Cinco entidades acusan al Gobierno de bloquear los objetivos de su propio plan contra la obesidad infantil

Representantes de cinco de las principales entidades que participaron en la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, presentado por Pedro Sánchez en 2022, han enviado una carta a la revista científica The Lancet acusando al Gobierno de bloquear los objetivos de su propia iniciativa al no aprobar el decreto sobre publicidad de alimentos insanos dirigida a menores. “Elaborar un plan contando con los expertos y luego paralizar la principal medida que hemos pedido es una contradicción absoluta, algo incomprensible”, explica a EL PAÍS Miguel Ángel Royo-Bordonada, uno de los firmantes de la misiva. El decreto, elaborado por el Ministerio de Consumo, ha pasado todos los trámites preceptivos y está a la espera de su aprobación desde julio, y diversas fuentes acusan al Ministerio de Agricultura de paralizarlo, algo que niegan desde el departamento de Luis Planas.

“Como miembros de organizaciones oficiales, científicas, no gubernamentales y de la sociedad civil que hemos participado activamente en la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, pedimos al Gobierno español que apruebe cuanto antes el real decreto que regula la publicidad de alimentos y bebidas insanos dirigida a los niños”, señala la carta, firmada por Cristina Junquera-Abaitua, directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia de Unicef; Jesús Vioque, que coordina el grupo sobre Nutrición en la Sociedad Española de Epidemiología (SEE); Luisa María Capellán, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa); Santiago F. Gómez, experto de la Fundación Gasol; y el propio Royo-Bordonada, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y uno de los mayores expertos del país en obesidad infantil.

El documento señala que el decreto elaborado por el departamento de Alberto Garzón está basado en las recomendaciones de Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS), y numerosas sociedades científicas de salud pública, nutrición y pediatría, y que “contribuirá sustancialmente a la protección de los derechos de los niños y adolescentes, así como a la promoción de la salud pública”. Sin embargo, “los informes desfavorables de algunos de los ministerios [...] están impidiendo el avance de los procesos de regulación contra la publicidad de alimentos poco saludables. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha mostrado públicamente a favor de la autorregulación (la postura defendida por la industria alimentaria) a pesar de que el hecho de que, según la evidencia científica, la autorregulación no es efectiva para proteger a niños y adolescentes”, prosigue.

En opinión de los firmantes, “esta situación supone un bloqueo para la consecución de los objetivos establecidos en el plan”, por lo que exigen a todos los ministerios implicados —hasta 15, según el propio plan— que trabajen cuanto antes “para alcanzar un consenso basado en el borrador publicado por el Ministerio de Consumo y lograr que el real decreto sea aprobado”.

Royo-Bordonada explica la importancia de esta petición: “La regulación de la publicidad dirigida a menores es una medida fundamental y prioritaria para combatir la obesidad infantil. Por eso lo redactamos y lo plasmamos en el plan contra la obesidad infantil”. De hecho, ese documento estatal propone “establecer una normativa nacional, en diálogo con los distintos ministerios implicados y consultando a los sectores afectados, que regule el marketing dirigido a público infantil de alimentos y bebidas altos en calorías, azúcares, sal o grasas”.

Cristina Ribes, directora para Europa de la Fundación Gasol, añade: “The Lancet es una revista muy prestigiosa que está publicando muchos estudios contra la obesidad, que den voz a esta carta es un altavoz a esta petición. Hay mucha evidencia científica que demuestra que regular esta publicidad beneficia la salud de los niños y niñas, y lo tenemos muy cerca”. La experta prosigue: “Hay que dar un empujón para tener una legislación pionera. Queremos que sea un compromiso del Gobierno para esta legislatura y, si no da tiempo, en la siguiente”.

Falta de acuerdo

Una portavoz del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que redactó esta iniciativa, señala que la propuesta actual, “tal y como está planteada, no surge del acuerdo entre ministerios implicados, como exige el plan”. Además, apunta que esa normativa es “tan solo una de las muchas recomendaciones del plan”, que recoge más de 200 medidas que incluyen propuestas en alimentación, actividad física, buenos hábitos de sueño, bienestar emocional... Agricultura, por su parte, no comenta el estado de las negociaciones para sacar adelante la norma, mientras que Consumo ya advirtió de que, si no se aprobaba el pasado marzo, no daría tiempo a hacerlo en esta legislatura.

Royo-Bordonada responde: “La propuesta lleva un año encima de la mesa y ha pasado todos los trámites pertinentes. Han tenido mucho tiempo para consensuarlo. Esto solo se puede interpretar de una manera, y es que lo están bloqueando”. En su opinión, la aprobación del decreto “serviría para que los menores no recibieran una enorme presión publicitaria que les induce a consumir alimentos insanos y ultraprocesados malos para la salud”. Según sus estimaciones, cualquier menor recibe unos 1.000 impactos publicitarios al mes en todos los soportes (tele, internet, vallas publicitarias) y al menos diez al día tan solo en televisión. “Todos los estudios serios demuestran que la publicidad influye mucho en los hábitos alimentarios de los niños, y que la ingesta calórica de los niños que ven publicidad diaria aumenta y conduce a la obesidad. Regular la publicidad que reciben es imprescindible”.

El decreto anunciado por Consumo pretende prohibir la publicidad de alimentos y bebidas insanos (entre los que incluye chocolates, dulces, galletas, postres, zumos y helados) dirigida a niños y adolescentes en televisión, radio, redes sociales, webs, aplicaciones, cine y periódicos. Si saliera adelante, tampoco podrán anunciar estos productos youtubers e influencers. Para llevar a cabo esa prohibición, se toman como base los perfiles nutricionales de la OMS, que dividió los alimentos en 17 categorías y estableció que los más insanos no se deberían anunciar nunca, mientras que el resto podrían hacerlo si no exceden la cantidad de azúcar, sal o grasa marcada por cada 100 gramos para cada uno de ellos.