P. Una de las críticas a la Lomce (actual ley educativa aprobada por el PP en 2013) es precisamente que da más poder a la Administración para la elección de los directores de centro. Las voces críticas piden más protagonismo para el consejo escolar.
R. Tiene que ser una selección profesionalizada, con unos criterios claros. Uno de los problemas en España es que el director debe ser de esa escuela, eso mata la movilidad. No pueden salir nunca de su centro.
P. Se habla de dar mayor autonomía a los colegios y también de evaluar más al profesorado, ¿es compatible?
R. En Estados Unidos, por ejemplo, ha quedado demostrado que empezar por la evaluación es negativo. Su modelo se ha convertido en un teaching to the test (en español, enseñar para aprobar), donde en función de las notas de los alumnos se hacen rankings de centros. La autonomía tiene que ir acompañada de recursos, no funciona sin inversión en formación. Diferentes estudios sobre la autonomía en países en vías de desarrollo muestran que no se obtienen mejores resultados porque no tienen capacidad para gestionarla. El éxito depende de la madurez del sistema y la capacidad de sus docentes.
P. En el nuevo proyecto de ley de educación presentado por el PSOE, apenas hay reformas curriculares sobre los contenidos que se deben enseñar.
R. En España hay un uso político de la educación muy pronunciado. Con cada Gobierno, entra una nueva ley. Hay un problema con la gestión educativa. Las escuelas lo están haciendo a su manera, son ellas las que están avanzando, y las autonomías también. Si queremos que haya un verdadero cambio, tiene que ser a través de los equipos directivos. Son ellos los que van a revolucionar las escuelas. Ya lo están haciendo.
El liderazgo en los centros está abandonado y la formación de los directores de escuela es prácticamente nula
P. En los últimos años, la Comisión Europea ha instado a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—. ¿Cómo se puede atajar el problema?
R. Cuando hay libre elección de centro se genera mayor segregación porque las familias con más información eligen mejor y tienen unas prioridades distintas a las del resto. La equidad tiene que contar más en los criterios de admisión de los centros. Nuestra recomendación para España es que introduzca criterios que den más peso al nivel socioeconómico de los alumnos. Un buen sistema educativo tiene que garantizar que cualquier escuela a la que vayas sea de calidad. Eso es lo que ha logrado Finlandia, que el colegio que está al lado de tu casa sea igual de bueno que el que está a 28 kilómetros. La escuela tiene que reflejar la realidad de la sociedad.
P. Entre los países que han introducido cambios, ¿hay alguna iniciativa que haya obtenido buenos resultados?
R. En Chile, por ejemplo, la desigualdad entre centros es más pronunciada. El dinero público sigue a los alumnos y se da más puntos a los más desfavorecidos. Los centros que admiten a más estudiantes con ese perfil reciben más dinero, y esa es la forma de hacer a esos chicos más atractivos. Es un incentivo para que acepten a los niños de las familias más humildes. Los colegios quieren más recursos para, entre otras cosas, contratar a más docentes. Ha funcionado y ha cambiado bastante el panorama.
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