“Es una amnistía registral, el Gobierno se ha lavado las manos”

”Es un insulto a la democracia, el Gobierno quiere cerrar en falso este expolio, en simbiosis con la Conferencia Episcopal, y lo más triste es verles diciendo que ahora quien quiera que reclame, es imposible que haya 30.000 juicios. Este es un tema de Estado y tiene que tener una solución de Estado”, resume Juanjo Picó, de Europa Laica. Las asociaciones que han liderado la reclamación de los bienes registrados por la Iglesia, agrupadas en Recuperando, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, son muy duras con el Ejecutivo y el informe que ha presentado este martes sobre las inmatriculaciones de bienes por la Iglesia entre 1998 y 2015: fueron 34.961 fincas, 20.014 de ellas templos o dependencias complementarias y 14.947 “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etcétera)”. En conjunto, 30.335 bienes han sido registrados con una simple certificación eclesiástica, la fórmula que permitió una reforma de la ley hipotecaria de José María Aznar en 1996 y que entró en vigor en 1998.

En Recuperando creen que el Gobierno debería simplemente anular las inmatriculaciones, poner el contador a cero y que reclame las propiedades quien las pueda demostrar, la Iglesia o un particular. Consideran que la Iglesia se ha apropiado sin título de las más de 30.000 propiedades que ha inmatriculado solo con un certificado eclesiástico. “Y habría que ver el resto, dicen que son otro tipo de títulos, pero en la mezquita de Córdoba lo que aportaron fue que había sido bendecida en el siglo XIII”, apunta Picó.

“Es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. El Gobierno no deshace lo que estaba mal hecho, se lava las manos y consolida una amnistía registral. Además sigue sin regular en qué casos un bien religioso debería ser de dominio público, sin perjuicio del uso católico, que no se cuestiona, como pasa en Francia, donde Notre Dame es del Estado, o Portugal”, razona Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los portavoces de Recuperando. Considera el caso español una anomalía en Europa y recuerda que ha habido dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014 y 2016 muy críticas con este sistema. En 2014 consideró “sorprendente, por decir lo menos, que un certificado expedido por el secretario general del obispo pueda tener el mismo valor que los certificados expedidos por funcionarios públicos”. También cuestionaba que la prerrogativa se refiriera únicamente a los obispos de la Iglesia católica y excluyera a representantes de otras religiones.

Rodríguez Ramos es muy escéptico con la vía judicial: “No habrá juicios, es una probatio diabolica, la Iglesia ha inscrito bienes sin demostrarlo y ahora corresponde demostrar la propiedad a quien lo impugna”. Critica la postura del Gobierno, que cree que por pedir el listado ya ha hecho su parte: “Dice que todo ha sido legal, por no enfrentarse a la Iglesia, y permite impugnarlo, cuando es de una complejidad probatoria y procesal imposible, o es legal o no”. Por otro lado opina que no es una cuestión religiosa, pero está distorsionada y “muchos ayuntamientos no van a impugnar por una cuestión ideológica”. “Hay una confusión permanente entre el uso y la titularidad. Una iglesia, por ser una iglesia, no tiene por qué ser de la Iglesia. Igual que un estadio no tiene por qué ser del club que juega allí, ni un hospital de sus médicos. Muchas iglesias han sido construidas por reyes o por la comunidad, no son de la Iglesia”. Subraya también que esto conlleva una “enorme descapitalización”. “No somos conscientes de ello. La Iglesia ahora es titular del 85% del patrimonio histórico de España. Antes no era de nadie, era de todos, pero ya no, y tiene un enorme coste social, porque esos bienes tienen que ser restaurados con dinero público, y generan beneficios que no declaran ni tributan”. Apunta que es paradójico que mientras se exige transparencia a las instituciones, “la Iglesia no lo es”. En opinión de este profesor, el Gobierno se ha plegado a la Iglesia católica por alguna contraprestación, “ahí tenemos su silencio con la exhumación de Franco o con la ley Celaá”.

Jorge García, otro de los portavoces de la coordinadora, recuerda que, en todo caso, el listado es “parcial”, pues no incluye todas las propiedades que ya se registraron durante el franquismo y hasta 1998. “Aquí en Zaragoza, donde yo vivo, la mayoría de los bienes de la Iglesia son de los años ochenta, campos de regadío, de labor, pisos, frontones... No están en ese listado”.