La mayoría de las comunidades prepara sus propias restricciones ante el fin del estado de alarma, pero teme trabas jurídicas

El fin del estado de alarma se acerca —decae el 9 de mayo—y con él desaparece el paraguas jurídico que permitía a las comunidades tomar las medidas restrictivas más duras, como el toque de queda o el confinamiento perimetral. Pero las comunidades no las tienen todas consigo y, pese a que la cuarta ola ha amainado, los gobiernos autonómicos asumen que deberán seguir adoptando medidas más allá del 9 de mayo para mantener bajo control al virus. De hecho, varias autonomías han reclamado prorrogar el estado de alarma, pero ante las reticencias del Gobierno a alargar este instrumento jurídico, comunidades como Cataluña ya ultiman planes alternativos para poder mantener algunas restricciones de derechos fundamentales, como la libre circulación de personas. Los expertos consultados alertan del limbo jurídico en el que pueden volver a caer los gobiernos regionales, como el pasado verano, cuando, ante la necesidad de que algunas medidas contaran con aval judicial, las resoluciones de los jueces fueron dispares. Los epidemiólogos avisan de que una ralentización en la toma de medidas restrictivas o la suspensión de algunas de ellas puede hacer repuntar la curva epidémica.

El último Consejo Interterritorial de Salud, el foro de encuentro entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del ramo, no sacó nada en claro sobre el estado de alarma. Comunidades como el País Vasco, Galicia, Andalucía o Cantabria ya habían reclamado en varias ocasiones ampliarlo más allá del 9 de mayo, pero el Gobierno lleva semanas insistiendo en que “trabaja” para no tener que prorrogar este paraguas jurídico. “Estamos preparados para afrontar el día siguiente de la desaparición del estado de alarma”, reiteraba a principios de mes la vicepresidenta Carmen Calvo. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendía este jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso la misma posición: “Nuestra intención es trabajar intensamente para que esta declaración del estado de alarma no siga siendo necesaria”. Darias ha insistido en que hay otras alternativas y ha instado a “ver qué posibilidades hay más allá del 9 de mayo”. “Hay instrumentos legales, de las comunidades, del Consejo Interterritorial, de la legislación vigente, que permiten intervenir en actividades que sabemos que tiene una incidencia directa”, ha indicado.

Darias: “Trabajaremos intensamente para que el estado de alarma no siga siendo necesario”

Pero las comunidades no lo tienen tan claro y cada una mueve ficha. El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha reclamado una prórroga del estado de alarma acotada en el tiempo, algo que comparten, al menos, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Cataluña, por su parte, ultima un cambio en su ley de salud pública para dar cobertura jurídica a un eventual toque de queda tras el 9 de mayo y otras autonomías, como Asturias o Andalucía. preparan documentos o guías de trabajo para acotar las restricciones previstas.

Con una incidencia acumulada media en el país de 230 casos por 100.000 habitantes, la transmisión comunitaria del virus persiste y, a pesar de las grandes diferencias que hay entre autonomías —la Comunidad Valenciana tiene 44 casos por 100.000 y el País Vasco, 516—, los expertos insisten en que hay varios factores de riesgo que pueden complicar la evolución de la pandemia. “El 9 de mayo no se acaban las incidencias altas, ni la ocupación elevada de las UCI. Y seguiremos lidiando con la variante británica [más contagiosa y ya predominante en España], nos viene la india y no hay coberturas tan altas de vacunación todavía. La situación epidemiológica es tal que tendremos que proseguir con las medidas de limitación de movimiento e interacción social”, avisa Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estado de alarma era la llave para aplicar el grueso de las medidas más duras de forma ágil y sin pasar por los tribunales, una condición sine qua non cuando se trata de activar restricciones que afectan a derechos fundamentales. En el tiempo en el que no hubo este paraguas jurídico, los gobiernos autonómicos podía decidir sobre los horarios comerciales u otras medidas de menor calado, pero estaban obligadas a recurrir a los jueces para aplicar un confinamiento perimetral o limitar las reuniones entre personas. La novedad de la situación, unida a la falta de jurisprudencia o una doctrina común, provocó situaciones rocambolescas, como que, en el mismo día, un juzgado de Barcelona rechazase limitar las reuniones públicas o privadas en L’Hospitalet a menos de 10 personas, y otro juez de Lleida permitiese esta misma restricción de aforo en la comarca del Segrià.

“Ahora estamos en un déjà vu que podría evitarse: tenemos un cheque en blanco, que es el estado de alarma, y debería prorrogarse, porque si no, nos va a llevar a una situación de mayor heterogeneidad, diversidad y posibles contradicciones entre comunidades. De la noche a la mañana, pasaremos de tenerlo todo controlado, a tenerlo descontrolado y dejarlo todo al arbitrio de las comunidades. Y esto nos mete en un escenario de judicialización de acciones que le corresponden a la autoridad sanitaria”, lamenta López-Acuña. Sin embargo, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, explicaba hace unas semanas a este diario que hay herramientas jurídicas suficientes en el sistema español para dar cobertura a las medidas restrictivas necesarias: “Me preocupa que se cree una cultura de que la limitación de derechos fundamentales es lo normal cuando tendría que ser excepcional. Tenemos herramientas suficientes en el ordenamiento jurídico para tomar decisiones, lo que hace falta es que haya lealtad institucional y que se razone bien a los jueces las medidas que se quieren pedir”.

En cualquier caso, si se repiten las escenas del verano pasado, con los vaivenes jurídicos y el retraso en la toma de medidas, pasará factura a la curva epidémica. “Solo con las medidas que pueden tomar las comunidades puede haber muchos sitios donde no será suficiente y a esos sitios habrá que darles una solución. En esta pandemia ya nos han demostrado que actuar con retraso tiene consecuencias. El tiempo cuenta”, señala Alberto Infante, profesor emérito de la Escuela Nacional de Salud.

Estos son los planes que barajan o ultiman algunas de las comunidades ante el fin del estado de alarma:

Andalucía. El Gobierno andaluz pedirá la aplicación del estado de alarma en Andalucía, si la situación epidemiológica lo requiriera, aunque ahora mismo no se da esa situación, aseguran fuentes cercanas a la presidencia de la Junta. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno tenía previsto reunirse este lunes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrego, para coordinar y recibir asesoría sobre las medidas que tenía previsto aplicar cuando decayera el estado de alarma, pero este jueves Del Río ha confirmado que ese encuentro no tendrá lugar porque si aconsejara “estaría mediatizando” medidas que luego podrían ser objeto de revisión judicial. Las mismas fuentes reconocen que tener que acudir a los tribunales “resta” en la toma de decisiones, pero que “se hará lo que se pueda hacer”.

El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, confirmó el pasado martes que la Consejería de Salud está trabajando en un documento para recoger medidas relacionadas con “horarios, aforos, reuniones en grupo y toques de queda y cierres perimetrales”. En todo caso, fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que quieren esperar a conocer las medidas que adopte el Gobierno central, “ver si se trata de recomendaciones o de obligado cumplimiento”, puntualizan. En cualquier caso, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya expresó su preocupación por lo que pueda pasar cuando decaiga el estado de alarma. “Me preocupa que a partir del 9 de mayo pueda haber algún rebrote en algún municipio o provincia de Andalucía, y yo no tenga instrumentos legales para cerrarlo y evitar contagios a municipios aledaños”, dijo.

Durante el verano, cuando decayó el primer estado de alarma, la Junta estableció limitaciones de aforo o medidas como el uso obligatorio de la mascarilla en las playas apelando a la “emergencia sanitaria” mediante decretos del presidente u órdenes legislativas en desarrollo de la Orden de 25 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.

Aragón. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se mostraba convencido de que “no será necesario” adoptar nuevas medidas de restricción tras la finalización del estado de alarma, “dada la evolución de la pandemia” en la comunidad autónoma y “los efectos que está produciendo la vacunación”.

Con todo, Aragón ya ha desplegado una normativa para dar cobertura jurídica a algunas medidas, como el confinamiento perimetral de zonas concretas. “A partir del día 9, nos planteamos medidas que tendremos bien establecidas respecto a flecos y medidas generales que podemos implementar en toda la comunidad autónoma. En Aragón tenemos una ley que nos permite emitir órdenes que permiten restringir el número de agrupaciones de personas y aforos y horarios de actividades que creemos que tienen que ser limitadas. La ley también establece la posibilidad de realizar confinamientos perimetrales por decreto ley con ratificación en las cortes. Lo único que no podríamos legislar es el toque de queda y el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma”, ha explicado este jueves la consejera de Salud, Sira Ripollés.

Asturias. El Principado de Asturias ha planteado una modificación de la Ley de Salud que permitirá la declaración de emergencia sanitaria y para ello se remiten a la ley nacional de 1986. Este cambio no podrá entrar en vigor antes del fin del estado de alarma salvo que la oposición acepte que sea tramitada por lectura única. El Gobierno asturiano, explica uno de sus portavoces, está sopesando cómo adaptar las medidas actuales como los cierres perimetrales de concejos. Una de las opciones es reducir ese confinamiento a poblaciones concretas con muchos casos de coronavirus para limitar el impacto de estas órdenes. Además, recuerdan que esas posibles cuarentenas deben contar con autorización judicial.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles su intención de actualizar el sistema de medidas 4+ para municipios o localidades cuando se ponga fin al estado de alarma el 9 de mayo y que será anunciado “cuanto antes” y pedirá al ejecutivo nacional medidas para adaptar la limitación de horarios dentro de la comunidad.

Barbón ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez podría declarar otro estado de alarma en el caso de que sea necesario, durante 15 días, y uno que afectara a una comunidad en concreto. “El problema sería la prórroga, ya que, como se ha visto, el líder del PP, Pablo Casado, ya anunció que votaría en contra en el Congreso”, ha dicho. En este sentido, el presidente de Asturias ha explicado que el Consejo Interterritorial de Salud no tiene competencias legislativas, sino que está para analizar la situación. “Ese es uno de los defectos que ha demostrado la pandemia, la necesidad de federalizar el sistema sanitario de salud: con el actual si una comunidad rompe el consenso, pues ya no hay acuerdo”.

Baleares. El Gobierno de Baleares ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno central que articule un marco para que las distintas regiones se vean respaldadas jurídicamente a la hora de tomar medidas que limiten los derechos de los ciudadanos. El Ejecutivo balear no se ha pronunciado sobre las medidas que pretende aplicar cuando decaiga el estado de alarma, pero la presidenta del ejecutivo regional, Francina Armengol, sí ha admitido en más de una ocasión que el final del toque de queda es lo que más le preocupa. “Tenemos que ver cuál es la situación final tras el estado de alarma y las posibilidades jurídicas que tenemos en la Comunidad. Tomaremos las medidas desde el convencimiento de proteger a la población y después tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de Baleares el que decida si ratifica o no las decisiones”, señaló la semana pasada Armengol, que recordó que el Tribunal Superior siempre ha avalado las medidas que se han impulsado en las islas.

Canarias. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado partidario en repetidas ocasiones de establecer mecanismos de control una vez decaiga el estado de alarma, y así se lo ha solicitado al Gobierno central. Entre las medidas extraordinarias barajadas por Torres se encuentra la de que sean obligatorios los controles en los puertos y aeropuertos para viajeros nacionales e internacionales, la necesidad de tener que contar con una prueba PCR o test de antígeno negativo para viajar entre islas y que se establezcan mecanismos que permitan limitar las reuniones de grupos, tanto en espacios públicos como en privados.

Cantabria. El Gobierno de Cantabria (Partido Regionalista de Cantabria en coalición con el PSOE) tiene previsto ajustarse a lo que les permitan las leyes “y consultar previamente a los jueces para evitar problemas”, ha indicado un portavoz. El marco legal, explican estas voces del Ejecutivo, “solo ampara decisiones de Sanidad en base a la situación” y sostienen que el presidente, Miguel Ángel Revilla, perderá la potestad para regular el cierre perimetral, el toque de queda y limitar grupos. “Será Sanidad la que determine las restricciones parciales si son necesarias”, zanjan.

Castilla y León. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha rechazado este jueves un estado de alarma “a la carta”, con lo que respalda el planteamiento realizado por el lehendakari, Íñigo Urkullu, y se vuelve a mostrar en contra de que el Gobierno central “vuelva a pasar la pelota” a las comunidades autónomas tras el 9 de mayo. “Lo que no puede hacer el Gobierno, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar otra vez la pelota a las comunidades autónomas”, ha señalado Francisco Igea tras lamentar que el Ejecutivo haya incumplido su “promesa” de actualizar la Ley de Salud Pública para adaptarla a la situación de pandemia y se plantee ahora no prorrogar el Estado de Alarma.

“Es una obligación del Estado gestionar las pandemias, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, nosotros asumiremos la nuestra, pero quien la tiene que tomar en este momento es el Gobierno”, ha insistido, tras lo que ha afeado que el Ejecutivo esté “nuevamente” en campaña electoral y teme que sus decisiones influyan en el resultado de los comicios en Madrid.

Igea ha insistido en que la Junta será responsable y tomará decisiones dentro de sus competencias para atajar la pandemia tras el 9 de mayo, aunque ha eludido hablar de medidas concretas porque considera que ahora debe actuar el Gobierno central.

Castilla-La Mancha. Se decanta por la posibilidad de que la prórroga de las restricciones se alargue al menos un mes más. El presidente, Emiliano García-Page, ya ha advertido este jueves que “nadie piense que el 9 de mayo acaban las mascarillas ni probablemente el toque de queda”. El socialista ha afirmado ser consciente de que es “doloroso” e “incómodo” el hecho de tener que continuar con las medidas: “Pero es más necesario proteger la vida”. Entiende, ha añadido, que un mes es el periodo necesario “para equilibrar la balanza entre el proceso de vacunación y la necesaria prudencia”. No solo mascarillas y toque de queda, el Gobierno regional también pone sobre la mesa que se mantengan otras decisiones, como el perimetraje.

Por el momento, el Gobierno regional ha informado de que los jueves a partir de ahora se publicarán los decretos con las medidas específicas para los municipios que lo requieran, en una adaptación de las restricciones generales que mantienen. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, asegura que la estabilización de la incidencia acumulada sumada a la campaña de inmunización, hace posible “esta adaptación de medidas”.

Cataluña. La Generalitat busca cómo prorrogar el toque de queda tras el fin del estado de alarma y el president en funciones, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que el Govern trabaja en la modificación de la ley de salud pública para poder dar continuidad a las restricciones, pero ha admitido que en algunos casos se necesitará el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“Tendremos las herramientas de control de la pandemia, aunque tengamos que pasar por la ratificación judicial”, ha asegurado Aragonès en respuesta a una pregunta de Ciudadanos. Las reformas que plantea la Generalitat pasan por modificar la ley de salud pública para fijar que en caso de pandemias o epidemias “las autoridades sanitarias puedan adoptar medidas de limitación de actividad, el desplazamiento de personas y la prestación de servicios”.

Comunidad Valenciana. La Generalitat tiene “todos los instrumentos” a su alcance para mantener las restricciones contra la covid-19 a partir del 9 de mayo. La Comunidad Valenciana no pedirá al Gobierno un estado de alarma “a la carta”, asegura la consejera de Sanidad, Ana Barceló, quien recuerda que la Comunidad adoptó restricciones contra la covid antes de que se declarara el estado de alarma al amparo de la ley de Salud Pública y que fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que en total ha ratificado 13 medidas y ha desestimado ocho recursos contra esas medidas.

El Gobierno valenciano ha garantizado que el tránsito después del 9 de mayo no será abrupto y se mantendrán las restricciones en función de la situación epidemiológica, si bien sus servicios jurídicos buscan algún tipo de encaje legal a las restricciones más duras. En cualquier caso, la Generalitat aprobó a finales de marzo la ley de medidas urgentes de prevención frente a la covid, lo que supone contar con un marco jurídico para las medidas preventivas que permanecerán cuando decaiga el estado de alarma. El próximo 4 de mayo está previsto que el Ejecutivo autonómico concrete lo que sigue en pie y lo que no.

Extremadura. El vicepresidente y consejero de Salud, José María Vergeles, ha vuelto a mostrarse este jueves partidario de que decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. “Nunca será el momento ideal” para combatir al virus sin las herramientas actuales, ha dicho. A propósito de la petición del País Vasco de aplicar un estado de alarma acotado a zonas con más incidencia, Vergeles ha señalado que los gobiernos autonómicos tienen “más medios de los que imaginan” para establecer medidas de control. “Tiene que llegar un momento en el que vivamos libres del estado de alarma”, ha defendido el consejero, ya que está provocando, ha alegado, “un efecto muy claro sobre la fatiga pandémica de la población”.

Vergeles asume la frustración, ha indicado, de los sectores económicos más afectados por las restricciones y ha asegurado que espera que puedan trabajar “juntos” en una propuesta que desvelará el presidente del Ejecutivo regional en el Debate del Estado de la Región, y que estará relacionado con el denominado Semáforo Covid, que se aprobará la próxima semana, para determinar las limitaciones de aforo en función de la incidencia en cada lugar.

Galicia. La Xunta apoya la petición del Gobierno vasco de prorrogar el estado de alarma en todo el Estado. El presidente gallego ha afirmado este jueves que la demanda es “razonable y sensata” porque “no se puede dejar en desamparo legal” a las comunidades. “Necesitamos una red para gestionar” la pandemia hasta que la vacunación haya avanzado lo suficiente para que se alcance la inmunidad de rebaño. El Gobierno gallego considera que el fin del estado de alarma “añade dificultad y variabilidad” a la gestión de la pandemia. Da por imposible el toque de queda y asume que deberá buscar aval judicial para los cierres perimetrales.

La Rioja. Una portavoz del gobierno regional ha señalado que no “hay nada definido” todavía acerca de las restricciones y las medidas que tomará la comunidad tras el 9 de mayo. “La Rioja mantiene una relación permanente con el resto de las comunidades autónomas para planificar de manera coordinada las actuaciones necesarias a partir del 9 de mayo. Estamos trabajando en ese sentido, pero no hay una decisión definitiva. En los encuentros en la Comisión Interterritorial y en diferentes contactos, valoraremos todas las posibilidades”, ha indicado esta portavoz.

Madrid. Tras el decaimiento del estado de alarma, la Comunidad de Madrid no ha decidido aún qué hacer o, al menos, no lo ha hecho público. La pasada semana, durante la rueda de prensa semanal para actualizar la situación de la pandemia en la región, el viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19 Antonio Zapatero aludió, preguntado por esta cuestión, a que habría que esperar para ver “cómo evoluciona” la transmisión del virus. También la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, contestó así esta semana en la entrevista que le realizó este diario: “Dependiendo de cómo evolucione la pandemia, tomaré medidas”. Aseguró que “lo único” que podía hacer era “restringir la actividad comercial”.

En la situación actual de la comunidad, con una incidencia acumulada de 393 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días —muy por encima de los 250 casos que el semáforo del Ministerio de Sanidad marca como el más alto umbral de riesgo—, la presidenta afirmó que prefería esperar: “Estamos viendo que se está estabilizando, que el efecto de la Semana Santa se va a alejando, y si el contagio empieza a disminuir, y se dan las circunstancias, podríamos ampliar la actividad comercial una hora, dos horas… habrá que verlo”.

Cada semana, la Consejería de Sanidad informa sobre cómo avanza el virus en la autonomía y decide las medidas. Pero tanto en las subidas como en las bajadas de la curva de contagios en los últimos meses, Madrid ha permanecido prácticamente con las mismas medidas. Toque de queda a las 23.00; aforo de cuatro personas en interiores de bares y restaurantes y seis en terraza; obligatoriedad de mascarilla en esos establecimientos salvo para comer y beber; para los locales, el requisito de la ventilación mecánica o manual; prohibición de reuniones en domicilios [con excepciones]. Las únicas restricciones que modifican son el número de zonas básicas de salud que se abren o cierran (aunque se puede salir y entrar para cuestiones como citas sanitarias, judiciales, por trabajo o cuidado de menores, mayores y dependientes). Sin embargo, esas zonas no son conocidas por la población ni hay control permanente sobre ellas. Desde que se activaron, en septiembre, ningún análisis ha demostrado su eficacia.

Murcia. Una portavoz del gobierno regional ha recordado que el consejero de Salud, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, expuso a Sanidad que “es imprescindible que las comunidades dispongan de herramientas y de un plan necesario para adoptar medidas y abordar las situaciones epidemiológicas o cualquier tipo de aumento que se registre en alguna comunidad una vez que finalice el estado de alarma en mayo”. Esta portavoz ha lamentado que, “a pesar de las reivindicaciones del Gobierno regional, el Ministerio no ha hecho ninguna referencia a esta petición”.

Navarra. El portavoz del Gobierno navarro y consejero de Presidencia e Interior, Javier Remírez, explicó que el Ejecutivo regional está estudiando el marco legal en el que se encontrará Navarra tras el 9 de mayo. Remírez recordó que, aunque de entrada decaerían los cierres perimetrales y el toque de queda, los tribunales de Navarra han avalado el toque de queda sin estado de alarma y el Gobierno regional estudiará en sus decisiones el margen de legalidad, aunque ha dicho que los antecedentes son “alentadores.”

País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió por carta la semana pasada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una prórroga del estado de alarma, aunque sea con una duración tasada. El dirigente de la comunidad con la incidencia más alta de España (516 casos por 100.000 habitantes en 14 días) ha estimado que la prórroga podría durar uno o dos meses, “hasta tener una situación epidemiológica con una tasa de incidencia por debajo de los 200 casos, primero, y hasta alcanzar el objetivo de los 60 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días”.

Urkullu defendió el jueves otra vez la prórroga tasada y acotada en el tiempo, pese a que la vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, sugiriese la posibilidad de aplicar el estado de alarma por comunidades. Urkullu rechazó este extremo, a la vez que Mendia cuestionó la eficacia de esta posibilidad para contener los contagios con la prórroga que propone Urkullu al asegurar que esa figura “no es la panacea” para ello.

Con información de Eva Saiz, Oriol Güell, Juan Navarro, Àngels Piñol, Camilo S. Baquero, Guillermo Vega, Lucía Bohórquez, Sonia Vizoso, Isabel Valdés y Cristina Vázquez.