Edificios ilegales que escapan a las sentencias de derribo

Urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, construida en un espacio natural protegido de la Red Natura 2000. Tras 13 años de litigios, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declaró hace unas semanas “la imposibilidad material parcial” de cumplir las sentencias de demolición y resolvió salvar de la piqueta un hotel y 185 viviendas. Edificio Piricoto en la colina de Castrelos, en Vigo. Pasados más de 25 años de su sentencia de derribo de 1994 por su impacto paisajístico, el Supremo acaba de fallar de forma definitiva que no sea derribado, validando algunos cambios en la estructura y dando por bueno el argumento de que en todo este tiempo el entorno ha cambiado y está mucho más urbanizado. Hotel Talaso Atlántico, construido hace 20 años en suelo no urbanizable en Oia (Pontevedra). A pesar de haberse dictado su demolición en 2012, este complejo turístico con balneario de agua salada sigue funcionando hoy en día con total normalidad.

Son muchos más los ejemplos que muestran lo difícil que es que caiga una construcción contraria a la ley en España para restituir el entorno a su estado anterior, aunque tenga sentencia de derribo. La justificación suele ser que esta no es una medida rápida de ejecutar por su importante coste económico, y a veces también social. En su auto del 30 de junio, el TSJEx expone que los gastos de demolición y las indemnizaciones por tirar abajo todo el complejo de la isla de Valdecañas podrían alcanzar casi 145 millones de euros, considerando los magistrados que esta cantidad supondría “un grave perjuicio económico” para el erario público. Sin embargo, según destaca Pedro Brufao, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, para evitar justamente este extremo están las medidas cautelares, que permiten detener un proyecto mientras se llega a una resolución firme. “Pero en España no se usan o cuando se usan se piden fianzas millonarias, lo que supone un obstáculo al convenio de Aarhus porque dificulta el acceso a la justicia en materia ambiental”, incide.

Como explica la abogada de la organización ecologista extremeña Adenex, María Ángeles López, tras una larga espera para recibir el expediente de las obras en la isla de Valdecañas, solicitaron medidas cautelares por primera vez al TSJ de Extremadura para detener las máquinas en 2009: petición desestimada. Después, ya con una sentencia que anulaba el decreto de construcción, y con 185 viviendas construidas, volvieron a pedir la paralización del proyecto en 2012 para frenar las edificaciones: en esta ocasión los magistrados exigieron a los ecologistas una fianza de 41 millones de euros. “No era asumible”, se queja la letrada. “Además, yo para ejecutar algo de lo que ya tengo sentencia, tengo que poner fianza, y la otra parte no tiene que poner fianza si pierde para poder llevar a cabo la demolición”.

Existe un factor determinante para explicar los retrasos interminables en el cumplimiento de las sentencias urbanísticas. Como señala el profesor de la Universidad de Extremadura, “el problema más grave ocurre cuando a quien se condena es la propia Administración y corresponde a ella ejecutar la sentencia: se hace la perezosa, pone muchísimas pegas, alega que no tiene presupuesto…”. En muchas ocasiones, esta misma Administración trata de reformar el planeamiento con efectos retroactivos para legalizar lo que antes fue ilegal. “Esto vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, destaca Brufao, “la jurisprudencia del Constitucional está ya reconociendo esta situación. En Valdecañas, por ejemplo, se declaró inconstitucional la reforma expresa de la ley del suelo de Extremadura para dar cabida a este proyecto”.

“En un mundo de buena fe y lealtad la Administración debería cumplir el fallo judicial de forma espontánea, puntual y exacta”, incide José Ramón Chaves, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una reciente publicación de Juezas y Jueces para la Democracia sobre medio ambiente que aborda la ejecución de sentencias urbanísticas. “Sin embargo, el mundo de la ejecución contencioso-administrativa gira bajo el castizo principio de resistencia y hechos consumados (sostenella y no enmendalla); en esta contumacia administrativa, el urbanismo se ofrece como más crudo ejemplo plagado de edificaciones ilegales por sentencia, que se mantienen en pie gracias a planeamientos sanadores, nulidades de actuaciones, tercerías, etcétera”, prosigue Chaves.

En un auto de diciembre de 2012, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Pontevedra advertía personalmente al alcalde de Oia de que, en caso de no cumplir con el derribo del Talaso en el plazo de un año, se le impondrían multas coercitivas de 1.500 euros o una cuantía superior hasta completar la demolición. Fue el primero de los avisos a una alcaldía por la que desde entonces han pasado Alejandro Rodríguez, del PP, la socialista Rosa María Otero y Cristina Correa, de nuevo del PP, hoy regidora. Más de siete años después, el edificio sigue ahí, indemne, y no ha habido multa alguna. A cada escrito de la juez, el Ayuntamiento ha dado una respuesta diferente que postergaba el derribo.

“Estamos tramitando un plan especial para encuadrar el hotel balneario dentro de la legalidad vigente”, comenta Correa, que incide en el perjuicio que supondría para el Ayuntamiento de Oia el derribo y las posibles indemnizaciones a la empresa a la que se dio permiso para construir: “Eso sería objeto de otro pleito, pero cualquier cantidad excede con creces lo que puede soportar un Ayuntamiento de este tamaño, tenemos un presupuesto muy pequeño”. “Puede ser la ruina, la quiebra”, destaca la alcaldesa.

Para Eulogio Abeleira, activista urbanístico detrás de la denuncia contra el Talaso y otras muchas más en Galicia, resulta un escándalo que en todos estos años no se haya impuesto ni una sola multa a la alcaldía y que el hotel balneario no haya sido precintado hace mucho tiempo. “Que un Ayuntamiento sea pobre o rico no le exime de cumplir las leyes”, destaca. “Es una vergüenza que luego multen al pobre paisano por construir sin permisos un gallinero”.

De todas las construcciones ilegales del país, posiblemente la más conocida sea el hotel El Algarrobico, la mole de una veintena de plantas levantada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, a solo 50 metros del mar, en el municipio de Carboneras (Almería). Esta construcción cuyas obras se paralizaron de forma cautelar en 2006, hace 14 años, es hoy un edificio fantasma con decenas de sentencias en contra. Paradójicamente, ninguna de ellas habla todavía de demolición. “Ya hemos pedido el derribo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, aún no tenemos fecha para el fallo de la sentencia”, comenta José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, que tiene asumido que queda un complicado camino para que este lugar vuelva a su estado anterior.

“El Algarrobico tendría que estar ya demolido, pero si la Administración no quiere puede jugar de muchas formas”, incide el letrado de los ecologistas, que asegura que hay varias cuestiones clave que Carboneras sigue demorando en el proceso necesario para anular la licencia que dio a la constructora en 2003. “El Ayuntamiento de Carboneras se está fumando un puro, hace lo que quiere”, señala el abogado. En julio de 2018 el pleno de este Consistorio dio cuenta de una resolución de la alcaldía para cumplir con dos requisitos a los que está obligado por una sentencia del TSJ de Andalucía: modificar su planeamiento urbanístico para que el suelo donde está el hotel figure como protegido en lugar de urbanizable y ampliar la servidumbre de protección de la orilla del mar hasta los 100 metros tal como marca la Ley de Costas. Pero dos años después, ninguno de estos cambios ha aparecido todavía en el Boletín Oficial de la Provincia. Desde el Ayuntamiento, responden: “Se está trabajando en la modificación de la normativa urbanística”.

Ante la extrema complejidad para deshacer lo construido una de las estrategias para sacar adelante un proyecto esquivando la ley es darse prisa en terminarlo. “Los promotores saben que si van más rápido que los tribunales no va a pasar nada, es una vulneración de los derechos de los ciudadanos”, comenta María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción en Madrid, que asegura que esto fue lo que pasó con el desdoblamiento de la carretera M-501, entre Quijorna y Navas del Rey, realizado sin el preceptivo estudio de impacto ambiental. “Nosotros pedimos suspensión cautelar y nos pidieron 500.000 euros de fianza. Mientras hacíamos una campaña de donaciones, la Comunidad de Madrid empezó a trabajar los siete días de la semana, las 24 horas, también de noche. Antes de que consiguiéramos toda la fianza, se inauguró la carretera. Cuando llega en 2011 la sentencia firme, estaba todo construido. Hemos ganado en el TSJ, en el Supremo, en el Tribunal Europeo. Hemos ganado todo lo habido y por haber. Pero ahí está la carretera. Hay que agilizar los trámites procesales, las paralizaciones cautelares”.

Aunque en una primera sentencia se planteaba la restitución de la zona afectada a su estado original, desde la Comunidad de Madrid consideran que todo estará resuelto en cuanto se terminen de aplicar las medidas previstas en la declaración de impacto formalizada a posteriori, seis años después de que terminaran las obras. “El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en auto de 29 de enero de 2016, confirmó que se consideraría ejecutada la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 15 de diciembre de 2011 que afectaba al proyecto si se adoptaran las medidas propuestas en la Declaración de Impacto Ambiental”, indican.

Con todo, sí hay casos en los que se consigue volver para atrás lo hecho. Es difícil tirar una construcción ilegal, pero no imposible. Ocurrió, por ejemplo, en el Alto del Cuco, una montaña a la que se arrancó un enorme trozo para meter 214 viviendas en 2007, en Piélagos (Cantabria). El Tribunal Supremo confirmó la sentencia de demolición en 2011 y la urbanización fue derribada en 2016. “Tú vas ahora y ves una montaña, preparada para sembrar especies autóctonas. Puede ser incluso un ejemplo modélico”, comenta Carlos García, presidente de ARCA, organización ecologista cántabra con muchas victorias en los tribunales. “La realidad es como es, lo que importa no es lo que tardes, sino que se produzca”, incide García, que asegura que “una sentencia firme de demolición ya es un elemento de disuasión”.

Antes incluso que en el Alto del Cuco, en 2009 las excavadoras también empezaron a tirar en Arnuero las casas ilegales de la playa de La Arena, una de las urbanizaciones que llevan más tiempo con sentencia de derribo: desde mayo de 1994. Todavía no se ha completado la demolición, pues este caso añade una importante complejidad: aún sigue habiendo 102 apartamentos con gente viviendo dentro. A pesar de todo, se llegó a un acuerdo para terminar de derribar la urbanización una vez se haya realojado a las familias en casas de nueva construcción en otra parte del municipio.

Ciriaco García, vicepresidente de AMA, la organización que representa a estos afectados, calcula que hay más de 400 viviendas pendientes de derribo con personas dentro en Cantabria, la mayor parte de ellas en Argoños, que asegura tiene 16 sentencias de demolición, el “récord nacional por metro cuadrado”. “Si las viviendas están mal construidas, por qué no se paró al principio, por qué se siguió”, incide el representante de AMA, siglas de Asociación de Maltratados por la Administración. “La gente iba a preguntar al Ayuntamiento y allí les decían que no había problema para comprar”.

Como subraya García, hay casas en Escalante con sentencia de derribo desde 1992, dentro de unos meses se cumplirán 28 años. “Los responsables de todo esto son el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos, pero los que pagamos la condena somos nosotros, y esto es una cadena perpetua”.