Asesinados dos indígenas en una reserva ecológica de Brasil
La defensa del medio ambiente costó en 2018 la vida a 164 activistas en todo el mundo, más de la mitad en Latinoamérica
Dos indígenas brasileños de la etnia Guajajara fueron asesinados este sábado a tiros cuando circulaban en moto por una carretera que cruza la reserva ecológica de Cana Brava en el Estado de Maranhão. Otros dos resultaron heridos por balas disparadas por los ocupantes de un coche. Se desconocen los motivos. El ataque se produce un mes después de que otro indígena, un activista ambiental perteneciente a un grupo de voluntarios autóctonos conocido como los guardianes de la tierra Arariboia, fuera asesinado en la misma zona en enfrentamiento con madereros ilegales en el que también murió uno de ellos. Aunque la crisis ambiental esté en el centro del debate político mundial, estos asesinatos reflejan el enorme peligro que supone combatir sobre el terreno las innumerables actividades ilícitas que amenazan la Amazonia brasileña y a los pueblos que la habitan.
El ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, lamentó lo ocurrido, anunció el envío de un equipo de policías al municipio de Jenipapo dos Vieira, escenario del ataque, y de otro equipo de la Fundación Nacional del Indio. El ministro añadió que sopesa enviar agentes de la Fuerza Nacional a esta remota zona del nordeste del país. Pero la impunidad es grande cuando se trata de asesinatos de líderes ambientales en Brasil. De los 300 crímenes ocurridos en la última década, solo 14 fueron juzgados, según un recuento difundido por Human Rights Watch en septiembre.
40 días después de que fuera asesinado el guardián de la Tierra Arariboia —una isla verde en una zona deforestada—, la investigación policial prosigue sin que se hayan difundido novedades. Tres de los miembros de este grupo de voluntarios que patrulla en moto una reserva que es casi como España fueron evacuados de la zona por las autoridades, que los incluyeron en un programa de protección de testigos. Entre ellos está Olimpio Guajajara, que sobrevivió a aquel ataque y al que EL PAÍS había entrevistado en agosto. “Hasta ahora ninguno de los tipos que cometió ese crimen contra mi pueblo está todavía en al cárcel”, se quejaba Guajajara en una entrevista publicada por el diario Folha de S.Paulo horas antes del último ataque. Otro de los indígenas activistas protegidos, Áureo, lamentó la impunidad con la que actúan los agresores: “Como nosotros estamos fuera, ellos están haciendo lo que quieren. Hemos recibido información de que uno de los implicados en la emboscada (de noviembre) anduvo por las aldeas recogiendo información”.
Precisamente esta semana un tribunal de Honduras dictó sentencia en uno de los casos de defensores ambientales más emblemáticos en los últimos años, el de Berta Cáceres, asesinada en 2016. Ocho hombres fueron condenados a entre 30 y 50 años de prisión por matar a la veterana activista indígena que organizó la oposición al proyecto de construir una gran hidroeléctrica en las tierras de su tribu, los Lenca. Su familia aún exige que los autores intelectuales del crimen sean perseguidos. Es probable que el caso acabara en un juzgado gracias a la enorme atención mediática que recibió en el extranjero.
El asesinato de líderes medioambientales se ha convertido en una práctica frecuente para amedrentarlos y proteger intereses económicos de grandes empresas. Según la ONG Global Witness, 164 fueron asesinados en 2018 en todo el mundo, más de la mitad en América Latina.
Sonia Guajajajara, líder indígena brasileña y del mismo grupo que los tres últimos asesinados —los aborígenes toman el nombre de su tierra— condenó el crimen desde Madrid, donde participa en la Cumbre del Clima de la ONU para denunciar la política del presidente Jair Bolsonaro respecto al medio ambiente y los pueblos autóctonos. “Dos parientes más de los Guajajara fueron asesinados hoy en Maranhão. ¡No más víctimas, no queremos mártires, queremos voces vivas! Toda solidaridad con los familiares de la tierra indígena Cana Brava ", tuiteó el sábado la coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Brasil, percibido como uno de los villanos ambientales del momento, ha enviado una delegación a la COP25 de Madrid, encabezada por el ministro de Medio Ambientel, Ricardo Salles, que sostuvo en una entrevista con este diario que “sin resolver la pobreza, no habrá preocupación por el medio ambiente”. Brasil busca fondos internacionales para preservar la mayor selva tropical del mundo.
Bolsonaro fue elegido el año pasado con la promesa de no ampliar las reservas indígenas y de autorizar la explotación minera en ellas. Su discurso permisivo con la deforestación y la explotación de la riqueza natural amazónica es visto por expertos ambientalistas como un factor determinante en el aumento de la deforestación y los incendios este año. La Amazonia perdió en el último año, de agosto de 2018 a julio de 2019, casi 10.000 kilómetros de vegetación, un 30% más que el año anterior, lo que supone un récord en una década.
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