La Iglesia española queda rezagada en las investigaciones de los abusos sexuales

Por los abusos sexuales a menores en la Iglesia han dimitido obispos en varios países. Otros han asumido su responsabilidad y han reconocido un fracaso “sistémico” o “institucional” de las cúpulas eclesiásticas. Se han desembolsado centenares de millones de dólares en compensaciones para las víctimas. Y en algunos casos las conferencias episcopales han sufragado comisiones independientes para que llegasen hasta el fondo de los crímenes y delitos cometidos en las últimas décadas por sacerdotes y otro personal religioso.

Ninguna de las acciones citadas en el párrafo anterrior ha ocurrido en España, uno de los países, junto a Italia, con mayor arraigo histórico del catolicismo. Son decisiones de la jerarquía católica en países como Estados Unidos, Alemania o Francia, con frecuencia forzadas por las demandas judiciales, las revelaciones periodísticas o la presión de los fieles y la opinión pública. España, como Italia, ha quedado rezagadas en un movimiento que, desde hace dos décadas, ha abocado a la Iglesia a mirar de frente sus pecados y rendir cuentas.

EL PAÍS entregó el 2 de diciembre al Papa Francisco un informe con 251 casos de abusos investigados. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Juan José Omella, también recibió la lista. Esta semana un portavoz de los obispos españoles se desmarcó de la investigación al asegurar que el Vaticano, en concreto la Congregación de la Doctrina de la Fe, se ocupaba de ella. “La CEE”, alegó, “no tiene competencia para investigar”.

Nadie, entre varias conferencias episcopales consultadas en otros países donde sí se han puesto en marcha investigaciones ambiciosas e incómodas para la jerarquía, desea valorar la posición de los obispos españoles. “La Conferencia Episcopal Alemania no se pronuncia sobre la Iglesia española”, declara Mathias Koop, portavoz de los obispos católicos alemanes.

Pero la reacción española –o la italiana– a los escándalos que empezaron a salir a la luz al principio del milenio contrasta con la de países como Estados Unidos o Irlanda, pioneros en esta cuestión. E incluso con la de algunas cúpulas eclesiásticas que durante años minimizaron o se desentendieron en sus países del problema y que ahora han decidido afrontarlo, como Francia o Portugal.

“Durante demasiado tiempo, la reputación y el honor de la Iglesia fueron prioritarias por encima de la escucha, el respeto y la protección de las víctimas”, recuerda Hugues de Woillemont, secretario general y portavoz de la Conferencia de los Obispos de Francia (COF). En este país todo dio un vuelco en 2016, cuando las revelaciones sobre los abusos cometidos por sacerdote en Lyon desataron un alud de denuncias y fueron un electrochoque para la sociedad. La solución, adoptada por la COF y la Conferencia de los Religiosos y las Religiosas de Francia, consistió en convocar una comisión independiente que dirigiría el alto funcionario Jean-Marc Sauvé.

“Los obispos entendieron que no podían investigarlo ellos mismos, porque habrían sido juez y parte”, explica el padre De Woillemont. “Una mirada exterior permitía hacer este trabajo”.

El informe Sauvé, publicado en octubre tras más de dos años de trabajo, es demoledor. Concluye que hubo un mínimo de 216.000 víctimas entre 1950 y 2020 de agresiones sexuales a menores perpetradas por entre 2.900 y 3.200 sacerdotes y otros responsables eclesiásticos. No se trata de una lista de víctimas y agresores concretos sino de una estimación estadística; de ahí lo abultado de la cifra en contraste con los casos documentados por comisiones e investigaciones en otros lugares.

En Portugal, la Conferencia Episcopal ha adoptado una vía similar a la francesa con la creación, anunciada en noviembre, de una comisión independiente para investigar los abusos. Al igual que en Francia, la comisión la financiará la Iglesia y la presidirá una personalidad externa, el psiquiatra Pedro Strecht, quien eligió a los restantes miembros: un exministro de Justicia, una socióloga de la Universidad de Lisboa, una cineasta, una terapeuta familiar y otro psiquiatra. Los trabajos comenzarán en enero.

Los resultados de la comisión Sauvé en Francia, o la iniciativa portuguesa, evidencian el cambio profundo en la Iglesia católica desde que en 2002 el diario Boston Globe empezó a revelar los abusos en la diócesis de Massachusetts, y la connivencia de una jerarquía que trasladaba de parroquia a los sacerdotes pedófilos en vez de apartarlos del magisterio.

El entonces Papa Juan Pablo II omitió las denuncias: la práctica habitual consistía en minimizar las agresiones. El cardenal Bernard Law, arzobispo de Boston en el momento de las revelaciones y en los años anteriores, renunció al cargo, pero nunca declaró ante los tribunales pese a que el Boston Globe lo definió como una “figura clave” en el escándalo. Law murió en Roma, amparado por el Vaticano.

Según datos de la Conferencia Episcopal de EE UU, citados por el portal BishopAccountability,org, 7.002 religiosos han sido acusados “no inverosímilmente” o “creíblemente” de abusos sexuales en este país entre los años cincuenta y 2018. Los obispos estadounidenses han contado 20.000 víctimas en el mismo periodo.

Muy pocos de los acusados han sido condenados y aún menos encarcelados. La Iglesia estadounidense ha optado por cerrar acuerdos millonarios con las víctimas para evitar los tribunales, hasta pagar más de 3.000 millones de dólares (casi 2.600 millones de euros) en compensaciones, lo que ha dejado en bancarrota a decenas de diócesis.

En Irlanda, otro de los países donde primero estallaron los escándalos y donde se documentaron casi 15.000 casos de abusos cometidos en los últimos 50 años, no fue la Iglesia la que tomó la iniciativa y permitió que afloraran los abusos, sino el Estado. El proceso de compensación a las víctimas lo promovió el propio Gobierno y costó 1.500 millones de euros, cinco veces más que la estimación inicial y de los que la Iglesia solo aportó 192 millones.

El riesgo de una bancarrota ante un aluvión de demandas o acuerdos sobre reparaciones millonarias puede explicar, en parte, las reticencias de la Iglesia de algunos países a embarcarse en investigaciones del resultado incierto.

“Para nosotros esto no es un riesgo, sino una voluntad de ir hasta el final”, tercia Hugues de Woillemont, de la Conferencia de los Obispos de Francia, ante la posibilidad de que la Iglesia francesa deba sufragar compensaciones costosas tras asumir las responsabilidades reveladas en el informe Sauvé.

En noviembre, un mes después de la publicación del informe Sauvé, la Asamblea plenaria de los obispos franceses, reunida en Lourdes, anunció que usará dinero de la venta de bienes inmuebles para indemnizar a las víctimas, entre otras medidas para reparar a las víctimas. “La Iglesia se empobrecerá”, admite De Woillemont. “Se lo debemos a las víctimas”.

Como en Alemania, donde el cardenal Reinhard Marx ha admitido que “se ha mirado hacia otro lado, se ha ocultado” y ha reconocido un “fracaso institucional”, en Francia los obispos franceses han asumido “la responsabilidad institucional de la Iglesia en las violencias que tantas víctimas han sufrido” y reconocen “la dimensión sistémica de estas violencias”.

En Alemania, la admisión de responsabilidades fue el resultado de un informe que los obispos encargaron a tres universidades y que en 2018 documentó 3.677 casos de abusos cometidos por 1.670 clérigos en los últimos setenta años. El pasado junio, el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, presentó la dimisión al Papa, que este rechazó con la petición que trabajase para “ventilar esta realidad de los abusos y de cómo procedió la Iglesia”.

El informé Sauvé cita EE UU, Alemania e Irlanda como antecedentes. También a Chile. Los casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia explotaron en este país en 2002.

“Pero el cardenal Francisco Javier Errázuriz [que presidía entonces la conferencia episcopal chilena], llegó a decir que menos mal que en Chile los casos eran ‘poquitos’, siendo que él tenía información de muchos casos”, dice José Andrés Murillo, una de las víctimas en el llamado caso Karadima y hoy presidente de Fundación para la Confianza, que trabaja en la prevención de los abusos. La cantidad total de víctimas todavía resulta un misterio, pero las denuncias han azotado a varias congregaciones, como la jesuita o la marista.

La magnitud de lo ocurrido en un país relativamente pequeño y el comportamiento de la jerarquía de la Iglesia católica local, convirtió a Chile en un ejemplo en el mundo. Tras el viaje del Papa Francisco a Chile en 2018, donde defendió a un obispo acusado de encubrimiento, el Pontífice tuvo que pedir perdón, inició una limpieza de la cúpula eclesiástica chilena y recibió a tres de las víctimas de mayor simbolismo en el Vaticano.

Desde entonces no se han advertido grandes cambios en Chile, según Murillo, quien fue invitado por el Papa para escuchar su testimonio. “Todo ha quedado en absolutamente nada”, sostiene.

Y es cierto que queda mucho por hacer y hay daños irreparables, pero algunos países han ido más rápido y otros más lentos a la hora de investigar y rendir cuentas. Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, lo explica por una conjunción de factores. Uno es la facilidad en Estados Unidos para que la prensa designe a los acusados de abusos: las investigaciones periodísticas, en efecto, tuvieron un papel decisivo a la hora de forzar a la Iglesia a romper el silencio

“Tenemos leyes sobre la privacidad y la difamación menos estrictas”, dice Barrett Doyle. “Hay un derecho de prensa más liberal. A los periodistas les está permitido publicar el nombre de sacerdotes que haya sido denunciados”.

Nicholas P. Cafardi, especialista en derecho civil y canónico y decano emérito y profesor de Derecho en la Universidad de Duquesne en Pensilvania, subraya que los países donde primero estallaron casos de abusos, como Estados Unidos e Irlanda, están regidos por la common law, el derecho de tradición anglosajona. Los países que más han tardado, entre los que incluye Francia e Italia, siguen la tradición del código civil napoleónico y el derecho romano.

Cafardi explica que el sistema anglosajón permite a las personas agraviadas por una conducta o negligencia de otra personas acudir fácilmente a los tribunales. Y añade: “Las víctimas de curas pedófilos podían hacer esto y lo hacían en los países de la common law. Era mas difícil, si no imposible, en los países de derecho civil, aunque en años recientes ha empezado a cambiar”.

Al marco legal, podría sumarse un factor cultural entre países con tradición de transparencia y países latinos con una inclinación a lavar los trapos sucios en casa. El recorrido, sin embargo, ha sido común en la mayoría: de la negación o la relativización a la asunción de responsabilidades y la adopción de medidas contundentes. El límite de estas iniciativas es la prescripción de crímenes y delitos que en muchos casos sucedieron hace décadas y en los que los agresores, a veces, han muerto.

En octubre, al presentarse el informe de la comisión Sauvé, la presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia, Véronique Margron, declaró a EL PAÍS: “Solo puedo deplorar que grandes países de una gran tradición católica como España o Italia no hayan comenzado este trabajo. Me atrevo a pensar que el trabajo [de la comisión] quizás inspire a otras iglesias para hablar de esto”.

El temor, en algunos sectores de la Iglesia es que si se lava la ropa sucia en público se debilite aún más una institución ya erosionada en Europa por la pérdida de fieles y vocaciones. A la pregunta sobre si la Iglesia francesa sale más fuerte o más débil de la reciente investigación sobre los abusos, De Woillemont, secretario general de la Conferencia de los Obispos de Francia, responde: “Creo que sale más humilde y habiendo comenzado a hacer seriamente el trabajo de luz y verdad”.

Con información de: Tereixa Constenla (Lisboa), Eva Millán (Londres), Enrique Müller (Berlín), Javier Lafuente (México), María Antonia Sánchez-Vallejo (Nueva York) y Silvia Ayuso (París).