La lucha por la despenalización del aborto llama a las puertas de la Corte en Colombia

Un grupo de mujeres baila y canta un reguetón frente a la Corte Constitucional de Colombia en el centro de Bogotá. Ondean pañuelos verdes y entonan un mensaje claro: “Yo no soy delincuente, no soy criminal. Eliminen el delito del Código Penal”. Detrás de ellas, un hombre solo, vestido de amarillo, reza arrodillado. Dentro, en el edificio del tribunal, está a punto de tomarse una de las decisiones más importantes para las mujeres del país. En la radio, termómetro de la vida social colombiana, un locutor informa: “La Corte debatirá dos temas de gran importancia: la tutela del expresidente Álvaro Uribe y la despenalización del aborto”.

Los magistrados de la Corte tienen en sus manos la eliminación del delito de aborto, contemplado en el Código Penal colombiano, con penas de 16 a 54 meses, por el que son criminalizadas anualmente 400 mujeres. Hace más de un año, el movimiento feminista Causa Justa presentó una demanda para que el tribunal analizara la ineficacia de ese delito. La Corte, tras analizar 114 escritos técnicos de expertos en salud, derecho penal y libertad de conciencia, tomará una decisión a finales de esta semana.

En Colombia, el aborto es un derecho desde 2006 en el marco de tres causales: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. Sin embargo, la existencia del delito ha hecho que, en la práctica, las mujeres se sigan enfrentando a multitud de barreras para acceder a su derecho. Los abortos ilegales e inseguros han seguido haciéndose en el país, en ocasiones con consecuencias mortales. Ese es solo uno de los 90 argumentos que el movimiento ha presentado en su demanda.

A unas calles del Tribunal, mientras un centenar de mujeres lee uno a uno esos argumentos, Ana Cristina González, pionera del movimiento que aglutina a 99 organizaciones feministas, imagina el escenario para la vida cotidiana de las mujeres en el caso de que la Corte diga sí. “Si lo eliminan, no podrán volver a ser perseguidas, ni amenazadas, ni castigadas. Esos términos no son sinónimos: hay una parte del delito que las castiga socialmente, con lo que deben vivir cuando acuden a un hospital y son denunciadas. Se tendrían que cerrar los casos en la Fiscalía. Ese es un efecto material inmediato”, explica González, médica y Phd en Bioética, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir.

El reciente informe Criminalización por el delito de aborto en Colombia señaló que entre 2006, cuando se aprobó la despenalización parcial, y 2019, 346 mujeres han sido sancionadas, una cuarta parte de ellas son menores de entre 14 y 17 años. El estudio también constató que las más perseguidas penalmente son las campesinas. “Lo más grave es que descubrimos es que el delito de aborto se condena más que la violencia”, añade González. De acuerdo con el informe, las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos penales cuando son víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual. Al menos el 42% de las que son judicializadas han sido víctimas de violencia de género.

Para González, otro efecto de la decisión de los magistrados será simbólico pero de alto impacto. “La Corte le estaría diciendo al país que toma decisiones que apuntan a eliminar la discriminación de las mujeres. Haría justicia con las mujeres. Significaría que el tribunal reconoce a las mujeres como sujetos morales plenos, con conciencia y con capacidad de tomar decisiones, cosa que todas sabemos”, explica González, que suele repetir que la eliminación del delito de aborto es una propuesta pacífica: “No obliga a nadie a abortar, pero a quienes sí lo harían les garantiza que sea de manera segura y con legitimidad, no sintiéndose unas criminales”.

El movimiento feminista en Colombia está exultante. Nunca antes vieron tan cerca la posibilidad de la eliminación del delito. González dice que no es “victorista”, aunque sí asegura que hay señales de que es un buen momento para que el tribunal tome esa decisión. Por una parte, hay un grupo de magistrados de corte liberal y se estudian dos ponencias diferentes que apuntan a la despenalización. Además, la conversación social sobre el aborto se ha movido de la discusión tradicional “aborto sí/ aborto no”. De acuerdo con una encuesta de Cifras y Conceptos, solo el 20% de los colombianos apoya que las mujeres que abortan vayan a la cárcel. “Hoy la Corte estaría muy acompañada en su decisión de eliminar el delito”, señala la pionera de Causa Justa.

El uso excesivo del derecho penal, que resulta costoso para el Estado, ha sido otro de los argumentos de la demanda. “El delito no ha sido eficaz, ni justo, tampoco ha protegido la vida en gestación. En otras palabras, la existencia del delito no evita el aborto”, sostiene la abogada Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

De acuerdo con cifras del movimiento, cerca el 90% de los abortos que se hacen en Colombia ocurren de forma clandestina, generando riesgos de complicaciones médicas que terminan siendo asumidas por el sistema de salud. La ginecobstetra Laura Gil, fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, lo ha contabilizado. “En estos 12 años, el sistema de salud usó 12.000 millones de pesos para atender las complicaciones. Un dinero que habría podido destinar a educar en anticoncepción, para que las mujeres no tengan que llegar al aborto, que es lo que todos queremos”, apunta.

El mundo de las clínicas clandestinas

Mientras la Corte toma su decisión, el aborto sigue ocurriendo de forma clandestina y las clínicas ilegales están a la vista de todos. En el céntrico barrio de Teusaquillo, en Bogotá, hay una zona donde confluyen fundaciones privadas legales (como Profamilia y Oriéntame, que hacen educación sexual e interrupciones del embarazo con protocolos seguros) al lado de centros clandestinos donde se hacen abortos. En muchas ocasiones están en calles enfrentadas o a pocas cuadras unas de otras.

Alrededor de esas calles pululan los llamados “tarjeteros”, hombres que abordan a mujeres y las invitan a las clínicas clandestinas ofreciendo “mejores precios que en los sitios legales”. “Señorita, ¿usted busca una interrupción?”, dice uno después de perseguir unos metros a esta periodista, que se dirigía a una clínica legal a preguntar cómo son los procedimientos.

“No vaya allá, venga con nosotros que es más barato. La atiende una doctora, le cobra 180.000 pesos (cerca de 50 dólares) y la deja limpiecita”, insiste el hombre, que se presenta como Carlos, mientras hacía un gesto sobre su estómago y enfatiza: “se queda limpia”. Después de preguntar las semanas de embarazo y de hablar de las tres jóvenes que llevó esa mañana, señala la “clínica”: una fachada de un local de ecografías, que despistaría a cualquiera. “¿Y cómo sé si es una médica de verdad?, ¿y si se complica qué pasa?, ¿no me detienen al salir?”. No hay respuesta.

“La criminalización del aborto favorece la existencia de esos sitios. Siempre hay personajes que se benefician”, asegura Laura Gil. La médica explica que en esos lugares clandestinos les suelen quitar los celulares a las mujeres y no se sabe si quienes hacen los procedimientos son realmente médicos. “Hemos recibido denuncias de mujeres que han sido abusadas durante el aborto o que sufren complicaciones en esos lugares y las tiran en las entradas de los hospitales”, explica la ginecobstetra, al insistir en que la despenalización del aborto haría que las mujeres vayan a lugares seguros y se evitarían muertes maternas.

Bajo la metodología de Marie Stopes, una organización internacional de derechos reproductivos, el movimiento de Colombia hizo un análisis sobre 60.000 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en los últimos doce años en Oriéntame (fundación privada legal) y concluyó que se evitaron 16 muertes maternas, 25.000 nuevos embarazos no deseados y 10.000 nuevos abortos. “Si las causales se cumplieran se habrían evitado 48 muertes maternas al año”, indica Gil.

Además de las mujeres, los profesionales de la salud serían los otros beneficiados de la eliminación del delito de aborto. Por temor a aparecer como “cómplices”, los doctores son quienes más denuncian a las mujeres ante las autoridades que, en algunos casos, llegan a capturarlas en los propios centros médicos. “Si la Corte dice sí, tendría efecto también para ellos, no podrían ser castigados con cárcel. La regulación del servicio de aborto no se podría hacer nunca más a través del derecho penal ni de la amenaza de cárcel, sino a través de regulaciones sanitarias y de los estándares internacionales de derechos humanos”, dice Valeria Pedraza, abogada de Women’s Link Worldwide, otra de las organizaciones que interpuso la demanda.

Mientras el debate toma las redes sociales, el silencio de los grupos conservadores y religiosos durante este año ha llamado la atención del movimiento feminista. Usualmente abordan a las mujeres a las puertas de las clínicas legales y hacen jornadas de oración, pero la semana pasada, cuando se creía que estarían frente a la Corte, no se hicieron visibles.

Las feministas esperan que este 19 de noviembre, la fecha máxima para tomar la decisión, la radio informe de que abortar en Colombia ya no llevará a las mujeres a la cárcel.

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