La mitad de las resoluciones de Transparencia no se cumplen
Los Gobiernos de Rajoy y Sánchez han recurrido a los tribunales, o directamente ignorado, 166 dictámenes de este organismo
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ejerce en cierto modo como un juez que dirime si un documento o una información debe ser pública o no. Desde su creación, a finales de 2014, ha emitido 327 resoluciones sobre conflictos en los que un ciudadano hace una solicitud a un ministerio o una empresa pública y estos rehúsan atenderla. De ellas, la mitad no se han cumplido, bien porque los organismos de la Administración las recurren en los tribunales, como ha ocurrido con el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia, bien porque simplemente las ignoran.
El Consejo de Transparencia no tiene poder sancionador. Solo puede instar el cumplimiento de sus decisiones y cuando un Ejecutivo opta por no hacerle caso tiene las manos atadas. La única actuación que puede llevar a cabo es defender su postura en los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo. Eso cuando el ministerio en cuestión recurre. Cuando directamente le ignora, su último recurso es mandar una reiteración.
Resoluciones de Transparencia
De la Administración General del Estado.
Desde su creación en 2015 hasta
el 30 de septiembre.
TOTAL: 327
No cumplidas
Cumplidas
161
166
5 en tramitación
87
Ignoradas
Recurso
contencioso
administrativo
79
Fuente: elaboración propia
EL PAÍS
Resoluciones de Transparencia
De la Administración General del Estado.
Desde su creación en 2015 hasta
el 30 de septiembre.
TOTAL: 327
No cumplidas
Cumplidas
161
166
5 en tramitación
Ignoradas
87
Recurso
contencioso
administrativo
79
Fuente: elaboración propia
EL PAÍS
Resoluciones de Transparencia
De la Administración General del Estado.
Desde su creación en 2015 hasta el 30 de septiembre.
TOTAL: 327
No cumplidas
Cumplidas
161
166
5 en tramitación
87
Ignoradas
Recurso
contencioso
administrativo
79
Fuente: elaboración propia
EL PAÍS
De las 166 resoluciones que no constan como cumplidas en las estadísticas de Transparencia a 30 de septiembre, más de la mitad (87) han sido ignoradas por la Administración. Aparecen bajo el epígrafe “no consta cumplimiento”. Contra las otras 79 los departamentos gubernamentales o empresas públicas han presentado recurso en los tribunales.
Interior incumple más
El Ministerio del Interior es el organismo de la Administración General del Estado con más resoluciones de Transparencia que le instan a dar información que han quedado sin cumplir. Son 30. De ellas, solo en tres casos Interior ha recurrido a los tribunales para defender su postura frente a los argumentos del Consejo. En 27 de ellas ha hecho caso omiso. La información que pedían los ciudadanos iba desde la publicidad institucional hasta datos sobre menores inmigrantes rescatados pasando por saber con quién se reúnen los altos cargos.
Tras Interior, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda ocupan el segundo lugar en resoluciones incumplidas, con 17. En este caso, todas ellas han sido contestadas en los tribunales. El Ministerio de Defensa acumula 12 resoluciones sin cumplir desde la creación del Consejo de Transparencia. Ocurre como con Interior: la mayoría han sido ignoradas sin más. Aquí se encuentran peticiones de información sobre el uso del helicóptero en viajes oficiales de los presidentes del Gobierno y sobre el coste de celebración de los Consejos de Ministros fuera de La Moncloa.
Órgano especializado
"Aunque legal, resulta bastante patológico que el 75% de los recursos contra resoluciones del Consejo no provenga de ciudadanos sino de la propia Administración", opina Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla experto en transparencia. "Parece que sería deseable que si la ley crea un órgano independiente especializado, la Administración confíe en el acierto de sus decisiones", añade.
Guichot recuerda que, además el CTBG no tiene un servicio jurídico propio, ni abogados del Estado asignados con autonomía funcional que puedan defender al organismo frente a los abogados del Estado que defienden en estos casos a la Administración. En el caso de las inmatriculaciones, el Consejo deberá pagar de su exiguo presupuesto representación legal externa. "Del incremento progresivo de la litigiosidad resulta que todos los ciudadanos pagamos a los abogados del Estado que utiliza la propia Administración para litigar contra el Consejo contra las resoluciones que le obligan a dar información, mientras que el Consejo, con un presupuesto que sufrió un recorte, no tiene medios humanos ni materiales para garantizar su defensa de forma solvente, lo que le lleva, en algunos casos, a tener que seleccionar qué decisiones judiciales en su contra recurre y cuáles no", asegura.
Esperanza Zambrano, subdirectora de Reclamaciones del Consejo de Transparencia, asegura que "los datos hablan por sí solos". "Lamentamos que la litigiosidad frente a resoluciones del CTBG, después de cinco años de entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la consolidación de los criterios del Consejo, no haya disminuido", concluye.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
