El PSOE se queda solo en su plan de castigar al cliente de prostitución

El PSOE acaba de prometer una ley para abolir la prostitución en esta legislatura. Fue uno de los grandes anuncios de su 40º congreso, celebrado recientemente en Valencia: combatir un negocio alegal pero floreciente en España, donde mueve unos cinco millones de euros al día, según estimaciones del Ministerio de Igualdad. La propuesta socialista irrumpe en un debate viejo y áspero que ha dividido históricamente al feminismo y que se traslada también a los partidos políticos. El PSOE defiende la abolición porque considera que la prostitución es incompatible con los derechos humanos y la igualdad de género. En su propuesta defiende que “sin prostitución no hay trata”, busca penalizar al cliente y al proxeneta, perseguir también a los dueños de los locales y dar una salida alternativa a las mujeres. La única de estas medidas que encuentra gran respaldo del resto de partidos es el apoyo a las mujeres. En el castigo a los clientes el PSOE está, de momento, solo.

No hay datos oficiales para dimensionar la realidad de la prostitución en España, donde miles de mujeres son prostituidas en polígonos, burdeles y, cada vez más, en pisos clandestinos. La mayoría de ellas son extranjeras, no tienen los papeles en regla y son víctimas de trata, es decir, captadas con amenazas o por la fuerza para ser explotadas.

La penalización a los hombres que consumen prostitución, una de las características principales del modelo abolicionista, no consigue de momento el apoyo de ninguno de los partidos mayoritarios, aquellos con grupo propio en el Congreso, a los que EL PAÍS ha enviado un cuestionario preguntando si respaldan o no multar al cliente, perseguir todas las formas de proxenetismo y castigar también a quienes se enriquecen con el alquiler de locales o pisos para ejercer la prostitución, lo que se conoce como tercería locativa.

Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, es el primero que descarta penalizar al cliente, igual que Bildu y Esquerra. Ciudadanos pide que se diferencie entre “las personas que ejercen la prostitución de forma voluntaria y aquellas que son víctimas de mafias” y que solo se penalice a los clientes de estas últimas. PP y PNV no se pronuncian al respecto. No hay datos oficiales, pero estimaciones policiales y de la Fiscalía señalan que entre el 80% y el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata. Vox no ha respondido el cuestionario.

Con apenas dos años de legislatura por delante, el PSOE tiene que pelear por buscar respaldos para su texto. Pero su otra gran dificultad es el tiempo. Por eso no prevé empezar de cero con una nueva ley. Aprovecharán que hay una norma que ya está en tramitación en el Congreso de los Diputados, impulsada por Unidas Podemos y con el aval de todo el Gobierno, sobre la que se puede trabajar. La futura ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, recoge como violencia sexual la explotación de la prostitución ajena, amplía la persecución a los proxenetas y propone castigar con hasta tres años de prisión la tercería locativa, es decir, a quienes tienen locales (pisos, bares, puticlubs) donde se ejerce la prostitución, un aspecto que el PSOE eliminó del Código Penal en 1995.

El Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos (UP), no incluyó el castigo al cliente en los cambios de la ley del solo sí es sí, un planteamiento que el socio de Gobierno no comparte. Fuentes del ministerio señalan que la prioridad “es garantizar los derechos de las mujeres”. Y, en esa línea, consideran que “no se podrá abolir la explotación sexual de mujeres si desde el Estado no se garantizan alternativas vitales a todas ellas. Si no avanzamos en este sentido, lo que pasará es que seguirá habiendo explotación sexual en peores condiciones, con más violencia y vulnerabilidad”.

La ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, ya prevé multas a clientes y también a las mujeres. Entre 2015 y 2020 se pusieron 2.060 sanciones por ofrecer o pedir servicios sexuales en zonas públicas donde pueda haber menores, según los últimos datos del Ministerio de Interior, que no distingue si los multados son clientes o prostitutas. Más de 50 ciudades españolas tienen ordenanzas específicas para perseguir la prostitución. Un informe elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2018 concluyó que estas normativas municipales sancionan más a las mujeres que a los clientes.

“Lo que sabemos tanto por las conversaciones con ellas como por el análisis de la ordenanza en Barcelona es que [la multa al cliente] termina siendo un auténtico problema para las chicas”, explica la portavoz de ERC, Pilar Vallugera. “Cualquier elemento que las perturbe o las sitúe en un marco de vulnerabilidad es un mal servicio a su libertad y al combate contra la trata”, añade.

Tanto UP como PP, en extremos opuestos del arco ideológico, se muestran favorables a ampliar la persecución del proxenetismo, un aspecto que también comparte ERC: “La única persona que debe lucrarse con el ejercicio de la prostitución es la propia mujer”, señala Vallugera, diputada de la formación catalana. El Código Penal actual solo persigue el proxenetismo “coercitivo”, un tipo muy difícil de demostrar en un tribunal. Ciudadanos vuelve a diferenciar entre las víctimas y quienes lo hacen de forma voluntaria y Bildu lo rechaza. El resto de partidos no se pronuncia.

Respecto a la tercería locativa, el PSOE y Unidas Podemos están solos de momento. Este último, además, con división interna. En Comú Podem, el ala catalana de UP, ha presentado una enmienda en el Congreso a la ley del solo sí es sí para que no se penalice. Consideran que esa medida y la de multar al cliente “generan más precariedad y vulnerabilidad a las mujeres que ejercen la prostitución”, explican fuentes de la formación.

En Comú, como la mayoría de partidos catalanes, está más en sintonía con la vía regulacionista (también llamada proderechos) frente a la abolicionista. Propugna despenalizar la prostitución, combatir el estigma y facilitar que las prostitutas tengan mejores condiciones en su actividad. En cambio, el último documento político de Podemos define la prostitución como “un privilegio masculino”. “No es una salida deseable en el horizonte feminista que anhelamos”, afirma el documento. La ministra Irene Montero ha dicho públicamente que ella es abolicionista.

También han planteado una enmienda contra la tercería locativa algunos de los partidos aliados del Gobierno en el Congreso: ERC, Bildu, JxCat y la CUP. Entienden que perseguir a los dueños de los locales puede empeorar la situación de las mujeres, hacerla más clandestina. El PNV, por su parte, pide que haya un debate sosegado sobre el asunto: “Debemos escuchar, analizar datos, debatir y proponer antes de legislar”, explican fuentes del partido.

El PP, partidario de erradicar la prostitución, ha afeado al PSOE que haga un nuevo anuncio cuando “no ha sido capaz de aprobar un plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”, como obliga el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, señalan fuentes de la formación en el Congreso, que recuerdan que el último plan lo aprobó el PP y expiró en 2018.

El Ministerio de Igualdad ha anunciado una segunda ley, contra la trata, de la que está elaborando un borrador. Los socios de Gobierno coinciden con el grueso de la oposición en una idea que llevan años demandando las ONG que atienden a las prostitutas y los actores jurídicos que abren causas contra la explotación sexual: no se puede hablar de acabar con la prostitución sin ofrecer a las mujeres medios para acceder a un trabajo, una casa, a los servicios de salud y a la educación. Igualdad defiende además que, como reclaman ONG como Médicos del Mundo, se reforme la ley de extranjería para garantizar ese acceso también a las mujeres que están en una situación administrativa irregular. Calculan que son hasta el 80% de las que están prostituidas.

Letra pequeña

La ley del solo sí es sí incluye una definición más amplia del proxenetismo de la que recoge hoy el Código Penal. Es uno de los aspectos que ha pedido recurrentemente la Fiscalía General del Estado en sus memorias, en las que alerta de la dificultad de perseguir este delito. Pero la futura ley incluye un término, la “explotación” de la prostitución, que según ha fijado el Tribunal Supremo obliga a demostrar que se dan condiciones abusivas que son muy difíciles de poner en pie en un tribunal, según señala Beatriz Sánchez, fiscal en una unidad especializada en trata y tráfico de personas de la Fiscalía General del Estado. Sánchez pide que el texto vaya más allá si realmente quiere ser una norma abolicionista: “La futura ley no penaliza todas las formas de proxenetismo. Necesitamos que quede claro que se persigue a cualquier persona que empuje a otra a ejercer la prostitución o se lucre de la prostitución ajena, sin más requisitos, porque mostrar la vulnerabilidad o el engaño se convierte en una prueba diabólica en un tribunal”.

El PSOE aprovechará la fase de enmiendas para proponer cambios en la línea que indica la fiscal. “Creemos que podemos mejorar la redacción y ser más garantistas para prevenir la explotación sexual, esta ley es una oportunidad para incorporar medidas abolicionistas”, explica la diputada socialista Laura Berja.

No es la primera vez que el PSOE promete atajar la prostitución. En 2018, tras la polémica por la aprobación del primer sindicato de prostitutas en España, que acabó en los tribunales y cuya existencia avaló parcialmente el pasado junio el Supremo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que promovería una ley contra la trata y la explotación sexual. El Consejo Asesor de Igualdad del PSOE llegó a elaborar una propuesta muy detallada: multas a los clientes, persecución a los proxenetas y la tercería locativa, pero la propuesta se quedó en un cajón “porque no hubo suficiente empeño”, señala una de las personas que redactó el proyecto. Berja valora que fue una legislatura “complicada” y que se priorizó el desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género.

La propuesta del PSOE de 2018 contemplaba multas de 12 a 24 meses para los clientes, que oscilarían entre los 720 y los 288.000 euros. “En ningún caso será sancionada la persona que presta el acto de naturaleza sexual”, decía aquel borrador. Los socialistas aún no han decidido si propondrán incluir en la ley del solo sí es sí o dejarán para el futuro ese castigo al putero, una medida con la que, de momento, están solos.