Los contagios de la presidenta y seis ministros evidencian el desborde de la pandemia en Bolivia

Seis ministros del Gobierno interino de Bolivia y su presidenta, Jeanine Áñez, están aislados o ingresados desde hace días por haber contraído coronavirus. Los últimos en comunicar su contagio fueron Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores, y Oscar Ortiz, ministro de Economía. Ambos lo anunciaron este lunes, mientras el país enfrenta el peor momento de la emergencia sanitaria. El sistema de salud y el funerario están desbordados y la autoridades planean intervenir o expropiar algunas clínicas y cementerios privados. Algunos analistas han calificado esta medida de “desesperada”. Con 48.187 casos y 1.807 muertos por la covid-19, la polémica sobre la fecha de las elecciones –convocadas para el 3 de septiembre– se torna más aguda.

Además de la presidenta y seis miembros de su gabinete (una tercera parte del Gobierno) también se encuentran enfermos el presidente del Banco Central, siete viceministros y una docena de parlamentarios, entre ellos la presidenta de la Asamblea, Eva Copa, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido del expresidente Evo Morales). El diputado Julio Jiménez Llanque, de este mismo partido, falleció hace una semana por la complicación de su infección.

Uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales, el expresidente Carlos Mesa, declaró que el Ejecutivo “está diezmado por el coronavirus”. Añadió que Áñez se halla bloqueada por el MAS, porque, en su opinión, el partido de Morales controla los poderes legislativo y judicial, por lo que en este momento el país “tiene dos Gobiernos” y “urge reflexionar sobre la necesidad de realizar el proceso electoral” para superar esta dualidad. El candidato vicepresidencial del oficialismo, Samuel Doria Medina, pidió, en cambio, aplazar la convocatoria. “La pandemia nos golpea como nunca antes. No podemos hacer campaña ni debatir en estas condiciones. Por la democracia, consideremos que las elecciones se realicen en una fecha posible”, escribió en su cuenta de Twitter. Esta también es la posición de otros candidatos contrarios al MAS. En cambio, el aspirante de este partido, Luis Arce, cree que la suspensión de la votación podría desencadenar una convulsión social que empeoraría la situación.

Áñez sucedió a Evo Morales, depuesto en noviembre pasado, con la misión de convocar a elecciones. Tardó en anunciar una fecha, hasta que la pandemia se interpuso, por lo que se ha mantenido en el poder hasta ahora. Al comienzo, su Gobierno transitorio adoptó enérgicas medidas de confinamiento, que mantuvieron bajas las cifras de contagios y de fallecidos. No obstante, al cabo de un tiempo, estas restricciones tuvieron que ser levantadas parcialmente, en medio de las protestas de los barrios más vulnerables que pedían volver al trabajo. La “cuarentena dinámica” en la que vive el país desde finales de mayo ha dejado las decisiones sobre el confinamiento en manos de los Gobiernos locales. Mientras la sede de Gobierno, La Paz, espera un fin de semana en aislamiento total, la ciudad oriental de Santa Cruz, la más grande del país, ha decidido autorizar la apertura de sitios de culto religioso.

Según Áñez, el Ejecutivo aprovechó el periodo de cuarentena para reforzar un sistema de salud que “se encontraba en una situación calamitosa”, según dijo la misma presidenta haciendo referencia al Gobierno de Morales. Tanto Arce como Mesa han criticado, sin embargo, la “incapacidad del Gobierno” para aprovisionar a los servicios de salud de los insumos necesarios para evitar el colapso actual. La sanidad se ha convertido en otro terreno que expresa la grave polarización que divide al país entre quienes se oponen apasionadamente al MAS y quienes desean, con no menos intensidad, su regreso al Gobierno tan pronto sea posible.

La ciudad que en este momento vive los peores efectos de la pandemia es Cochabamba, donde el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha anticipado que el Estado va a “intervenir o expropiar” una clínica y un cementerio privados para reforzar los servicios públicos. Murillo quiere hacer lo mismo en Santa Cruz de la Sierra, la metrópoli con más contagiados del país. No se sabe cuál será el procedimiento con que el Gobierno realizará estas iniciativas. Para ser completamente legales, requerirán de la aprobación de la opositora Asamblea Legislativa, que, por ahora, se encuentra cerrada.

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