La comisionada de atención a víctimas en México renuncia por los recortes

La dirección de la comisión mexicana de atención a víctimas ha quedado vacante, después de la renuncia de Mara Gómez Pérez este martes. Gómez llevaba apenas seis meses al frente del organismo. Su salida responde a una falta de sintonía con las propias víctimas, pero también al drástico recorte que enfrenta este año el presupuesto.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha sido la última dependencia gubernamental en señalar que los recortes que ha ordenado el presidente, Andrés Manuel López Obrador, resultan inasumibles. Hace dos semanas le tocó al Instituto de Antropología, órgano rector del patrimonio cultural del país. Antes fueron universidades como el Centro de Investigación y Docencia Económica y centros de investigación dependientes del estado.

Son los efectos de la orden de reducir en un 75% los gastos de operación, decretada por López Obrador en abril. Es dinero que se usa principalmente en sueldos, contratación de servicios y compra de materiales. En el caso de la CEAV, que maneja anualmente un presupuesto de unos 800 millones de pesos –40 millones de dólares–, el recorte sería de 192 millones. Una persona que trabajó en el área jurídica de la comisión hasta hace unos meses, explica: “Con ese recorte no se puede operar. Porque además mucha gente llegó nueva, con Mara, y no ha aprendido a trabajar ahí. En el tiempo en que estuve ahí éramos 600 empleados y no dábamos abasto”.

En su carta de renuncia dada a conocer este miércoles, Gómez Pérez señala que la vocación humanista del organismo se pervirtió para dar paso a una visión centrada en el reparto de recursos económicos en perjuicio de las víctimas. “En un país con altos niveles de impunidad, la CEAV se convirtió en un negocio para algunos abogados particulares que, indiferentes ante el dolor, se acercaron a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y a otras víctimas para litigar contra la CEAV y así obtener honorarios millonarios de hasta el 60% de las compensaciones entregadas”.

En la misiva, la exfuncionaria advierte de que el organismo fue creado de manera “improvisada” y opera actualmente en medio de una “enorme vulnerabilidad”. La discrecionalidad en el manejo de recursos, la irregularidad en la contratación de más de la mitad de su personal y la falta de inmuebles propios son algunos de los problemas estructurales que enfatiza Gómez Pérez en su carta de despedida. “No se puede transformar una institución y atender eficazmente las responsabilidades que le competen, si no se cuenta con el apoyo necesario, tanto económico como institucional”, zanja.

La salida de Gómez Pérez es la tercera de una mujer en pocos días de puestos importantes del Gobierno. Esta semana renunciaron la directora del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise, y la subsecretaria de Integración y Desarrollo de Salud, Asa Cristina Laurell. Maccise salió después de una polémica por un foro que había organizado Conapred, el instituto estatal que lucha contra la discriminación. Era un foro sobre racismo, al que iba a asistir como invitado el comediante Chumel Torres, tan famoso como criticado en México por la pertinencia de sus bromas. El cartel del foro generó revuelo. La esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, lo criticó en Twitter y Conapred finalmente lo canceló. Luego Maccise renunció.

En el caso de Asa Cristina Laurell, el motivo al parecer fue que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pretende suprimir su puesto. Laurell fue secretaria de Salud de Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la capital.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, lamentaba la salida de las tres: “Es triste ver que hoy renunciaron tres mujeres involucradas en temas esenciales: salud, discriminación y víctimas. Las tres por las mismas causas: falta de presupuesto, de apoyo y de compromiso. Más allá de las personas, debemos preguntarnos por el fondo del asunto”.

La oficina de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, asegura que la salida de Gómez Pérez de la CEAV, es un tema sobre todo de problemas en la relación con las víctimas. Una persona cercana a Encinas dice: “Ya se aclaró que el recorte del decreto no afecta áreas de derechos humanos, pero la verdad es que desde que [Pérez Gómez] entró nunca hubo muy buena relación con los colectivos (...) Además, salió a denunciar lo del recorte y todo lo que afectaba, sin avisar”.

El mismo Encinas envió una carta hace unos días al Senado, para trasladar la petición de familiares de víctimas de la violencia en el país, de destituir a Pérez Gómez.

Semanas antes de la carta, la CEAV había divulgado un comunicado en el que informaba que el recorte del 75% de los gastos operativos frenaría “sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, ya que dos terceras partes de los trabajadores son eventuales o contratados como externos mediante outsourcing.

La CEAV dedicó el año pasado 430 millones de pesos de su presupuesto –21 millones de dólares, más de la mitad del total– al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, dinero dedicado directamente a las víctimas, en concepto de ayudas para renta, comida, desplazamientos, apoyo legal, etcétera. Con la salida de Pérez Gómez y la disminución del gasto operativo, la comisión podría ser inoperante. Su absorción por una dependencia mayor, caso de Gobernación, sería su única salida.