El Gobierno convoca un Consejo de Ministros para aprobar un nuevo estado de alarma

España avanza hacia un nuevo estado de alarma. Después de que, este viernes, un reguero de comunidades autónomas fuera sumándose a la petición al Gobierno para que lo decrete, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo aprobará este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario programado para las 10.00 de la mañana.

Empezó Melilla. Y siguieron el País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra y Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. A lo largo de la tarde del viernes sus presidentes (socialistas, de Ciudadanos y nacionalistas, pero ninguno del PP) fueron reclamando a Sánchez que articule esta herramienta constitucional para imponer restricciones extraordinarias ante el avance imparable del coronavirus en casi todo el territorio nacional. El presidente ya había mostrado por la mañana, en un discurso a la ciudadanía, su disposición a tomar medidas estrictas porque, dijo, “la situación es grave” y vienen “meses muy duros”.

También el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había pedido por la mañana “apoyos amplios” para aprobar un estado de alarma y así poder establecer un toque de queda nocturno en todo el país, algo que lleva días considerando su departamento. Esto supone el concurso de las autonomías, que serían las que lo aplicarían y un apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados, que tendría que votar a favor para poder prorrogarlo una vez que se ponga en marcha. Ciudadanos ofreció sus escaños y pidió al PP que lo respalde. Con los votos del PNV, Ciudadanos y los socios del Gobierno catalán, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos sumaría mayoría absoluta para refrendar la medida en el Parlamento. El Gobierno preferiría contar también con el respaldo del PP, que ya adelantó que se niega a esta medida al tiempo que pidió una reforma legal “exprés” que permita a las comunidades restringir movimientos sin pasar por los tribunales.

Los acontecimientos a lo largo del viernes se sucedieron rápido. El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue el primer presidente autonómico en dar un paso al frente. Y el apoyo de la Generalitat terminó de apuntalar una medida que cada vez parece más inminente. Fuentes del Ejecutivo señalaron que aunque estaba pensado escenificar los apoyos en la conferencia de presidentes, es muy posible que se apruebe el domingo.

Estado de alarma no es sinónimo de confinamiento domiciliario. De hecho, es lo que tratan de evitar por todos los medios las autoridades con medidas intermedias. Así lo expresó el viernes el presidente del Gobierno en un discurso que recordaba a los que hacía en primavera, durante la primera ola de la epidemia. Pidió unidad, tanto a las Administraciones como a los ciudadanos, para evitar limitaciones completas de movimientos, a la vez que abría la puerta a un nuevo estado de alarma para tomar medidas extraordinarias en aquellos lugares donde el riesgo sea extremo.

Poco después de la alocución de Sánchez, el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (de Ciudadanos), anunciaba que había solicitado por escrito al Gobierno la aplicación del estado de alarma para posibilitar el confinamiento nocturno. “La ciudad está al borde del colapso sanitario”, justificó. Su proyecto es prohibir movimientos no justificados desde las 22.00 a las 6.00, en aplicación del artículo 11 de la ley que regula el estado de alarma, “para impedir botellones, fiestas privadas en domicilios, garajes...”. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hizo lo mismo: “Esto no es para confinar, es para limitar la movilidad”.

Sin tribunales

Una vez que se apruebe el estado de alarma, la idea es que sean las comunidades quienes lo articulen y las que tomen las medidas que consideren oportunas sin necesidad de pasar por los tribunales. Es la justificación que dio el lehendakari cuando anunció su petición y así disponer de amparo legal para las nuevas restricciones que quiere poner en marcha. Urkullu solicitó que el estado de alarma se extienda a toda España y que la autoridad se delegue a los presidentes autonómicos.

La presidencia vasca tomó la decisión apenas 24 horas después de conocer que el tribunal superior de justicia de esa comunidad no le autorizaba las medidas más restrictivas para los ciudadanos, como la prohibición de que se reúnan en el ámbito privado y público más de seis personas. Ese es precisamente el problema al que se enfrentan las autonomías al imponer medidas restrictivas de derechos fundamentales sin estado de alarma: quedan en manos de los tribunales, que han permitido unos confinamientos y han rechazado otros. Todavía no hay precedentes sobre qué harán con respecto al toque de queda.

“Necesitamos un estado de alarma descentralizado en el que la Generalitat mantenga toda la capacidad de gestión”, defendió por su parte el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès. “España no puede ser un puzle y menos un rompecabezas, tiene que haber un patrón nacional. Y las medidas de limitación de la movilidad no pueden ser solo para dentro de nuestra región o de cualquier otra, sino en todas, porque unas afectan a otras. La pauta tiene que ser global y ha de existir sentido común: que vayamos en la misma dirección y que vayamos todos”, propuso Emiliano García Page, presidente castellanomanchego.

A expensas de aplicar el estado de alarma, algunas comunidades utilizan decretos que deberán pasar por sus tribunales superiores. Castilla y León fue la primera en solicitar formalmente el toque de queda al Gobierno. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el viernes que lo impondrán tras una reunión con el ministro Illa. El ministro incidió en la necesidad de consenso con las comunidades para que estas restricciones se puedan aplicar en toda España y explicó que el estado de alarma es el mejor mecanismo jurídico para dar la cobertura necesaria si estos toques de queda se tiene que prolongar más de 15 días.

Illa valoró el consejo interterritorial de salud celebrado el pasado jueves, que se tradujo en acuerdos sobre criterios fijos de interpretación de los niveles de peligro, pero no así en instrucciones de implementación inmediata en toda España. “Es un paso adelante importante”, manifestó, porque sirvió para fijar “los criterios comunes para la evaluación del riesgo y recoge un catálogo de medidas de acción. Es un marco común de respuesta”. Mañueco recordó la gravedad del momento, que ha conllevado que su comunidad solicite la limitación del movimiento nocturno: “No podemos volver a la situación dramática de marzo y abril, hay que demostrar que hemos aprendido”. Los servicios jurídicos autonómicos trabajan para implantar esta orden cuanto antes y que sea efectiva este fin de semana.

En junio el estado de alarma terminó precipitadamente porque el Gobierno tuvo cada vez más difícil los apoyos para sacar adelante nuevas prórrogas. El plan de Sanidad requería de esta herramienta jurídica al menos hasta el 6 de julio, cuando estaba previsto que terminasen las fases de desescalada en todas las autonomías, pero acabó el 21 de junio. Esto propició que algunas, como Madrid, dieran el salto de la fase 2 a la llamada nueva normalidad.

Con información de Juan Navarro, Miquel Noguer, Virginia Vadillo, Javier Arroyo, Ferrán Bono e Isabel Valdés

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