La crisis de las vacunas inflama la tensión entre Londres y Bruselas

La templanza mantenida hasta ahora por el Gobierno de Johnson en el conflicto desatado entre Bruselas y la farmacéutica AstraZeneca ha desaparecido este viernes. La UE ha tenido que dar marcha atrás a última hora a una medida que habría resucitado la peor cara del Brexit apenas un mes después de la finalización del periodo de transición. Boris Johnson ha llamado expresamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para exigirle explicaciones ante la decisión de activar el artículo 16 del Protocolo para Irlanda del Norte, uno de los documentos más delicados y complejos del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE.

Bruselas ha puesto en marcha un mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas fabricadas en territorio comunitario ante la sospecha de que parte de la producción de AstraZeneca se habría desviado a suelo británico. La compañía ha desatado la ira de los 27 al anunciar una rebaja del 60% de las dosis que se había comprometido entregar a la UE. De los 80 millones previstos (con posibilidad de llegar a 100), la empresa anglo-sueca asegura ahora que no podrá llegar a más de 31 en febrero. Achacan el retraso a fallos imprevistos en la fabricación de la sustancia farmacológica, la base del medicamento. Producida en grandes cisternas de 1.000 ó 2.000 litros que contienen el caldo de cultivo, las destinadas al suministro de la UE han obtenido un rendimiento mucho menor que las plantas británicas.

Bruselas reclama que se cumpla el contrato, en el que se dispuso ―como se ha podido comprobar este viernes al publicarse el texto legal― que AstraZeneca debería echar mano, de ser necesario, de la producción localizada en el Reino Unido para ser fiel a su compromiso.

Después de años de arduas negociaciones en los que la UE achacaba constantemente al Gobierno británico que estaba poniendo en riesgo los Acuerdos de Viernes Santo al imponer una nueva frontera dura entre las dos Irlandas, que se convertiría en un reclamo de nueva violencia, Londres y Bruselas firmaron un protocolo que mantenía a Irlanda del Norte dentro del espacio aduanero comunitario y trasladaba los controles al mar de Irlanda. De este modo, seguiría habiendo una línea invisible de demarcación entre las dos partes de la isla.

Al activar la Comisión Europea el artículo 16, que permite a las partes “imponer unilateralmente medidas de salvaguarda ante dificultades económicas, sociales o medioambientales [...] o desviación de comercio”, han saltado las alarmas. Se ha concebido apresuradamente como un paso necesario para que los controles a las exportaciones de vacunas pudieran llevarse también a cabo en la República de Irlanda y no se utilizara su facilidad de conexión con Irlanda del Norte, territorio británico, como vía de escape a las nuevas restricciones. No solamente se creaban con urgencia controles donde nunca se quiso que hubiera, sino que se hacía sin dar aviso previo a la otra parte, como exige el citado artículo del protocolo.

El jefe de gabinete de Johnson (con rango ministerial), Michael Gove, llamó al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, para expresarle su protesta y anunció que el Reino Unido “estudiaría los siguientes pasos a adoptar”. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, elevó también el tono de su preocupación directamente a Von der Leyen. Los unionistas del DUP, al frente del Gobierno autónomo norirlandés, cargaron las tintas con un tono beligerante. Arlene Foster, la primera ministra del territorio, definió la medida de la UE como un “acto de una increíble hostilidad”.

Finalmente, Bruselas se echó atrás en un comunicado que tenía un tono de humillación y prometió que el nuevo mecanismo de control de las exportaciones de vacunas “aseguraría que el Protocolo de Irlanda del Norte no se viera afectado”. “Si se detectara un abuso para esquivar el sistema de autorización previa en el tránsito de vacunas y sustancias activas hacia terceros países, la UE tomará en consideración todos los instrumentos legales a su disposición”, advirtió de todos modos.

El Gobierno de Johnson ha pretendido hasta el momento esquivar el conflicto de las vacunas y considerarlo un problema a resolver entre la Comisión Europea y AstraZeneca. Fuentes de Downing Street consideran que los compromisos adquiridos con la farmacéutica tienen fuerza legal para sostenerse. El primer ministro y su equipo han insistido durante estos días en que el suministro al Reino Unido está asegurado. Con más de ocho millones de personas ya vacunadas, el Gobierno se aferra al éxito alcanzado en la campaña de vacunación como la única salida posible a una pandemia que, en la actualidad, está haciendo estragos en el país.

La prensa tabloide lleva días hablando de “guerra de las vacunas” e inflamando el ambiente, pero ha sido el movimiento de Bruselas respecto a Irlanda del Norte lo que ha logrado que estallen las costuras y se enardezca la tensión diplomática. La República de Irlanda es una potencia farmacéutica mundial, y Pfizer, por ejemplo, dispone en la localidad de Grange Castle, en las afueras de Dublín, de una enorme planta biotecnológica que constituye pieza clave en la cadena de suministro de las vacunas. Allí se somete a un último control al producto destinado al mercado europeo.

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