Argentina aprueba un protocolo para garantizar los abortos no punibles

En 2018, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó legalizar el aborto, pero el Senado lo rechazó. No se sabe aún si los nuevos legisladores han cambiado el equilibrio de fuerzas que permita modificar la ley actual, pero sí que lo ha hecho el Gobierno: Mauricio Macri se oponía a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, Alberto Fernández está a favor. Como primer paso, el nuevo Ejecutivo ha publicado un protocolo para que el sistema de salud garantice que las personas gestantes que tienen derecho a abortar -por haber sido violadas o tener un embarazo que pone en riesgo su salud- puedan hacerlo en el plazo de diez días.

Esas dos excepciones al delito del aborto, castigado con hasta cuatro años de cárcel para quienes interrumpen su embarazo, están contempladas en el código penal argentino desde 1921. La interpretación legal de ambos supuestos ha ido ampliándose con el paso del tiempo, pero muchos profesionales sanitarios que querían brindar esa atención tenían dudas y temores que quedan ahora resueltos con esta herramienta técnica. 

El nuevo protocolo, que actualiza el de 2015, establece que toda niña o adolescente menor de 15 años tiene derecho a abortar legalmente por "los riesgos físicos y emocionales asociados al embarazo". Las mayores de esa edad pueden hacerlo también si los médicos consideran que el embarazo pone en riesgo "de afectación su bienestar físico, mental o social" y tiene en cuenta la vulnerabilidad social de aquellas gestantes que son víctimas de violencia de género o que tienen limitada su autonomía.

En los casos de violación, tal y como sentenció la Corte Suprema, no es necesaria una resolución judicial sino que basta con una declaración jurada de la víctima. Los médicos que no estén de acuerdo podrán declararse objetores de conciencia y abstenerse, pero las instituciones tendrán que garantizar la práctica de la interrupción del embarazo en un plazo de 10 días desde que se solicita.

La publicación del protocolo en el Boletín Oficial fue anticipada el jueves por el nuevo ministro de Salud, el veterano médico y político Ginés García González. "Primero que nada vamos a empezar porque se apliquen las leyes vigentes", sostuvo el ministro en su primera rueda de prensa. "En salud sexual reproductiva y educación sexual todas leyes están en un bajo nivel de aplicación", agregó. En el último año, casos como el de Lucía, una niña de 11 años violada por su abuelastro en Tucumán (norte), u otro similar con una niña de 12 en Jujuy (norte), pusieron en evidencia que la interrupción del embarazo en los supuestos contemplados por la ley no está garantizada.

Desigualdades territoriales

Argentina es un país federal que tiene las competencias de salud transferidas a las provincias. Por ese motivo, cada una de ellas puede elegir entre adherir al protocolo nacional sobre interrupción legal del embarazo (ILE) o crear uno propio, lo que acentúa las diferencias. Tucumán está entre las siete que no tienen guía de actuación propia ni nacional y el año pasado su Legislatura declaró "pro vida" a la provincia. Los médicos que intervinieron en el caso de Lucía fueron después denunciados por presunto homicidio por abogados antiabortistas.

El texto publicado este viernes refleja el gran cambio en el Gobierno argentino sobre el aborto. El anterior secretario de Salud (el macrismo eliminó el Ministerio y lo disminuyó de rango), Adolfo Rubinstein, publicó un protocolo similar a tres semanas de dejar el cargo, pero Macri lo derogó en 48 horas. La decisión motivó la salida anticipada de Rubinstein, que ha salido ahora a respaldar la medida de su sucesor.

El feminismo argentino ha tomado las calles de Buenos Aires en los últimos años para exigir aborto legal, seguro y gratuito, pero sectores conservadores han protestado también de forma masiva para expresar su rechazo. La división de la sociedad se replicó en las dos Cámaras legislativas durante el debate de 2018.

Alberto Fernández ha prometido que enviará al Congreso "lo antes posible" un nuevo proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas de gestación, sin importar la causa. García González confirmó el jueves que existe la voluntad de reabrir el debate legislativo, pero no ha fijado una fecha. "El debate que se desarrolló terminó siendo un combate con características electorales. Mi tema lo dije siempre el primer día: hay 30 muertes evitables por año y casi 50.000 internaciones, muchas de las cuales son evitables", declaró.