Ley contra la violencia de género: 15 años de una norma pionera y ejemplar

España tomó una decisión valiente hace 15 años con la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha resultado ser un ejemplo para muchos otros Estados del mundo. Nuestra sociedad soportaba no solo la desigualdad entre hombres y mujeres, sino también la peor cara de esta, la de la violencia contra las mujeres en diferentes grados y niveles hasta llegar a lo más terrible, los asesinatos. Años antes, el caso de Ana Orantes, quemada viva por su marido tras denunciar en televisión la violencia que sufrió durante más de 40 años, había conmocionado a la sociedad española, abriendo una puerta cuyo umbral no ha vuelto a cruzarse en sentido contrario.

La violencia de género no pertenece al ámbito privado. Nunca antes se había constatado con tanta contundencia que "lo personal es político", como decía Simone de Beauvoir. Desde el feminismo siempre hemos defendido que hay espacios donde la democracia tiene que entrar para garantizar la integridad física, moral y la posibilidad de desarrollar con plenitud los derechos y libertades de las mujeres.

Ha sido el feminismo, con sus raíces ilustradas, quien ha venido planteando los conceptos y los logros con los que hoy podemos nutrir cualquier discurso de esta naturaleza. Ha sido la sociedad española la que ha sostenido con determinación el avance y la construcción de nuestra democracia en un afán constante de mejora. Han sido las mujeres de este país, acompañadas de la inmensa mayoría de hombres que están al margen de ser violentos, al margen de ser potenciales delincuentes, al margen de no poder entender ya otro tipo de relaciones que no se basen en el respeto, en la libertad y en la igualdad.

La implacable lucha del movimiento feminista, el impulso del Partido Socialista y el consenso que situaba el marco desde el que abordar esta violencia estructural y específica se plasmaron en una ley pionera que suscitó un gran acuerdo sobre el concepto de violencia de género y que contribuyó a modificar marcos sociales y políticos para enfrentarnos a ella.

Una ley ejemplar cuya fortaleza, apuntalada por la unanimidad con la que fue adoptada en el Congreso de los Diputados aquel 22 de diciembre de 2004, supuso un gesto de madurez democrática y de valentía política, no solo del partido que la impulsó, sino de todos y cada uno de los que votaron aquel día. Fuimos capaces de incorporar a otras posiciones ideológicas distintas de la del Gobierno que la hizo nacer, y eso es un activo fundamental para nuestra propia democracia.

Aquel consenso se vio reflejado en 2017 en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hemos seguido manteniendo la unidad de acción y la unanimidad de comprensión. Además, hemos integrado las obligaciones contraídas en el Convenio de Estambul, abordando la violencia contra las mujeres también fuera del contexto de la pareja o expareja. Este pacto significó algo más profundo todavía: la decisión de no hacer partidismo en una lucha que tiene que ser de todos, firme y común.

Somos conscientes del margen de mejora y de que hay que seguir trabajando contra una violencia que se ha cobrado la vida de más de 1.000 mujeres desde que existen datos oficiales en 2003 y de 34 menores desde 2013.

Sin igualdad no hay democracia. Y frente a quienes quieren debilitar el consenso que se ha venido trazando durante 15 años en este país y que ha significado la ejemplaridad no solo de la ley, de las instituciones y Administraciones públicas, de nuestros tribunales, sino también de una sociedad como la nuestra, afirmamos con contundencia que no podrán romper las grandes mayorías que hemos sido capaces de construir. La lucha por la igualdad desde la perspectiva constitucional y democrática debe de ser una prioridad y una cuestión de Estado. Por eso, es tan importante hacer este recordatorio, volvernos a mirar como sociedad para saber de dónde venimos, porque es la única manera de saber también no solo a dónde vamos sino sobre todo a dónde queremos ir.

Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones.