La Fiscalía investiga si hubo una infracción penal en la paralización de Madrid Central

La paralización de Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital en la que no pueden entrar los coches más contaminantes, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el equipo de José Luis Martínez-Almeida (PP). Porque la reversión de este proyecto, anunciada para al menos tres meses —una de las primeras medidas que adoptó el regidor tras ganar las elecciones— no solo ha despertado protestas en las calles y serias dudas en los juzgados, sino que también es objeto de seguimiento desde la Fiscalía General del Estado, de la que depende la sección de Medio Ambiente que dirige Antonio Vercher. La paralización del proyecto estrella de Manuela Carmena está en este momento anulada por los jueces.

El fiscal Vercher ha abierto una investigación de oficio y está controlando la calidad del aire en la zona acotada, Madrid Central, desde que el Ayuntamiento anunció la moratoria del sistema de multas. En concreto, iniciaron las mediciones el 21 de junio, dicen fuentes del ministerio público.

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La Fiscalía decidió abrir de oficio esta investigación cuando se confirmó la intención del Consistorio, gobernado por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, de suprimir las multas por incumplir el plan anticontaminación a partir del 1 de julio. La suspensión, sin embargo, duró solo cinco días (y no los tres meses que en principio preveía el equipo de gobierno) porque un juez de Madrid anuló cautelarmente la medida. Otro juez más ha adoptado la misma decisión en dos ocasiones posteriores en respuesta a sendos recursos. La Comisión Europea también ha expresado sus dudas por la insuficiencia y poca eficacia de las medidas puestas en marcha por Madrid hasta ahora para luchar contra la polución.

Técnicamente, lo que ha abierto la Fiscalía, explican fuentes del ministerio público, es un expediente gubernamental. Es decir, una investigación para aclarar si puede existir una infracción —delito o falta— y la vía —penal o contenciosa— que se debería seguir. En principio, según las fuentes consultadas, lo más lógico será que la investigación del ministerio público se incorpore a la causa abierta por los dos juzgados de Madrid que han aplicado medidas cautelares, es decir, que se siga la vía contencioso-administrativa. El Consistorio ha asegurado este viernes no tener constancia de la investigación. Y argumenta que, en todo caso, esta se habría abierto “de forma preventiva”. Porque, según dicen en el Ayuntamiento, cuando se iniciaron las pesquisas de la Fiscalía, “solo habían discurrido seis días desde la toma de posesión del nuevo gobierno”.

Paralelamente a la apertura de la investigación, el fiscal Vercher ordenó que se realizaran controles de la contaminación a través de dos estaciones de medición propias: una ubicada en un emplazamiento fijo y otra en una unidad móvil. La Guardia Civil se está encargando de la recogida de los datos desde el 21 de junio y los técnicos aún no han empezado a analizar los resultados, según ha informado este viernes Vercher a EL PAÍS. La intención de la Fiscalía al ordenar que estas mediciones comenzaran unos días antes de que el Ayuntamiento suspendiera el plan anticontaminación era poder comparar los datos con y sin Madrid Central.

Paco Segura, uno de los coordinadores de Ecologistas en Acción, aplaude que se vayan a tener más datos. Pero destaca que la guerra de informes sobre la contaminación entre el Ayuntamiento y los grupos conservacionistas no se está dando tanto por las mediciones de las estaciones sino por las interpretaciones que se hacen de esos datos.

Este es el mapa de Madrid Central

La zona de bajas emisiones de Madrid la puso en marcha el equipo de la exalcaldesa Manuela Carmena a finales de 2018 para el área más céntrica de la ciudad y fue paralizada por Martínez-Almeida al llegar al Consistorio argumentando que no funcionaba correctamente. Suspendieron las multas a los coches más contaminantes, que pudieron a partir del 1 de julio volver a entrar al centro de Madrid.

Esa paralización desató una protesta vecinal, a la que se sumó la batalla judicial. Y los recursos presentados por el PSOE, Greenpeace y Ecologistas en Acción lograron que dos juzgados madrileños dictaran medidas cautelares que anulan la moratoria del Ayuntamiento. Este mismo viernes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Madrid volvió a conceder la medida cautelar solicitada por Greenpeace. Y, con este, ya son tres los autos (firmados por dos juzgados diferentes) a favor de Madrid Central. En todos los casos, los magistrados argumentan que la protección de la salud y del medio ambiente está por encima de los fallos que supuestamente existen en el sistema de multas (el argumento principal del Consistorio para paralizar la aplicación de Madrid Central). En todo caso, son solo autos sobre medidas cautelares; todavía ningún juez se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.

“Paralizar una medida que estaba funcionando y con eso dañar la salud y el medio ambiente claro que puede ser un delito”, ha sostenido este viernes Segura. Este ecologista valora el paso dado por el fiscal y destaca que casi cada día aparecen pronunciamientos a favor de Madrid Central. “El último, del Colegio de Médicos de Madrid”, recuerda.

Advertencia de Europa

Además, fuera de España también se sigue con mucho interés lo que está ocurriendo con Madrid Central. Coincidiendo con el anuncio del Consistorio de dejar en suspenso las multas, la Comisión Europea envió un escrito al Gobierno de España instando a que Madrid y Barcelona aplicasen nuevas medidas contra la contaminación. Bruselas tiene abierto un expediente por este asunto y en las próximas semanas podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no luchar suficientemente contra la polución del aire generada, fundamentalmente, por los automóviles.

Para el ecologista Segura, el caso de Madrid Central trasciende lo local. Asegura que lo que está ocurriendo puede hacer que otras ciudades se animen y “tomen medidas similares” contra la contaminación. Y resalta que a finales de junio decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid para pedir que no se suprimiera el plan. “Salieron en defensa de las restricciones al coche; esto hace solo seis meses parecía imposible”.