Los editores rectifican sobre las presiones de las comunidades: “Son anécdotas muy lejanas”

Los editores se echan atrás y niegan ahora, tras las polémicas declaraciones del pasado jueves, presiones de los Gobiernos autonómicos para la redacción de sus libros de texto. El presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) tachó este miércoles "la mayoría" de los ejemplos compartidos con la prensa ese día en rueda de prensa como "propios de épocas muy remotas cuando se tenía que pasar la supervisión oficial".

En 2001, siendo ministra de Educación Esperanza Aguirre, se suprimió un control del manual previo a su publicación, como ocurre en la mayoría de países europeos. "Son anécdotas muy lejanas". Ese día, Moyano y sobre todo Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), desgranaron ejemplos, como el uso de los mosaicos de la Alhambra para explicar la geometría o los intentos canarios de no dedicar tiempo a la enseñanza de los ríos casi inexistentes en las islas o los de los catalanes de no citar a los Reyes Católicos.

Moyano aseguró que las verdaderas presiones existen en el plano jurídico, porque en los últimos tres años se han hecho 450 normas que complican su labor al obligar a multiplicar las ediciones. El volumen de títulos se ha disparado en la última década: de 23.409 en el curso 2008-2009 (cuando aún no había ediciones digitales) a los 51.530 en este 2019-2020. Moyano subrayó el coste económico para los sellos y la falta de tiempo para innovar en la enseñanza.

Moyano hizo estas declaraciones tras entrevistarse con la ministra Isabel Celaá, que convocó a los editores el pasado viernes tras los comentarios del propio Moyano y Ávila, quien llegó a hablar de "mecanismos bastardos" para presionar a los sellos. "Todo ha quedado aclarado, y como también esperábamos, nos han confirmado que no hay ninguna denuncia por adoctrinamiento", resumió el encuentro Celaá. Su contenido es responsabilidad del editor, "hay libertad de empresa", que debe responder ante la Inspección Educativa de la autonomía si se detecta una anomalía. "No cabe el adoctrinamiento si no hay autorización oficial previa para editar un libro", dijo, y recordó que "es un delito tipificado en el Código Penal" y, por tanto, habría que denunciarse de existir.

La ministra se comprometió con los editores a simplificar el currículum si sale adelante su ley de educación. "Es algo que interesa a todas las fuerzas políticas", dijo. Los empresarios se quejan de la dispersión provocada por la LOMCE (Ley Orgánica por la Mejora Educativa, 2013) que ha dividido el temario en un sinfín de asignaturas. Celaá está dispuesta a volver al modelo que funcionaba desde 1990, en el que el Gobierno diseña el 65% del currículum (55% en las regiones con lengua oficial) y el resto las regiones. Ahora, con la LOMCE hay una gran disparidad de materias y mientras las troncales las diseña el Ministerio, las de libre disposición son perfiladas por las autonomías.

Los editores denunciaron también ante Celaá la disparidad en las ayudas a la compra de libros de texto con 17 sistemas de aplicación distintos. Tras la rueda de prensa del jueves, el ministerio, visiblemente molesto, afirmó por escrito que no le "constaban" presiones políticas y remarcó: "Si los editores consideran que se trata de prácticas punibles, deberían realizar las acciones formales correspondientes". Al día siguiente, Celaá convocó a los editores a un encuentro que ambas partes calificaron de "cordial y amigable".