Madrid, Andalucía y País Vasco rechazan cumplir las restricciones de Sanidad en la hostelería y el ocio

Las nuevas restricciones contra la covid aprobadas este miércoles por el Consejo Interterritorial de Salud han detonado el enésimo desencuentro entre las comunidades y el Gobierno. La decisión de imponer limitaciones en la hostelería y el ocio nocturno hasta que el 70% de la población española esté vacunada y los mayores de 50 años estén inmunizados ya contó ayer con el rechazo de seis comunidades y este jueves Madrid, Andalucía y País Vasco han insistido en que no acatarán la decisión. El semáforo con niveles de alerta y medidas asociadas al ocio, la hostelería y los eventos multitudinarios, que hasta ahora funcionaba como una guía, será de obligado cumplimiento, pero las autonomías más críticas ven en esta decisión una invasión de competencias. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha pedido que se cumplan las medidas acordadas: “No lo pido porque sea una obligación, sino porque nos conviene a todos”. Las dudas sobre si las decisiones que se adoptan en el Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento han enfrentado al Gobierno y las comunidades a lo largo de la pandemia. No hay una jurisprudencia clara, aunque el Tribunal Supremo ha dado por bueno el carácter obligatorio de esos acuerdos en resoluciones dictadas en los últimos meses.

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La decisión acordada por el Interterritorial implica que, hasta en el mejor de los escenarios epidemiológicos —cuando la incidencia es menor de 25 casos por 100.000 personas—, el ocio nocturno tenga que cerrar a las 3.00 y el máximo de clientes por mesa en la terraza de un bar sea de 10. El problema es que las nuevas medidas del semáforo obligarán a algunas comunidades, como Madrid, a dar marcha atrás en su desescalada. Esta autonomía, que sigue en riesgo alto con una incidencia de 165 casos por 100.000 habitantes, ya aplica medidas que, según el termómetro de Sanidad, corresponderían a la nueva normalidad.

La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que con ella “no cuenten” para las restricciones que ayer se aprobaron. Con esos nuevos protocolos, Madrid tendría que cambiar sus horarios de cierre en hostelería, volver a un máximo de seis personas por mesa en terrazas, cerrar los interiores de bares y restaurantes, no podría abrir el ocio nocturno ni acoger el amistoso España contra Portugal este domingo en el Wanda Metropolitano. Y Madrid no está dispuesta a ello. El consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a recurrir las restricciones al ocio nocturno porque, según arguye, se han tomado “sin ningún consenso ni fundamento” y suponen “un nuevo atropello” del Gobierno central.

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El Gobierno regional mantiene que las medidas del Interterritorial no son de obligado cumplimiento si no hay unanimidad en la votación. “No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que, a nuestro juicio, es absolutamente insensato y perjudicial”, ha dicho Ayuso. La primera parte de su argumento es correcta: la normativa del consejo establece que los acuerdos tienen que ser por consenso, es decir, por unanimidad. La segunda es opinativa y basada en la gestión de la pandemia que ha llevado a cabo el Gobierno autonómico. Madrid está en riesgo alto —es decir, más de 150 casos por 100.000 habitantes—, junto a otros cinco territorios: Andalucía (177), Aragón (156), Melilla (181), País Vasco (198) y La Rioja (186). Con esas cifras, además de los 339 pacientes que aún tienen ingresados en sus unidades de críticos los hospitales madrileños, Ayuso cree que el nuevo semáforo es “una imposición política que no es sanitaria y sí arbitraria”.

La obligatoriedad (o no) de los acuerdos adoptados por el Consejo Interterritorial de Salud ha sido un motivo recurrente de enfrentamiento entre el Gobierno y algunas comunidades durante la pandemia, especialmente cuando, como ahora, no ha estado vigente el estado de alarma, informa Reyes Rincón. Las dudas surgen porque la naturaleza jurídica del Consejo Interterritorial no está regulada, aunque el Ejecutivo defiende que es asimilable a la Conferencia Sectorial, el órgano habitual de cooperación entre el Estado y las comunidades para la mayoría de las materias y que sí tiene una regulación clara en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, de 2015. Y el artículo 151 de esta norma establece que los acuerdos de este órgano no son “de obligado cumplimiento” para las comunidades que hayan votado en contra, salvo cuando la Administración General del Estado “ejerza funciones de coordinación”. En ese caso, añade la norma, los acuerdos serán “de obligado cumplimiento para todas las Administraciones públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto”.

Esta tesis del Ejecutivo tiene el respaldo del Supremo, que aunque no se ha pronunciado específicamente sobre la naturaleza del Interterritorial, sí que lo ha equiparado a la Conferencia Sectorial. Así lo hizo en un auto dictado el 30 de septiembre de 2020 en el que determinaba qué tribunal era el competente para resolver un recurso sobre un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. Al analizar las normas que regulan este órgano, la Sala de lo Contencioso-Administrativo equiparó el Interterritorial a la Conferencia Sectorial y recordó lo establecido en el artículo 151 de la ley del sector público.

La líder madrileña no es la única dirigente regional que se ha pronunciado en contra de este paquete de medidas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que las modificaciones planteadas este miércoles por Sanidad suponen una “invasión de competencias” y evidencian un “desconcierto absoluto” en la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno central, por lo que ha asegurado que Euskadi “seguirá su propia hoja de ruta” y mantendrá las medidas actualizadas el pasado lunes por las instituciones vascas. El Departamento de Salud del Gobierno vasco, de hecho, no participó ni en el debate ni en la votación sobre el documento presentado por el ministerio.

Por su parte, Andalucía ha asegurado que tampoco acatará de momento el último acuerdo del Consejo Interterritorial tras votar en contra del semáforo al considerar que debía ser una recomendación. “Por ahora se seguirá cumpliendo la orden del 7 de mayo tras el estado de alarma”, advierte un portavoz de la Junta. En esa norma, el Gobierno andaluz fijaba que los locales de hostelería abrirían hasta medianoche y las discotecas y el ocio nocturno hasta las dos de la madrugada, con un aforo máximo de ocho personas por mesa en el interior y 10 en el exterior. Según el nuevo semáforo, Andalucía, que se encuentra en riesgo alto con 177 casos por 100.000 habitantes, tendría que cerrar el ocio nocturno.

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, considera que las nuevas medidas “no aportan nada nuevo” a las vigentes en Andalucía y critica que el Gobierno retirara el estado de alarma sin dotar a las comunidades de herramientas jurídicas, y ahora quiera “adoptar medidas de competencia autonómica”. “No es lógico”, censura el consejero.

También Cataluña, Andalucía, Galicia y Murcia votaron en contra de las medidas que aprobó ayer el Consejo Interterritorial. “Vamos a estudiarlo en detalle con la asesoría jurídica para analizar el carácter vinculante y si invade competencias autonómicas”, ha protestado el consejero de Sanidad gallego, Julio García Comesaña. La Xunta ha aclarado, no obstante, que “respetará las medidas que sean de obligado cumplimiento, aunque no las comparta”.

En las seis autonomías críticas viven 29,5 de los 47,5 millones de habitantes que hay en España. Castilla y León y Melilla se abstuvieron y el resto votó a favor. Una mayoría que a Ayuso no le parece legítima. “No tiene sentido a estas alturas, después de no haber hecho nada durante la pandemia, ahora que las cifras son para toda España mucho mejor, que intenten imponer estas normas que directamente atentan contra la normalidad de un encuentro como puede ser la EBAU o las ferias de Ifema o las propias bodas”. La Junta de Castilla y León también ha advertido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que si publica la declaración de actuaciones coordinadas contra la covid que afectan entre otras cuestiones a los horarios del ocio nocturno, aprobadas sin el consenso de todas las comunidades autónomas, las recurrirá legalmente y solicitará medidas cautelares.

Iceta no ha querido adelantar qué va a hacer el Gobierno central ante la negativa de varias autonomías a aplicar las restricciones aprobadas y va a esperar a que todos los dirigentes de las comunidades autónomas lean las medidas en el Boletín Oficial del Estado. “Entonces lo podremos leer todo negro sobre blanco sin ninguna confusión”, ha dicho.

Baleares, sin ocio nocturno

Según una portavoz de Sanidad, la declaración de actuaciones coordinadas que son de obligado cumplimiento y que se publicarán en el BOE son unos acuerdos “de mínimos”. Es decir, que una comunidad puede endurecerlos si lo considera oportuno, pero nunca flexibilizarlos si no cumple los requisitos epidemiológicos del semáforo. Baleares, por ejemplo, es una de las comunidades que tendrá limitaciones más restrictivas de lo acordado: esta comunidad votó a favor del acuerdo aprobado en el Interterritorial y está en una situación epidemiológica favorable —en riesgo bajo, con 38 casos por 100.000—, pero el Ejecutivo regional ha anunciado que no permitirá la apertura del ocio nocturno. El Gobierno de las islas aprobará este viernes un plan para la celebración de actividades culturales y deportivas al aire libre de cara a las dos próximas semanas y trabajará en un plan de desescalada para el sector. La consejera de Salud, Patricia Gómez, afirma que el archipiélago “se juega mucho” y no es comparable la “cantidad de ocio” de Baleares con el de otras comunidades autónomas.

A la espera de la publicación final de las medidas en el BOE y el paso final que den las comunidades que amenazan con no acatar, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha cargado contra las autonomías críticas. “Hay comunidades autónomas que permanentemente en este proceso han ido en contra de la dirección. Nosotros discutimos en el seno del Consejo Interterritorial, la consejera de Sanidad siempre hace propuestas y participa, pero al final somos conscientes de que la ciudadanía merece respeto y que tengamos las menores discrepancias posibles para que haya unidad de acción contra la pandemia. Algunos se ponen permanentemente la bandera de España como si fueran los más españoles del mundo y a la hora de la verdad no acuerdan con el resto de España”.

Con información de Lucía Bohórquez, Pedro Gorospe, Ferran Bono y Javier Martín-Arroyo.