El Tribunal Superior de Navarra rebaja un año la condena a uno de los integrantes de La Manada en aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado de 15 a 14 años la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza, uno de los cinco integrantes de La Manada condenados por la violación grupal de los sanfermines de 2016, en aplicación de la ley del solo sí es sí, según ha informado el Poder Judicial en un comunicado. Boza, de 32 años, era el más joven de los integrantes de La Manada y se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Albolote (Granada).

La víctima ha recibido la noticia con mucha tristeza, pena y decepción, según su abogada, Teresa Hermida, que ha comunicado a la SER su intención de recurrir la sentencia. “Lógicamente, no podemos estar de acuerdo, entendemos que no se cumplen los parámetros para llevar a cabo esta resolución”, ha explicado.

El tribunal considera “razonable” la rebaja porque la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, resulta más favorable al reo. La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, ha sido firmada por dos de los tres magistrados, Joaquín Galve ―presidente del TSJN y ponente de la resolución― y Francisco Javier Fernández. La tercera magistrada, Esther Erice, ha formulado un voto particular en el que aboga por desestimar la revisión de condena.

Precisamente, el caso de La Manada y el movimiento social de repulsa que generaron no solo los hechos, sino la interpretación que la Audiencia de Navarra hizo de los mismos y su tipificación penal ―ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad―, constituyeron el germen que acabó derivando en la actual Ley de Garantía de la Libertad Sexual. Conocida como ley del solo sí es sí, esa norma, que coloca el consentimiento como elemento definitorio de la agresión sexual, unifica los delitos de abuso y agresión sexual y rebaja la pena mínima del nuevo tipo penal. Esto último es lo que ha permitido la rebaja de penas a cientos de agresores sexuales y, ahora, la de uno de los culpables de aquella violación múltiple en los sanfermines.

La resolución de este martes del TSJ contradice a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que en febrero rechazó la solicitud de revisión planteada por la defensa del condenado. Ello provocó que la defensa interpusiera un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que es la que hoy se pronuncia. Todas las acusaciones —la fiscal, la denunciante, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona— habían solicitado su desestimación.

La polémica por la rebaja de penas abrió una fractura en el Gobierno de coalición, que tuvo que modificar la ley para frenar los efectos indeseados de la norma en el futuro, aunque no evita que siga habiendo agresores que puedan beneficiarse de la reducción de penas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaccionado a la decisión judicial este martes en un mensaje en X (antes Twitter): “El consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Esta decisión del TSJN es muy dolorosa, especialmente para la víctima. Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación”.

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha cargado en la misma red social contra los magistrados: “Los Rubiales con toga del TSJN han decidido rebajarle la pena a uno de los violadores de La Manada. Y no porque lo obligue ninguna ley ni ninguna jurisprudencia”. Para justificar su acusación ha compartido una imagen del voto particular de la tercera integrante de la sala que ha emitido el fallo, Esther Erice, que abogaba por desestimar la revisión de condena.

Antes de la ministra de Igualdad, ha hablado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP. “Empezó especialmente este negociado con La Manada y ahora resulta que ha sido la propia Manada la beneficiada”, ha dicho, tras criticar al Gobierno por su “falso feminismo”. Y ha concluido: “Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle. No sé por qué no las veremos”.

Un voto particular

El abogado de La Manada, Agustín Martínez Becerra, pidió en noviembre del año pasado la revisión de la condena de Ángel Boza. “Solicité que se rebajara en un año y tres meses y al final la han rebajado en un año”, explica a este diario el letrado. Boza era el único de los cinco integrantes del grupo que podía beneficiarse de la ley del solo sí es sí, porque únicamente estaba condenado por la violación que cometieron el 6 de julio de 2016 en Pamplona. En el caso de los otros cuatro miembros del grupo, la acumulación de las penas superan o rozan los 20 años de prisión, ya que a los delitos de la agresión sexual en los sanfermines y la grabación de esos hechos, se añaden los de abuso sexual en Pozoblanco (Córdoba) contra otra joven, perpetrados dos meses antes. Boza no participó en esos hechos.

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN sostiene que la condena debe reducirse porque el Tribunal Supremo, ya en su sentencia del 4 de julio de 2019, impuso una pena de 15 años de prisión utilizando como criterio o parámetro la proximidad o cercanía de esa condena al mínimo legal establecido en aquel momento. Como la nueva norma rebaja “sensiblemente” ese mínimo de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años, el tribunal considera adecuado disminuir la condena. En concreto, en el auto, la mayoría de la Sala considera “razonable, conforme con la legalidad, respetuoso con las reglas legales básicas de determinación de la pena, y acomodado a los criterios de proporcionalidad suministrados por el propio Tribunal Supremo en la sentencia que se revisa, rebajar la pena impuesta de 15 años de prisión a 14 años de prisión”. De no hacerlo, defienden, se agravaría la situación del reo que, “de nueve meses de prisión por encima de la mínima entonces prevista pasaría a soportar una pena dos años superior a la mínima que le correspondería conforme a la Ley Orgánica 10/2022″. Sin embargo, la Sala no acepta la petición del abogado defensor, que pedía la reducción de la condena hasta los 13 años y nueve meses.

El Tribunal Superior detalla que, con la LO 10/2022, la pena de prisión aplicable es de entre 7 y 15 años de prisión. Como concurren dos agravantes, se impone en su mitad superior ―de 11 a 15 años― y como, además, hay una concurrencia de la continuidad delictiva, “había de serlo en su mitad superior, pudiendo llegar a la mitad inferior de la pena superior en grado”. En otras palabras, tras la reforma, la horquilla penal va desde los 13 años y un día a los 18 años que el Supremo marcó en su sentencia como límite máximo.

La resolución del TSJN cuenta con el voto particular en contra de la magistrada Esther Erice, quien señala que, “según lo expuesto por el Tribunal Supremo, la pena imponible resultante de la operación de revisión no puede determinarse atendiendo a meros criterios de proporcionalidad aritmética”. Por ello, pide tener en cuenta “todos los elementos concurrentes”, incluyendo “la gravedad de los hechos”. Es más, considera que el criterio de proporcionalidad aritmética tampoco resulta procedente, puesto que, con la nueva horquilla penal, que va desde los 13 años y un día hasta los 18, la condena de 15 años de cárcel sigue siendo “superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo”. Es decir, sigue cumpliendo el parámetro de proximidad o cercanía introducido en su día por el Supremo.

En agosto de 2018, cuando se encontraba en libertad provisional por la agresión sexual de los sanfermines, Boza fue detenido por robar unas gafas de sol de 200 euros en un centro comercial de Sevilla y tratar de huir en su coche, después de golpear con el espejo retrovisor a uno de los vigilantes de seguridad que trató de darle el alto. El joven ingresó en prisión y fue condenado por un delito leve de hurto y otro leve de lesiones. En el juicio, pidió perdón y declaró que lo que había hecho era “una gilipollez”. En ese momento, Boza también tenía pendiente otra vista en San Sebastián por haber robado otras gafas de sol en vísperas del inicio de las fiestas de Pamplona en las que formó parte de la violación grupal. Por este delito fue condenado, junto a otros dos miembros de La Manada —José Ángel Prenda y Antonio Manuel Guerrero—, que también participaron en el hurto, a una multa de 270 euros.