Los barracones escolares vuelven y no se sabe si para quedarse

El 1 de septiembre de 2010, Esperanza Aguirre anunció el cumplimiento de una promesa estrella: “El Gobierno regional va a culminar el esfuerzo de estos siete años para erradicar los barracones y vamos a conseguir a final de curso que todos los alumnos estudien en instalaciones permanentes”. De las 200 aulas prefabricadas con las que se encontró al llegar a la presidencia, ya solo quedaban en Batres, un pueblo de 1.600 habitantes al sur de Madrid. Sin embargo, todavía permanecieron allí dos cursos y un trimestre más y no fue hasta febrero de 2019 cuando se desmontaron los últimos de la región, los del instituto Neil Armstrong de Valdemoro. Con ocho años de retraso, se puso fin a la era de los barracones, pero apenas ha durado 19 meses. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso los ha traído de vuelta como efecto colateral de la covid. Este curso se han instalado 249 en 63 colegios e institutos públicos, entre ellos el propio Neil Armstrong, con un coste de 21,6 millones de euros. Al menos 115 de estos módulos están en centros a medio construir, por lo que padres y sindicatos temen que, acabada la pandemia, los barracones se perpetúen.

El Gobierno de Ayuso sostiene que la única razón de su vuelta es el virus. “Una de principales medidas contra la covid-19 es la bajada de ratios. Se crearon 7.500 nuevos grupos, lo que hizo necesario buscar espacios alternativos”, explica un portavoz de Educación. ¿Y no había otras soluciones, como hacer obras durante el verano o recurrir a edificios municipales? Educación asegura haber destinado 20,3 millones a 366 mejoras en 301 centros ―hay 3.650 en total― y que está usando 44 instalaciones locales. “Los ayuntamientos pusieron a disposición muchas más”, admite, pero “los centros estimaron que era mejor mantener todos los espacios dentro de los recintos educativos”.

La Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad reconoce que “en algunos centros eran necesarios para los desdobles”, pero denuncia que “en otros se están poniendo como un parche aprovechando la coyuntura”. Uno de sus portavoces, Alberto Arkones Pelaz, pone como ejemplo el instituto Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares, cuyos alumnos van a clase en el colegio La Garena al estar paralizadas sus obras desde otoño de 2019. “Allí, han plantado ocho barracones”. Lo que más escama a esta plataforma, que agrupa a 107 asociaciones de padres, es que las aulas se hayan comprado, en lugar de alquilarlas como hasta ahora. “Nos tememos que tienen intención de seguir usándolas en lugar de acabar construcciones pendientes o llevar a cabo nuevas”, coincide Teresa Jusdado, de UGT Madrid.

“Todas son nuevas y compradas, no hay ninguna alquilada o reciclada”, confirma Educación, que alega que decidió adquirirlas porque no había en alquiler “aulas de la calidad de las que se han instalado”. “No cumplían el código técnico, no tenían el aislamiento térmico adecuado y no reunían las características para un uso docente”. Es más, se ha diseñado “un prototipo para la pandemia, en el que se minimizan las circulaciones de aire”. La gran mayoría ya está en uso. “Se empezaron a instalar el 7 de septiembre, alrededor del 80% están acabadas y se han ido ocupando según se ponían”.

¿Qué planes tiene Educación para ellas? “Al ser en propiedad, tenemos una gran flexibilidad de cara a su uso futuro. Pueden ser fácilmente desmontadas y reinstaladas donde pudiera ser necesario de manera puntual”, indica el portavoz, que promete que “su instalación no influirá en la programación para la construcción y ampliación de centros”.

Isabel Galvín, de CC OO Madrid, opina que son “otra oportunidad de negocio, porque compran, y caro, y sin concurso público”. Los contratos han sido adjudicados a cuatro empresas vía trámite de emergencia, es decir, sin licitación ni publicidad. La plataforma destaca la disparidad de precios: ocho módulos de Normetal cuestan 842.722 euros en Madrid y 1.081.211 en Algete, 734.835 si los pone Algeco en Getafe, Leganés, Parla y Torrejón y 472.304 si los sirve Alquibalat en Tres Cantos, Leganés y Alcalá. “¿Es que unas aulas son de lujo y otras de saldo?”, se pregunta Arkones.

“Los diferentes precios atienden a los diferentes modelos y a prestaciones (con o sin aseo, superficies, revestimientos, etc)”, responde Educación, que aclara que en le precio van incluidos la caseta, la cimentación y la instalación. Las aulas son de estructura metálica, con dos chapas y aislante entre ellas, las ventanas tienen rotura de puente térmico y cuentan con aire acondicionado y calefacción por radiadores eléctricos. El suelo es vinílico y en algunos modelos, de tarima de roble, y las luces, de led. Los techos llevan revestimientos que evitan la reverberación. Todas disponen de rampa y algunas, de aseo.

El Gobierno regional ha facilitado a este diario la lista de los 63 centros, pero no ha aclarado cuáles ni cuántos tienen ampliaciones pendientes. Cruzando estos datos con informes de CC OO y de la plataforma, al menos 20 de ellos están sin terminar, casi el 32%, a los que se han destinado 115 aulas. Los dos centros que más módulos acumulan, 12, son el colegio Los Tempranales de San Sebastián de los Reyes y el instituto Simone Veil de Paracuellos, ambos inacabados. Además, hay ocho con ocho aulas prefabricadas, siete de ellos con fases sin hacer.

¿Cómo se explican estas concentraciones tan elevadas? ¿Se están cubriendo carencias previas a la covid, como denuncian sindicatos y padres? Educación no entra en casos concretos y se limita a responder que “la necesidad de espacios en cada centro es distinta, debido al nivel del que partían y a su número de alumnos”. La directora de Los Tempranales declina responder a este diario. “No puede hablar”, dicen en secretaría. Previa consulta con Educación, no le dan permiso ―en septiembre, el Gobierno regional prohibió a sanitarios y docentes hablar con los medios―.

“Las tenemos ahí puestas, pero no las estamos usando porque ahora mismo no las necesitamos”, señalan fuentes de la dirección del Simone Veil, que aclaran que no son aulas-covid, sino para los estudiantes que se incorporarán el curso que viene. El centro, el único instituto público de Paracuellos, donde hay dos concertados, abrió en 2018 y acoge a 10 grupos de bachillerato. Tenía que estrenar otro edificio en 2021 para la ESO, pero el solar está vacío y no hay fecha de inicio de las obras. “Eso sí, no las han puesto donde va la ESO sino enfrente y nos han prometido que, en cuanto esté hecho, se las llevan”. Para ajustarse a las medidas impuestas por la covid, los 363 alumnos del centro solo van a clase presencial el 50% de su horario. Si tuvieran más profesores podrían desdoblar los grupos o si los barracones fueran más grandes, trasladar allí a toda la clase y llegar al 100% de presencialidad.

Uno de los centros sin terminar con ocho barracones es el instituto Elisa Soriano Fisher de Getafe, que imparte hasta 3º de la ESO. Mario Ayuga, presidente del AMPA, cuenta que la primera fase se inauguró en septiembre de 2018 y que la tercera y última se debía entregar en septiembre de 2022. Sin embargo, para esa fecha estará la segunda. “El centro estaba diseñado para 240 alumnos, ahora son 360 y el próximo curso, 480″, recalca. No tienen ni gimnasio ni cafetería.

“Este año echaron mano de la biblioteca y de un aula de talleres y los alumnos de 3º van a clase un día y están dos en casa. Se contaba con los barracones, que se colocaron el 19 de octubre, pero aún no están operativos porque había que asfaltar la entrada”, explica Ayuga. A la vuelta de las vacaciones, los ocupará 3º y podrán pasar del 33% de presencialidad al 50. El AMPA estaba de acuerdo con poner barracones, pero critica que llegan tarde y le preocupa que los dejen. Ayuga reclama que se termine con el modelo de construcción por fases. “Lo justifican en los costes, pero al final las obras se alargan y los alumnos están apelotonados. Los barracones costaron 700.000 euros y la ampliación eran 2,2 millones”, concluye Ayuga.

El problema de fondo: la falta de infraestructuras

“La pandemia ha sacado a la luz las vergüenzas del sistema educativo madrileño. Y la falta de infraestructuras públicas es una de ellas”, critica Isabel Galvín, que afirma que los gobiernos del PP diseñaron una campaña de marketing para destacar que habían acabado con los barracones mientras masificaban las aulas y favorecían a la concertada.

"Han desviado sistemáticamente alumnado de la pública a la concertada cediendo suelo público a entidades privadas en las zonas donde había necesidades de escolarización, no construyendo centros públicos en esos lugares o haciéndolos por fases para dilatarlos y recortado la inversión en las infraestructuras públicas al tiempo que aumentaban de la partida destinada a conciertos". Según sus cálculos, en 2019 se destinaron a construcción, equipamientos y mejora de edificios “casi 59 millones de euros reales menos, el 58%, que en 2011”.

“Dicen que no hacen más centros porque no hay demanda, pero cómo va a haberla si donde vives no hay dónde pedir plaza y te tienes que llevar a los niños a otro barrio o a un concertado”, lamenta Alberto Arkones, cuya plataforma contabiliza nueve centros en construcción, 19 con obras pendientes y seis “imprescindibles y demandados” de los que no se tiene noticia.

Frente a las críticas, el Gobierno regional asegura que a lo largo de este curso se van a crear más de 9.000 nuevas plazas públicas gracias a una inversión de 105 millones en 30 obras, de las que nueve son nuevos centros y 21, ampliaciones. Dentro de este plan, afirma que construirá cuatro centros en una única fase y terminará otros 10.

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