La fiscal pide 130 años para un vecino de Padrón que grabó y difundió vídeos sexuales de menores

De lunes a viernes se celebrará a puerta cerrada en los juzgados de Santiago el proceso contra un hombre acusado de compartir material pedófilo en Internet, obtenido en parte al inducir a 13 menores a realizar prácticas sexuales a través de la red. El acusado, preso desde su detención por estos hechos, había llegado a amenazar a sus víctimas, la mayoría de entre 13 y 16 años, con contar a sus padres los contactos que mantenían si no accedían a sus peticiones. La suma de delitos, algunos continuados, supuestamente cometidos con estos menores arroja una petición de condena de 130 años, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago, acordó ya en el mes de enero celebrar este juicio a puerta cerrada y sin publicidad para salvaguardar la identidad de los jóvenes, que sufren secuelas psíquicas por estos hechos.

Los hechos, según recoge el escrito de acusación del ministerio público, se produjeron entre enero del año 2013 y abril de 2016. En el operativo policial, las fuerzas del orden descubrieron que el acusado almacenaba en el ordenador de su vivienda de Padrón (A Coruña) más de 850 horas de material pedófilo. Según la fiscal del caso, el procesado compartió más de 3.500 archivos pornográficos que implicaban a menores a través de “aplicaciones P2P Ares o Giga Tribes”. Además de hacer acopio y compartir con terceros pornografía pedófila, también se le acusa de elaborar este material induciendo a estas prácticas a menores de 16 años con los que contactaba por redes sociales (Omegle, Facebook y Skype). En ocasiones se hacía pasar por una persona de su edad, una menor llamada “SM”, o utilizaba alias como “montametu” y “yomelomontotodo”.

“Valiéndose de este engaño”, relata la fiscal, “el procesado obtuvo la confianza de los menores y los indujo a que mantuviesen comportamientos de naturaleza sexual delante de la cámara web del ordenador”. Los adolescentes “accedían, en algunas ocasiones, ante el temor de que el procesado revelase a sus progenitores las actitudes mantenidas” y este “aprovechó las videollamadas para grabarlos mientras realizaban prácticas sexuales sin que estos fuesen conocedores de tal circunstancia”, recoge el escrito de acusación.

La mayoría de las víctimas (nacidas entre 1996 y 2003) de estos hechos ocurridos entre 2013 y 2016 presentan secuelas inestabilidad emocional y cuadros depresivos o de ansiedad que, según la fiscalía se han agudizado como consecuencia del proceso judicial. Además de los años de prisión por todos los delitos de utilización de menores o discapacitados con fines pedófilos, el ministerio público reclama una indemnización de 6.000 euros para cada una de las víctimas y la apertura de una pieza separada para dilucidar su responsabilidad civil.