El Parlamento rechaza la enmienda a la totalidad de Vox a la ley de cambio climático

La ley de cambio climático y transición energética ha superado su primer escollo: la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que pedía la devolución del texto al Gobierno sin plantear ninguno alternativo. La norma continuará así su tramitación parlamentaria. El grupo de ultraderecha ha admitido en el debate parlamentario que “el calentamiento global existe, es evidente”, pero advirtiendo de que “numerosos científicos han indicado que no existen evidencias empíricas sobre el cambio climático antropogénico, es decir causado por el hombre”. Una afirmación negacionista que ha rechazado el resto de los grupos políticos. Solo Foro Asturias ha respaldado la posición de Vox. Su portavoz, Isidro Martínez Oblanca, considera que este gobierno “socialcomunista” está destruyendo puestos de trabajo sin ofrecer ninguna alternativa innovadora.

Vox había argumentado en su enmienda que la consecución de los objetivos del proyecto “requerirá de un intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica y un incremento brutal del gasto público”. Esto podría tener “efectos adversos para la inversión, el consumo, el empleo y la competitividad de la economía española”, sobre todo en el contexto de recesión debido a la covid-19. Lo que pretende el Gobierno, ha sostenido la diputada del grupo Mireia Borrás, es “imponer un cambio radical del modelo productivo para conjurar una supuesta amenaza cuya nocividad y evitabilidad resultan cuanto menos cuestionables”.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha rechazado las acusaciones de Vox y ha señalado que la norma responde a “alertas científicas y a demandas de la sociedad”. “Se confunden si piensan que es patriota rechazarla o que devolver la ley es cuestión de supervivencia nacional”, ha espetado en su intervención. La ministra ha defendido que el proyecto se orienta a evitar costes inasumibles derivados del cambio climático. Las propuestas del Gobierno “no son quimeras”, ha zanjado.

El PP se ha sumado al rechazo al discurso de Vox. El diputado Diego Gago ha advertido de que “no son tiempos para el negacionismo”. “Ustedes quieren ir solos, pero honestamente creo que se equivocan”, ha añadido. Al mismo tiempo, ha advertido al Gobierno de que plantear soluciones al cambio climático no puede significar acabar con el tejido industrial del país o poner en jaque a la industria marítimo pesquera. Partidos políticos como el PNV o el BNG se han posicionado en contra de la enmienda a la totalidad, pero recordando a la ministra que interpondrán enmiendas parciales en las que pedirán más autonomía para los ejecutivos regionales de forma que se puedan tener en cuenta las particularidades territoriales. El diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde incluso ha llegado a plantear que ni siquiera ellos [por Vox] piensan lo que dicen y que su posición es “puro postureo”.

El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de mayo, fija como gran objetivo a largo plazo lograr la neutralidad climática en 2050, lo que implica que el balance entre emisiones y lo que captan los sumideros de CO2 (como los bosques o los mares) sea cero. Para ello, las emisiones deben haber desaparecido casi por completo a mediados de siglo. Antes de alcanzar este punto, la ley prevé un escenario intermedio para dentro de una década, en 2030, que implica una reducción de al menos el 20% respecto a los niveles de 1990. Se marca como meta ese mismo año para fijar en un 35% el porcentaje de energía renovable sobre el consumo final de energía (con electricidad y transporte), que ahora está en el 20%. Un punto que solo se podrá alcanzar si el 70% de la generación eléctrica es verde. También está previsto reducir un 35% el consumo primario de energía.

El proyecto cifra la inversión necesaria en más de 200.000 millones de euros, de los que el 70% correrá a cargo de la iniciativa privada y el resto de la pública. Transformaciones que implicarán, al mismo tiempo, un aumento del empleo neto de entre 250.000 y 350.000 personas para 2030. El texto plantea que para 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros no genere CO2, el principal gas de efecto invernadero. A pesar de que estos medios de transporte son los responsables del 25% de las emisiones en la actualidad, el Gobierno no propone medidas a medio plazo. Para ello, “se adoptarán las medidas necesarias” para que los nuevos modelos de estos vehículos sean de emisiones cero en 2040, lo que supone una apuesta por los vehículos eléctricos en detrimento de los de combustión.