Agricultura se enfrenta a Consumo por Nutri-Score: “Va en contra de la dieta mediterránea”

El Ministerio de Agricultura se enfrenta al de Consumo por Nutri-Score, el futuro etiquetado voluntario para los alimentos. El departamento de Luis Planas (PSOE) considera que algunos aspectos del semáforo nutricional “pueden orientar a los consumidores a pautas de consumo alejadas de la dieta mediterránea” y aboga por no aprobarlo hasta que la Comisión Europea tome una decisión sobre su idoneidad, algo en principio previsto para finales de 2022. Mientras, el de Alberto Garzón (Unidas Podemos) sigue decidido a instaurarlo: “Figura en el Acuerdo de Coalición y estamos seguros de que se va a cumplir”, dicen desde Consumo. La batalla entre ambas facciones del Gobierno hace complicado que el etiquetado llegue este año, como había prometido Garzón.

Nutri-Score es un semáforo nutricional —que no sustituye a la etiqueta actual— que califica los alimentos de más a menos saludables (de la A a la E y del verde al rojo) y lo plasma en un sencillo etiquetado frontal, que se ve de un vistazo al elegir el producto. El algoritmo —elaborado en Oxford y adaptado por el Consejo Superior de Salud Pública de Francia— valora como negativo que un alimento tenga muchas calorías, azúcares, grasas saturadas y sal, mientras que ve positivo el porcentaje de frutas, verduras, fibra, proteínas, y aceites de oliva, colza o nuez (por ser los tres ricos en ácido oleico), y hace una nota media.

Numerosos científicos han pedido que se aplique cuanto antes para ayudar a los consumidores a elegir productos más sanos, aunque muchos nutricionistas critican que la industria alimentaria puede “trucar” el algoritmo para obtener mejores calificaciones (por ejemplo, añadiendo fibra o proteínas a alimentos insanos). Además, no mide el grado de procesamiento, por lo que hay ultraprocesados con buenas notas. Pero, sobre todo, el semáforo nutricional ha enervado al sector olivarero, que considera una estafa que el aceite de oliva virgen extra obtenga la misma nota (C) que los de nuez y colza, y a otros sectores como el jamón y los embutidos ibéricos y los quesos tradicionales, todos ellos con malas notas por su alto contenido en grasas. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), el grupo de presión de la industria alimentaria, tampoco es favorable a esta regulación hasta que no haya consenso europeo.

Planas ha hecho varias declaraciones criticando Nutri-Score, pero ahora el ministerio hace suyas estas reivindicaciones y las convierte en su postura oficial. “Algunos aspectos de Nutri-Score pueden orientar a los consumidores a pautas de consumo alejados de la dieta mediterránea, que es un referente mundial de dieta saludable, moderada, equilibrada, variada y sostenible”, explica a EL PAÍS un portavoz de Agricultura. “Numerosos estudios relacionan esta dieta con una menor prevalencia de distintas enfermedades y con una mayor longevidad y calidad de vida”, añade.

Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuesta por retrasar su aplicación a la espera de que la Comisión Europea elabore una propuesta legislativa sobre el etiquetado frontal voluntario (denominado FOPNL), que podría ser Nutri-Score u otro de los disponibles, o incluso continuar sin regularlo. Se espera una decisión durante 2022, probablemente a finales de año. “Una vez presentada la propuesta realizada por la Comisión, España podrá elegir el modelo más conveniente, en función de su contenido, y podrá defender que se tengan en cuenta las características específicas de la dieta mediterránea”, prosigue el portavoz de Agricultura. El PP, que en mayo de 2020 exigió en el Senado instaurar Nutri-Score en tres meses, ha cambiado su postura y ahora defiende lo mismo que Planas.

“Hay que cumplir los compromisos”

A pesar de esta oposición, Consumo sigue adelante con la norma. “Hace dos años se firmó un acuerdo de gobierno para esta legislatura y los compromisos hay que cumplirlos. Estamos seguros de que se va a hacer, no barajamos otra posibilidad”, confirma un portavoz ministerial. El acuerdo señala: “Reduciremos el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional”.

Este ministerio defiende que el sistema es el que cuenta con más apoyo por parte de científicos, asociaciones de consumidores y especialistas en nutrición, y que todos los cambios en el algoritmo (como el que mejoró la nota del aceite de oliva de D a C) están basados en la ciencia y la salud pública. Garzón se comprometió a aprobar Nutri-Score en 2020, y luego retrasó la promesa a finales de 2021. Sin embargo, quedan poco más de dos meses para final de año y no se atisba el decreto que debe regularlo.

Para complicar más la situación, ya hay empresas en España que muestran su nota de Nutri-Score en sus productos, como los supermercados Eroski, Caprabo, Carrefour, Alcampo, Lidl o Aldi o las marcas Danone y Nestlé —que son partidarias de su aplicación—. Dado que no hay una regulación, las empresas pueden decidir ponerlo en algunos productos y no hacerlo en otros (los más insanos). Consumo defiende que, si se regulara, las empresas que decidieran usarlo tendrían que ponerlo en todos sus productos. Además, no se está planteando que este etiquetado sea obligatorio —algo que solo podría decidir la Comisión—, por lo que las empresas siempre pueden optar por no ponerlo.