1.300 investigadores salen en defensa de la Escuela Andaluza de Salud Pública

Más de 1.300 investigadores y profesionales relacionados con la salud pública de 30 países han firmado una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), reclamando que la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) no desaparezca. Los populares han presentado una proposición de ley que prevé la creación de un nuevo Instituto Andaluz de Salud, centro que aspira a impulsar “la investigación e innovación” en Andalucía, pero que no recoge los fines de la Escuela ni apenas menciona la salud pública. Además, la proposición establece los mecanismos para “la extinción y disolución por fusión” de la entidad.

Los planes de la Junta de Andalucía, gobernada por un pacto entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, han provocado un gran revuelo en el ámbito sanitario. La Escuela es una institución con una reconocida trayectoria de 35 años, en los que ha defendido posiciones consideradas progresistas en el ámbito de la salud pública. Las fuerte contestación a la medida —en change.org hay abierta otra petición similar al Parlamento de Andalucía que supera ya las 11.600 firmas— parece haber flexibilizado la posición de los impulsores del texto, que se muestran ahora abiertos a inluir modificaciones en el articulado.

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En la Escuelta trabajan 177 profesionales e investigadores. Joan Carles March, profesor y durante años su director, repasa algunos de sus éxitos: “Se ha formado a más de 200.000 profesionales de la salud pública. Se han tejido redes nacionales e internacionales para participar en 17 grandes proyectos sanitarios. Tiene el máster en salud pública más prestigioso de España. Y, desde 2013, es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Todo ello con un presupuesto de unos 12 millones de euros al año.

La desaparición de la Escuela sería irreparable, según el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona Esteve Fernández. “La salud pública incluye la economía de la salud, la sociología de la salud, la gestión e infinidad de cosas que hace la Escuela y que, según el texto de la ley, no hará el nuevo instituto”, lamenta Fernández. La presidenta del comité de empresa, Almudena Millán, insiste en esta idea: “Luchamos por mantener el centro y su identidad. Si somos absorbidos, nuestra misión y nuestros objetivos desaparecen porque no están reflejados en el nuevo instituto”.

José Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, admite que la proposición es mejorable. “Vamos a ampliar el objeto social del instituto incorporando facetas muy vinculadas a la Escuela que no hemos tenido en cuenta. Tienen razón en que no hemos detallado lo que se refiere a salud pública. La ley será más clara si incorporamos expresamente que la Escuela es una pieza del nuevo instituto e incluimos los objetivos que aparecen en los estatutos de la Escuela”, defiende Nieto.

La actual directora de la Escuela, Blanca Fernández-Capel Baños, exdiputada del PP, asegura que la entidad “ni se cierra ni pierde su carácter, solo cambia su forma jurídica”, explica. “Mantendrá función, sus relaciones con terceros y todos los empleados se quedan. Mantendremos nuestro carácter de investigación y de consultores de grandes organismos internacionales”, concluye.