Castilla y León pide a la población de Burgos que se confine y limita a tres personas las reuniones de no convivientes

El crecimiento descontrolado del coronavirus en Burgos ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad del confinamiento domiciliario, medida que la semana pasada rechazó el Ministerio de Sanidad en espera de ver los resultados de las restricciones impuestas tras el estado de alarma. La Junta de Castilla y León (PP-Ciudadanos), ha pedido este jueves a la población que se confine de forma voluntaria, después de que la incidencia acumulada en 14 días haya llegado a los 1.700 casos por 100.000 habitantes (la media en España está en 514), además de prohibir las reuniones de más de tres personas no convivientes. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han solicitado a Sanidad que imponga esta medida, en una reunión telemática este jueves en la que también ha intervenido el alcalde burgalés, Daniel de la Rosa (PSOE), pero no el ministro, Salvador Illa.

El alcalde burgalés explica a EL PAÍS que la reunión no se ha traducido en avances concretos, pero que la Junta y él han insistido en la modificación del decreto del estado de alarma para que las comunidades tengan la capacidad de ordenar confinamientos domiciliarios si el momento epidemiológico lo requiere. “Tenemos el riesgo de que el hospital reviente en 10 días si seguimos así”, dice De la Rosa, que lamenta que una “política sanitaria nefasta” durante décadas ha degenerado en una situación de falta de facultativos para atender una crisis sanitaria de esta categoría. El alcalde asume que si el coronavirus sigue desbordado en Burgos deberá, si existe el instrumento legal pertinente, ser confinada.

El regidor ha hablado con Illa este jueves por la mañana, quien le ha pedido esperar “por responsabilidad global” y coherencia con el resto de territorios para observar si las intervenciones de las últimas semanas tienen efecto. “Nos piden margen y no precipitarnos porque no quieren pasarse de frenada para no perjudicar a la ciudad”, sostiene De la Rosa, que entiende esa perspectiva pero coincide con Igea y Casado, ambos médicos, en la urgencia de la situación. El ministerio, al menos, les ha hecho saber que están abiertos a cambiar de criterio si fuese preciso, pero no a corto plazo.

Tanto Illa como los demás integrantes del Gobierno han insistido en las últimas semanas que el confinamiento de la población, como el vivido en los meses más duros de la primera ola de la pandemia, quedan descartados por el momento. Castilla y León ha solicitado desde hace semanas que las comunidades tengan una herramienta jurídica que les permita ejecutar esta máxima restricción si así lo requería la situación epidemiológica.

Igea y Casado han informado también, en una comparecencia tras el consejo de Gobierno regional que se ha atrasado respecto a lo habitual, de que se va a realizar un rastreo masivo, además de estudiar nuevas medidas restrictivas y más análisis de las aguas residuales para intentar contener la expansión de la covid-19 en la ciudad. La provincia alcanza más de 1.200 positivos por 100.000 habitantes. Este jueves, se han conocido 2.074 nuevos infectados y 39 muertes en Castilla y León. Igea ha expuesto que también sopesan el cierre perimetral tanto de la ciudad como de la provincia y ha explicado su postura sobre los confinamientos: “Si pudiera tomar la decisión de confinar sabiendo que esta medida corta la transmisión y manteniendo en casa sin perjuicio económico a los trabajadores, la hubiera tomado ya”.

Casado, que desde que se desató la crisis sanitaria ha defendido intervenciones firmes como cierres perimetrales o domiciliarios, ha emplazado al “confinamiento inteligente” para que los esfuerzos sean útiles: “De casa al trabajo y si me tengo que relacionar, mejor hacerlo a distancia”. La responsable de Sanidad de la Junta ha mostrado su gran preocupación por la situación de Burgos, y ha admitido que no entienden por qué esta ciudad muestra números tan elevados mientras que en la comunidad se está consiguiendo estabilizar la curva de contagios.

La Junta endureció las restricciones contra el coronavirus el pasado viernes en toda la comunidad. Entre otras medidas, se decretó el cierre de la hostelería, excepto los locales que preparan comida para recoger o enviar a domicilio, y el cierre de centros y parques comerciales, excepto los establecimientos que venden bienes y servicios de primera necesidad. Los establecimientos de menos de 2.500 metros cuadrados adscritos a centros comerciales y que tengan acceso directo de la calle pueden seguir abiertos. También se mantiene abierto el comercio minorista. La comunidad mantiene el toque de queda desde las 22.00 a las 6.00 y un máximo de seis personas en reuniones sociales, así como el confinamiento perimetral de la región.

Estas restricciones, impuestas en principio para dos semanas, se mantendrán todo el tiempo que sea preciso para reducir la incidencia del virus, han añadido Igea y Casado. El primer edil ha insistido en que, a falta de vacunas, hay que evitar los contactos sociales y ha admitido que la tendencia va camino de alcanzar los 1.800 casos por 100.000 habitantes en 14 días. De la Rosa ha solicitado a su ciudadanía quedarse en casa salvo para lo imprescindible y ha recordado que los grandes focos de contagio son los encuentros sociales.

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