“Mi padre era piel y huesos, sus últimas palabras fueron: sácame de aquí, hay muchos muertos”

Este es el relato de Pedro, nombre ficticio de uno de los denunciantes de la residencia Elder de Tomelloso, en Ciudad Real, que prefiere no revelar su identidad: “El 8 de marzo me dijeron que mi padre tenía fiebre, pero no me dejaron hablar con él. Luego ya no cogían el teléfono. De repente un día aparece en rueda de prensa un alto cargo de Castilla La Mancha [el director general de Salud Pública, Juan José Camacho] diciendo que en la residencia no había ni EPI [equipos de protección individual], ni protocolos, ni médico, ni nada. Así que lo sabían todo, y espero que lo confirmen en el juicio. Me quedé de piedra. Yo vivo lejos y estábamos confinados. Por fin me llamaron el día 20 para decirme que mi padre había dado positivo. Solo el 27 pudimos hacer una videollamada, y no me quito la imagen de la cabeza: mi padre era piel y huesos, como de un campo de concentración. Fueron solo dos minutos, no aguanté más. Sus últimas palabras fueron: ‘Sácame de aquí, hay muchos muertos’. Pregunté con qué le estaban medicando, y me dijeron que con nada. Tampoco me dijeron si había un médico. Con 92 años, del día 8 que tuvo fiebre al 31 aguantó mucho, en un hospital quizá se podía haber salvado, pero no le dejaron ninguna posibilidad. ¿Por qué no lo llevaron? ¿No tenía derecho a vivir por tener 92 años? Yo no dormía de la ansiedad, pensaba que yo era el culpable de la muerte de mi padre. No puede ser que mi padre viviera una guerra civil, una dictadura, y muera en una democracia como en una guerra”.

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Este es uno de los muchos casos contra residencias que están en juzgados de toda España y que, tras un gran aluvión de denuncias en la primera ola, comienzan a tomar cuerpo. Tras meses de silencio, la semana pasada hubo novedades. En la Comunidad de Madrid un juez ha imputado a la directora de una residencia, y la Fiscalía ha denunciado a dos responsables de otro centro privado. El Supremo también rechazó las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, pero confirmó que los juzgados de instrucción deben investigar las residencias.

La historia que cuentan las familias que han denunciado a la residencia Elder de Tomelloso es asombrosa. El director, de 31 años, desapareció tras el primer positivo, el 10 de marzo, y dejó a los trabajadores a su suerte, sin protocolo y sin material, según la denuncia de ocho familiares de fallecidos. El personal tuvo que comprar mascarillas en un bazar chino, 50 para 120 trabajadores. El médico solo iba dos horas y al cuarto día también se fue de baja. El director estuvo en paradero desconocido, no pudo localizarlo ni el servicio de salud autonómico, el Sescam, afirman los denunciantes. Al quinto día, con diez muertos, por fin apareció, pero solo para decir en Facebook que todo iba bien con las etiquetas “StopBulos” y “StopMaldad”. En seis días murieron 15 personas y el centro fue intervenido por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Hasta junio fallecieron 76 ancianos, según la denuncia. El Ejecutivo regional contabiliza 74. En otra residencia que está al lado y tomó medidas murieron ocho personas. Este periódico ha contactado con la residencia, propiedad de la Fundación Elder, entidad sin ánimo de lucro, para hablar con el director pero el centro no ha querido dar su versión de lo ocurrido.

El director de la residencia, concejal del PP en el pueblo y que ha dimitido este mes de ese cargo, es de profesión periodista, antes había estado en la televisión regional. Pese a lo ocurrido volvió al centro en junio y sigue en el puesto, según confirma el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Nos extrañó mucho que la fundación volviese a ponerlo, luego supimos que su padre es el presidente del patronato”, cuenta el abogado de las familias, Luis Miguel Polo. El caso, admitido a trámite, ya es investigado por un juzgado. “A raíz de que salió en los medios, nos enteramos de que este señor es periodista, y nos llama la atención que un periodista esté gestionando una residencia de ancianos”. Castilla-La Mancha fue la comunidad con más muertos en la primera ola, 161 por cada 100.000 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 35%, en residencias. Ciudad Real fue la segunda provincia de España, tras Segovia, con el mayor índice de mortalidad: 352 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Ante la alarma social en marzo por casos como este, la Fiscalía General del Estado ordenó a las fiscalías provinciales investigar la situación de estos centros en todo el país. Durante meses dio cuenta semanal de las cifras, cientos de investigaciones abiertas. Pero pese a lo aparatoso de los números, muchas eran meramente informativas, o respondían a denuncias genéricas de partidos o asociaciones. Se fueron archivando decenas por falta de indicios, y la Fiscalía dejó de informar del asunto en julio. Parecía que la vía judicial se desinflaba y nada se movía, hasta este mes.

¿Cuántas investigaciones hay ahora mismo en los tribunales? Nadie lo sabe. El último informe de la Fiscalía General, del 20 de julio, recogía 213 diligencias penales abiertas y 30 procedimientos judiciales en marcha en España. La mayoría de las diligencias eran en Madrid (113), que tuvo un 28% de muertes en residencias hasta final de mayo, en la primera ola; Cataluña (28), con un 34% de fallecimientos en estos centros, y las dos Castillas, con una veintena cada una. Estas dos comunidades fueron, tras Navarra, las que registraron más decesos en residencias: Castilla y León un 37% y Castilla-La Mancha, un 35%, según el INE. Desde entonces la Fiscalía no ha recopilado esa información y desconoce la situación. Como referencia, la de Madrid indica que ahora mismo hay 13 procedimientos judiciales y 18 diligencias en trámite, y la de Barcelona mantiene seis. Más en detalle, en Madrid se investigan 133 muertes y hay tres residencias con un elevado número de decesos: una con 33 y dos con 22. En las demás se investigan entre uno y tres fallecimientos.

Otro caso, esta vez en Murcia, lo relata Encarna Vera, una de las 13 mujeres que ha denunciado a la residencia Caser Santo Ángel. Allí murieron 34 personas hasta el 22 de junio, según datos de la Consejería de Política Social, la mitad de las fallecidas en todas las residencias murcianas en la primera ola. Los denunciantes creen que son al menos 40. Entre ellas, la madre de Encarna, de 89 años. “Hartos de no saber nada de nuestros familiares, una de nosotras fue a la residencia, salió una mujer y le dijo que quería hablar con una responsable. Soy yo, dijo ella. Era la señora de la limpieza. Ese día no había nadie más. Se fue el 80% del personal. Hubo una sola doctora para 232 personas. Murieron más por desatención que por covid, sospechamos que ante la falta de personal los sedaron y los dejaron encerrados en las habitaciones, mi madre murió deshidratada. Y pagábamos casi 2.000 euros al mes. Nos estuvieron mintiendo, decían que iba todo bien. Íbamos a la puerta y no nos dejaban verlos, tampoco videollamadas, y lo pedí 20 veces. Nos íbamos de allí llorando. Ahora me arrepiento de no haber tirado la puerta abajo. Lo único que nos queda es pelear en los tribunales y que nos digan la verdad”. Sonia Vivo, otra de las afectadas, tiene una atroz experiencia del caos que denuncian: tras la muerte de su madre, la llamó un responsable del centro para decirle que por fin le iban a hacer una PCR.

La peculiaridad de este caso es que, a diferencia de otras regiones, en Murcia no hubo colapso hospitalario. Fue la comunidad que menos muertes registró en la primera ola, pero el 34% fueron en residencias, según los datos del INE. “No pueden alegar que era una emergencia. Dijeron que se medicalizaban las residencias, pero no fue así, no tenían personal, ni medios, ni respiradores”, explica el abogado de las familias, Juan Carlos Mellado. Caser Residencial, un grupo con 20 centros en España, no ha querido dar a este periódico su versión de lo ocurrido.

El abogado Carlos Vila, de Marea de Residencias, es quien ha obtenido la imputación de la directora de un centro y tiene 15 casos en Madrid y otras seis residencias de la comunidad. Cree que lo más relevante es “que se va a investigar y que se va a aclarar qué ha pasado”. Ante el argumento de que una sanidad en situación de catástrofe impidió los traslados a hospitales, alega que “quien tuvo un seguro médico se fue a un hospital privado, y el estado de alarma permitía enviarlos a estos centros, y no se hizo, igual que dijeron que se iban a medicalizar las residencias, y tampoco se hizo”.

Se repiten las críticas a la pasividad de la Fiscalía en muchos casos. El letrado Carlos Sardinero, de Sardinero Abogados y colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, acumula “cientos de casos” en Madrid y ninguno ha sido archivado. No comprende que, “ante un hecho tan evidente”, la Fiscalía no haya adoptado “una postura más enérgica” y cree que “posiblemente tenga que dar un giro”. Francisco Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, también es crítico: “Los casos se están investigando gracias a los impulsos particulares. Pero la sola existencia de protocolos que negaban asistencia sanitaria y el alto número de muertos merecían que la Fiscalía hubiera actuado. No me cabe duda de la enorme trascendencia penal y social de lo ocurrido en las residencias de ancianos”. El caso de Tomelloso, por ejemplo, apareció en todos los medios, pero la Fiscalía de Ciudad Real ha declarado que no ha investigado el caso porque no recibió ninguna denuncia. El propio Gobierno autonómico anunció en marzo que lo investigaría y denunciaría, pero explica ahora que cuando el Tribunal Superior de Justicia inició su investigación en las residencias lo dejó en sus manos. El abogado de los denunciantes no tiene constancia de que ninguna Fiscalía haya actuado.

Pedro en Ciudad Real, Encarna en Murcia, y muchos otros quieren justicia y que se sepa la verdad, pero ya tienen una gran desconfianza en el sistema. “Los juzgados han dormido el tema, no quieren meterse ahí”, lamenta Encarna. Presentaron su querella en mayo “y siete meses después aún se están pasando la patata caliente entre el juzgado número 6 y el número 9, a ver quién lo admite a trámite”. Cree que la Fiscalía debería haber actuado de oficio, va con retraso y si no se hubieran movido en los medios y salido a la calle no les habrían hecho ni caso. En Murcia se ha desatado el escándalo en esta segunda ola con la publicación de fotos internas de residencias, hechas por los auxiliares que llegaron de refuerzo a centros con problemas. La Fiscalía de Murcia, que ha archivado todas las diligencias de la primera ola, ha abierto ahora una investigación en varias residencias y ve indicios “interesantes”. “Hay que ver caso por caso”, explica el fiscal, José Luis Díaz Manzanera. Sobre las resistencias que encuentran, Sonia Vivo añade en Murcia: “Tenemos que contratar peritos de fuera, porque los de aquí no quieren enfrentarse a la Administración”. Pedro concluye: “A mí se me han quitado las ganas de votar en este país. Ahora solo espero que al menos el juez haga su trabajo”.

Las acusaciones en las denuncias son de homicidio imprudente, abandono, trato degradante, lesiones, maltrato. ¿Qué posibilidades hay de que prosperen? Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, cree que no debería haber tanto archivo de casos, “se debe abrir instrucción e investigar”. “Pleitos habrá seguro, condenas ya veremos”, opina, como la mayoría de los juristas y abogados consultados, porque el homicidio imprudente es difícil de probar. “Aquellos que toman decisiones de gestión erróneas pueden llegar a responder, igual que quien firmó protocolos para no enviar ancianos al hospital”, asegura. El problema es determinar una relación causa efecto y que un fallecido podría haber sobrevivido si no fuera por la imprudencia atribuida. Pero Cancio señala que, por ejemplo, el Tribunal Supremo estableció en el caso del Madrid Arena que basta “un incremento del riesgo” de la persona. Si se aplicara, habría condenas.

Un magistrado del Tribunal Supremo consultado por este periódico ve difícil que prosperen los procedimientos penales, cuando los hospitales rechazaban ingresos de las residencias por fuerza mayor, pero ve muy claras las demandas civiles posteriores para una indemnización. La sentencia del Supremo del viernes apunta esa línea: “Los daños ligados al funcionamiento anormal de un servicio público son directamente indemnizables en la jurisdicción contencioso administrativa sin otra exclusión que aquellos ocasionados por fuerza mayor”. Directores de residencias consultados quieren que se llegue hasta el final en las investigaciones, pues aseguran que la mayoría hizo todo lo que estaba en su mano por tratar de derivar a los mayores a hospitales. Aunque reconocen que en el sector están inquietos. Temen que la responsabilidad termine recayendo sobre ellos.

Los casos más flagrantes son los que están saliendo adelante. El pasado mes de octubre, la Fiscalía de Madrid archivó la primera denuncia que recibió sobre el tema al no apreciar “relevancia penal” y fijó el criterio general a seguir en el resto de casos abiertos. La denuncia de esta semana por homicidio imprudente a la doctora y la gerente de una residencia, explican desde del ministerio público, se debe a un comportamiento diferente a la mayoría. La Fiscalía apuntó que la médico no contactó con el geriatra de enlace que debía decidir sobre la derivación de la residente hasta ocho días después de que tuviera síntomas. La mujer, de 85 años, murió al día siguiente de su traslado.

Carlos Sardinero explica que si los responsables de los centros usaron todos los medios que tenían a su alcance para tratar de proporcionar atención médica, no hay responsabilidad penal. Pero señala que si hubo abandono, hay delito. Apunta que serán los primeros llamados a declarar porque son “el eslabón más débil”. Pero son “el comienzo, dado que ellos aportarán datos sobre las indicaciones que recibieron de las Administraciones públicas”. Sardinero asegura que una de las claves es que las acciones judiciales sean individuales, mejor que multitudinarias.

Ignacio Palomar, director de Servilegal Abogados, que defiende una veintena de casos, reconoce la dificultad para probar responsabilidades penales. “Es probable que muchos se archiven, contamos con ello, pero es crucial que exista una instrucción y se investigue, ante la opacidad de lo sucedido”, sostiene. La instrucción otorga la prueba que permite una posterior indemnización civil, en caso de que el procedimiento penal se archive. “Se conocerán las llamadas a emergencias, se interrogará al personal, se verá si ha habido intento de derivación real a hospitales, se verá cuándo se suministraron los equipos de protección individual y medios de prevención, y cuándo se tomaron medidas efectivas, etc.” Respecto a la vía civil, apunta que “la mayoría de contratos con las residencias las obligaban a prestar servicios médicos” y al haber una “dejación de funciones” se genera un incumplimiento de contrato.

A la espera de justicia, Pedro recuerda: “Fui yo solo a enterrar a mi padre. No sabía si estaba enterrando a mi padre o una caja, porque no lo he visto, no lo he velado. Solo me dieron su reloj. Dormía siempre con él”. Luego le entregaron sus pertenencias. Faltaban la cartera y el DNI. Aún no han aparecido.

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