“Fue muy duro. No tuve posibilidad de decir no quiero”

“El Estado me falló de muchas formas”, dice Fátima. No es su nombre real, pero es el que ha adoptado esta mujer guatemalteca de 22 años para denunciar su doble calvario. Comenzó cuando tenía apenas 12 y tuvo que enfrentarse a la maternidad tras ser violada por un hombre cercano a su familia, que era, además, el director de un programa federal de apoyo a la niñez. “Fue muy duro. Yo no había pedido eso y no tuve posibilidad de decir ‘no quiero”. Nueve años y medio después, sin haber obtenido justicia en Guatemala, lleva su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en representación de miles de niñas que atraviesan su misma situación cada año en el país.

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La pesadilla de Fátima empezó con la muerte de su padre. En ese momento su madre, a cargo de dos niñas, se acercó a buscar ayuda a la Secretaría de Bienestar Social, donde conoció al supuesto agresor. Las menores comenzaron a asistir a una de las guarderías dependientes de esa secretaría. En poco tiempo, el hombre que se había convertido en una figura de confianza para la familia abusó de las dos. El embarazo de noviembre de 2009 fue denunciado ante la justicia, que aún no ha detenido al agresor. “Él va a votar y cobra su jubilación cada mes en el banco. Si el Estado no lo detiene es porque no quiere”, dice Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), organización que ha llevado el caso.

Guatemala le negó la posibilidad de tener una vida digna, reprocha Fátima. A sus 12 años, vio cómo sus sueños se despedazaban. “Una niña al convertirse en madre debe dejar de lado todo lo que quiere ser para asumir la responsabilidad de educar a otro niño”, dice. “¿Cuál es el futuro de una menor obligada a criar a un bebé?”, se pregunta al recordar que cuando quedó embarazada no tuvo otra opción que tenerlo: “Estaba tan mal que bloqueé esa parte de mi cuerpo. Me costó aceptar que iba a ser madre de alguien y me costó aceptar a mi hijo, porque era parte de la persona que me hizo daño”.

La marea verde que recorre América Latina encuentra su resistencia más fuerte en Centroamérica. En Guatemala, el alto número de casos de violencia sexual contra niñas y el veto casi total del aborto —solo se permite si la vida de la madre corre riesgo— han llevado a 2.256 menores de 14 años a convertirse en madres en 2018. Es el rostro de un país que vio a sus candidatos presidenciales la semana pasada firmar un acuerdo en “defensa de la vida y de la familia”.

“¿Defender la vida? ¿De qué vida estamos hablando y cómo la vamos a defender?”, apunta Barrios. “Hay una naturalización de la maternidad en las niñas. Las cifras van en aumento y no hay políticas estatales para prevenirlo”. El país centroamericano, con una comunidad religiosa de gran peso, lleva meses debatiendo una ley que penaliza con más severidad el aborto, que ya comprende hasta seis años de cárcel. También prohíbe la educación sexual en los colegios y criminaliza el matrimonio igualitario. El proyecto ha despertado críticas y recomendaciones de organismos internacionales. Entre ellos, Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Casi una década después, Fátima se ha sobrepuesto. Lo ha hecho, asegura, porque ha contado con el apoyo de su madre y la organización MTM. Espera que su denuncia ante la corte de Ginebra sirva para presionar a la justicia guatemalteca. “Es una oportunidad para contribuir con mi caso y con otros que han sido ocultados y han quedado en el olvido”.