El Comité Europeo de Protección de Datos pide que se restrinja el uso del futuro pasaporte de vacunación covid para evitar abusos

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) han emitido un dictamen conjunto sobre el futuro certificado de vacunación en el que piden que se restrinja su uso tanto desde el punto de vista temporal como en los derechos que otorgará su posesión. Ambos organismos temen que estos documentos se conviertan de facto en un salvoconducto imprescindible para buena parte de la vida social de los ciudadanos, desde el acceso a centros comerciales y lugares de ocio a la posibilidad de obtener un empleo. El CEPD y el SEPD también consideran excesiva la discrecionalidad que el proyecto de reglamento sobre el certificado otorga a la Comisión Europa para prolongar su uso y extenderlo a otras enfermedades más allá de la covid-19.

El dictamen conjunto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue solicitado por la Comisión Europea tras aprobar el 17 de marzo un proyecto de Reglamento sobre la expedición, verificación y aceptación del llamado certificado verde digital, un documento que atestiguará si una persona ha sido vacunada contra la covid-19, se ha sometido a una prueba para detectar el virus o ha superado la enfermedad.

Las autoridades europeas que velan por la privacidad consideran que ese proyecto reviste “una particular importancia debido a su gran impacto en la protección de derechos individuales y libertades en relación con el procesamiento de datos personales”. El dictamen pide a los legisladores “que definan mejor el objetivo del certificado verde digital y que incluyan un mecanismo de vigilancia sobre su uso en cada Estado miembro”.

El comité y el supervisor quieren evitar así el riesgo de que un certificado destinado simplemente a facilitar la libre circulación dentro de la UE sea utilizado en uno o varios países como un documento para permitir o prohibir la realización de ciertas actividades. “Esto puede llevar a consecuencias imprevistas y a riesgos para los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE”, señala el documento, de 13 páginas, firmado por Andrea Jelinek, presidenta del CEPD, y Wojciech Wiewiórowski, del SEPD.

La valoración de estas autoridades puede tener impacto en la trayectoria legislativa del futuro pasaporte de vacunación. El Parlamento Europeo aprobó la semanada pasada tramitarlo de forma acelerada, con el objetivo de ponerlo en marcha antes del verano. El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, encargada de la tramitación, apoya su creación. Pero la semana pasada advertía que ese documento “no puede ser un requisito para la libre circulación y no puede desencadenar un trato discriminatorio hacia quienes no dispongan del certificado”.

“Facilitar la libre circulación”

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, insiste en que el único objetivo del certificado “es facilitar el ejercicio de la libre circulación”. Y su propuesta especifica que “la posesión de un certificado verde digital, en particular de un certificado de vacunación, no debe ser una condición previa para el ejercicio de la libre circulación”.

El proyecto de reglamento contempla la posibilidad de que las personas que no han sido vacunadas puedan desplazarse con libertad por la UE sometiéndose, en caso necesario, a ciertas medidas, como la realización de pruebas o la obligación de guardar cuarentena. La Comisión también se ha cuidado de subrayar que el reglamento “no puede interpretarse en el sentido de que establezca una obligación o un derecho a ser vacunado”.

Bruselas, sin embargo, se desentendió del uso que se haga de los futuros certificados, que dependerá de cada Estado. El proyecto de Von der Leyen se limita a exigir que se reconozcan los mismos derechos a los certificados emitidos a nivel nacional que a los expedidos por las autoridades de otros países de la UE.

El dictamen conjunto alerta de que la ampliación del uso del certificado más allá de su función original “ya ha sido sugerida y los Estados miembros podrían introducirlo como un requisito de facto para, por ejemplo, entrar en tiendas, restaurantes, clubs, lugares de culto o gimnasios o usarlo en cualquier otro contexto, como en el laboral”.

Intereses turísticos

El certificado, en principio, ha surgido a petición de los países con mayor dependencia del turismo, como Grecia o España, deseosos de salvar la temporada de verano de este año. La Organización Mundial de la Salud lo considera prematuro, dado el escaso número de personas que han sido vacunadas en la UE. Y algunos países, como Alemania o Francia, han acogido la propuesta con reticencias por temor a que se interprete como una forma de obligar a vacunarse en países donde el movimiento antivacunas es pujante.

Pero Von der Leyen optó finalmente por lanzar el proyecto ante el riesgo de que cada país pusiese en marcha su propio certificado y se acabase provocando una reaparición de los controles fronterizos dentro de la zona Schengen. Los Veintisiete han respaldado el proyecto de la presidenta y han pedido que se tramite con carácter de urgencia. Bruselas confía en que pueda estar disponible en junio, justo a tiempo para el inicio de la temporada alta de turismo en muchos lugares de Europa.

El CEPD y el SEPD no entran en las implicaciones éticas y sociales que puede tener el proyecto, pero piden que se alinee de manera estricta con el Reglamento general de protección de datos. “No solo por el bien de la certidumbre legal, sino también para evitar que la propuesta tenga como efecto directo o indirecto socavar el derecho fundamental a la protección de los datos personales”.

Reclaman, además, que se enmiende el proyecto “para descartar el uso del certificado verde digital una vez que haya concluido la actual pandemia”. El dictamen considera que el proyecto deja la puerta abierta a que la Comisión, sin necesidad de tramitación parlamentaria, pueda prolongar el uso de este pasaporte ante “enfermedades infecciosas similares con potencial epidémico”.

El dictamen también pide que se especifique “de manera expresa” que los Estados tendrán prohibido el acceso y uso de los datos recogidos en el certificado una vez que haya concluido la pandemia. Y que mientras esté en vigor, se haga pública la lista de todas las entidades que podrán actuar como controladores, procesadores o receptores de los datos en cada Estado miembro, dado que probablemente se presentará en varios países durante un viaje. El CEPD y el SEPD creen que esa transparencia permitirá al ciudadano saber a quién debe dirigirse en caso de reclamación o queja sobre el uso de sus datos personales.