El Tribunal Supremo de EE UU deja en manos de las clínicas desafiar la ley contra el aborto de Texas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido este viernes un dictamen que supone una victoria agridulce para los defensores del derecho al aborto. La Corte ha decretado que se mantenga en vigor la polémica ley del aborto en Texas, que prohíbe la interrupción del embarazo en las primeras seis semanas de gestación, pero deja abierta la puerta para que las clínicas que efectúan estos procedimientos desafíen la ley y puedan pelear la impugnación de la norma en tribunales federales. La decisión de la máxima autoridad judicial del país devuelve de esta manera el caso a instancias inferiores, dejando la puerta abierta a que la ley pueda ser suspendida de nuevo.

El pasado 1 de septiembre, ante el silencio del Tribunal Supremo, que en un nuevo gesto de la mayoría conservadora, entraba en vigor una de las leyes más restrictivas contra el aborto del país. La conocida como S.B 8 (Senate Bill 8 o Texas heartbeat, la ley del latido de Texas) prohíbe la interrupción del embarazo desde las seis semanas de gestación, incluso en casos de violación o incesto, una vez que se detectan los latidos del corazón del embrión, cuando la mujer ni siquiera es conocedora de su embarazo.

Pocos días después, la Administración de Joe Biden reaccionaba contra la legislación aprobada por Texas por considerar que violaba la Constitución, bajo cuyo paraguas otorga, desde 1973, el derecho a las mujeres a abortar. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguraba que el Gobierno federal protegería a las clínicas abortistas en caso de que sufrieran ataques. Los magistrados del Supremo no han entrado este viernes a valorar si la legislación de Texas viola el derecho al aborto, que fue reconocido en EE UU a raíz del fallo en el caso Roe contra Wade, en el que se estableció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.

El derecho de las mujeres a abortar entraba en una lucha de instancias de poderes judiciales. En octubre, un juez federal de Austin (Texas) bloqueaba temporalmente la aplicación de la restrictiva ley. El fallo del magistrado Robert Pitman se inscribía en la pugna entre el Estado, gobernado por el republicano Greg Abbott, y la Administración de Biden.

La ley tejana fue diseñada para esquivar el potencial bloqueo de los tribunales federales al delegar la responsabilidad de aplicar la ley al ciudadano de a pie y no a las autoridades estatales, quienes suelen ser los acusados en las demandas que buscan frenar una normativa inconstitucional. El Supremo escuchó los argumentos sobre la ley de Texas el pasado 31 de octubre.

Con la decisión de hoy se entra en un bucle judicial que sigue perjudicando a las mujeres que sufren impotentes no poder acceder al aborto en el Estado de Texas. Con casi total seguridad, Texas interpondrá un recurso y el caso acabará de nuevo en otra corte de apelaciones, desde donde volverá al Tribunal Supremo. De los nueve jueces del Supremo, ocho votaron a favor de permitir que el caso de las clínicas siga su curso en cortes inferiores, mientras que el magistrado conservador Clarence Thomas se posicionó en contra. Para la jueza Sonia Sotomayor, quien escribió el alegato de parte de sus colegas progresistas, la corte debería haber ido mucho más lejos y haber bloqueado la entrada en vigor de la ley cuando tuvo la oportunidad en septiembre, mientras se desarrollaba el proceso de apelaciones. “El Tribunal debería haber puesto fin a esta locura hace meses, antes de que S. B. 8 entrara en vigor por primera vez”, dijo.

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