“¿Cómo se te ocurre tener tres hijos con el hombre que te maltrataba?”: Víctimas de violencia machista denuncian el trato en casas de acogida andaluzas

Lorena tiene una sonrisa franca. Cuando ríe, ríen sus ojos. Pero cuando recuerda su paso por la casa de acogida para víctimas de violencia de género de Granada, su mirada se enfría. Quienes necesitan estos pisos para residir durante un tiempo vienen del infierno: buscan el refugio físico de los golpes, los insultos, del dolor. No tienen otra red, una familia, un lugar donde quedarse. Cuando llegan a estas casas, la vulnerabilidad es extrema. Por eso, le duelen a Lorena frases como las que escuchó de una trabajadora al llegar a su nueva vida lejos de la violencia: “¿Cómo se te ocurre tener tres hijos con el hombre que te maltrataba?”. A otra compañera, Pilar, le decían a menudo: “Esto no es un hotel”. “Te destrozan la autoestima”, cuenta Lorena. “Imagínate a un civil que viene de la guerra y en lugar de tratar de sanarlo, lo meten en otra. Con menos bombas, quizá, pero otra guerra. Lo mismo hacen con nosotras”, afirma.

El trato despectivo que describe Lorena coincide con el que denuncian las otras seis mujeres entrevistadas, cuyos nombres, edades y lugares de procedencia han sido omitidos o modificados para preservar su intimidad. Todas han pasado, desde 2019, por alguna de las nueve casas de acogida que hay en Andalucía, unos centros que dependen en toda España de las autonomías, que a su vez contratan, con fondos del Ministerio de Igualdad, a empresas que se dedican a la gestión. En el caso andaluz, desde 2003 la administración ha corrido a cargo de Agise S.L. Los testimonios de las mujeres que han pasado por algunos de estos centros, parte de ellas acompañadas por sus hijos, no solo incluyen ejemplos de falta de empatía de las trabajadoras. Denuncian también deficiencias en la atención psicológica y el asesoramiento jurídico, el mal estado de las instalaciones, el control de la cantidad de productos de higiene y comida y los horarios poco racionales. En una de las casas de acogida, por ejemplo, no se abre a nadie la puerta entre las 15.00 y las 16.40, salvo que tengan que recoger a los niños de los centros educativos, acudir al médico u otra causa justificada.

Hablan de un día a día crudo y lleno de impotencia: “La única diferencia entre vivir en la casa de acogida y vivir con mi agresor son las hostias que no te pegan”, afirma Pilar. La historia de las siete converge en el día en que ingresaron en viviendas de acogida situadas en ciudades distintas a las suyas, lejos de todo lo que conocen. Ese es un momento muy delicado, ya que, huyendo de la violencia, primero recalan en un centro de emergencia en el que permanecen aisladas y luego en una de estas casas. Viven escondidas, en direcciones que no se hacen públicas para evitar que las encuentre su maltratador. Es un peligro real: dos fueron localizadas en el tiempo en el que estaban allí. Las medidas de seguridad son estrictas, pero ellas explican que poco tiene que ver su protección con el racionamiento de la comida o el trato degradante.

Pilar fue expulsada a principios de septiembre de la casa de acogida de Málaga, a la que llegó en agosto, tras haber denunciado en el juzgado de guardia “las amenazas constantes”. “Me encontré en el infierno más absoluto, hasta el punto de echar de menos a mi maltratador”, asegura. Ha regresado a la ciudad en la que reside su agresor. Cuando acudió al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de esa localidad, le negaron la opción de entrar en otro alojamiento por haber sido expulsada de la casa, según ella cuenta. También allí ha acudido a los juzgados para denunciar el desamparo en el que se ha visto envuelta.

El IAM, al menos en la delegación de Cádiz, tenía noticia del trato deficiente desde mucho antes. Fue por Liz, que en 2019 le trasladó lo que sucedía en el centro a la entonces delegada provincial del IAM en Cádiz, Ana Fidalgo, tras marcharse a los dos meses de la casa de acogida gaditana porque “ya no podía más”. Lo hizo acompañada de las presidentas de las asociaciones Las Desamparadas y Amazonas Intercultural, a las que acudió en busca de ayuda. “Dijo que lo iba a investigar y a aplicar correctivos”, cuenta Rosa María Núñez, presidenta de Las Desamparadas.

“La gestión no es perfecta ni intachable”

En Andalucía, el circuito de los centros del servicio integral de atención y acogida de mujeres víctimas de violencia de género —centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados― está externalizado desde 1998. Su prestación se adjudicó a Segramaal y se prorrogó hasta 2003, cuando asumió el servicio Agise S.L, cuyo gerente, Alberto Arnaldo, era socio de la primera adjudicataria.

En diciembre de 2020, el Gobierno andaluz, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, volvió a adjudicar a Agise la gestión para los próximos cuatro años, con posibilidad de dos prórrogas de dos años cada una por 26,4 millones. En respuesta a un cuestionario enviado por este diario, Arnaldo reconoce que “la gestión de los centros de acogida no es perfecta e intachable”. “Entendemos que el modelo vigente pueda generar situaciones de malestar y quejas entre las personas acogidas”, indica. Asegura que con el IAM se está trabajando en “un replanteamiento del modelo de atención y acogida”. Fuentes de la Consejería de Igualdad suscriben que se está trabajando en adaptar el régimen interno a la situación actual y en modificar los pliegos de contratación de este servicio para recoger los nuevos perfiles de mujeres que son atendidas en estos centros y que, en algunos casos, dificultan la convivencia al coincidir realidades complejas como adicciones, problemas sociales y de salud mental. Los protocolos relacionados con estos perfiles estarán listos a finales de este año, señalan las fuentes.

Las madres alertan de cómo se las amenazaba con perder la custodia de sus hijos. Cuando Mónica —que vivió dos años entre la casa de Granada y otro recurso al que fue trasladada cuando su maltratador la localizó— escuchó a una de las responsables de la vivienda granadina espetarle “¡eres una mala madre!”, explotó. El día anterior había dejado a su hijo en la guardería y se fue a trabajar. Silenció el móvil y no vio las llamadas que le hicieron porque el pequeño se había puesto malo. “Al volver, la responsable me dijo: ‘Tu hijo ha estado vomitando y ni nos lo agradeces’. En los ocho meses que llevaba allí, era la primera vez que me habían echado una mano. ‘Gracias a los golpes que yo he recibido, tú estás en esa silla’, le dije”. Asegura que la responsable le advirtió de que iba a hacer todo lo posible para que estuviera en la calle. “Me disculpé por miedo a que me quitaran al bebé. Eso no lo voy a olvidar nunca”, apostilla, con la voz quebrada.

Poco después, a Mónica y a su niño los trasladaron a un piso con una pared que solo era una ventana. “Hacía mucho frío y el bebé estaba casi siempre malo”, recuerda. La pediatra le preguntó que por qué tenía tanta fiebre. “Le conté cómo vivíamos y al día siguiente me colocaron una estufa”.

Pese a que los niños son reconocidos como víctimas de violencia de género desde 2019, las casas no cuentan con un servicio específico que se ocupe de los menores, aunque sí tienen programas de refuerzo escolar de una hora diaria y talleres en verano y Navidad. “Las educadoras decían que eso no era un parque y que si querían hacer ruido, tenían que salir”, cuenta Liz. “A los pequeños o nos los llevamos con nosotras si están malos o si no tienen cole, o los dejamos al cuidado de otras mujeres de la casa”, abunda Lorena. Al trasladarle estas quejas, Arnaldo alega que lo que se busca en los centros es “favorecer la autonomía de las mujeres para que sean capaces de gestionar el cuidado de sus hijos”, y puntualiza que en los pliegos del contrato no se hace referencia a la obligación de cubrir las necesidades de conciliación. Las mujeres tampoco reciben orientación sobre cómo abordar con sus hijos el hecho “de que sus padres sean maltratadores”, añade Lorena.

La Consejería de Igualdad asegura que realiza labores de inspección y supervisión de las casas de acogida. Esgrime que en 2022 solo llegaron cuatro hojas con quejas referidas, en su mayoría, a la convivencia, pero ninguna al trato hacia las mujeres. También, destaca que, en las encuestas de calidad, que se efectúan de forma anónima cuando abandonan la casa, las mujeres valoran con una nota alta los alojamientos. En las casas de Agise residen ahora 148 personas —75 mujeres y 73 menores—. En 2022 vivieron en ellas 635 personas —300 mujeres y 335 menores—. Y recibieron algún tipo de atención 2.438. Las fuentes oficiales consultadas instan a que se presenten “denuncias o quejas formales para que la administración pueda atajar cualquier tipo de anomalía y establecer las respuestas pertinentes”.

Elena —que pasó tres meses en el centro de Córdoba, hasta que tuvo que trasladarse al de Algeciras porque su agresor también dio con ella— y Mónica sonríen al escuchar esta petición. La primera acudió a la policía local para preguntar cómo podía abandonar el alojamiento. Le recomendaron que acudiera al Instituto Andaluz de la Mujer. Mónica también fue allí, después de hablar con la policía que le habían asignado de protección. Cuando regresaron a sus centros de Granada y Algeciras les recriminaron lo que habían hecho. Pilar recuerda que expuso su situación al Ayuntamiento de Málaga y al Servicio Andaluz de Atención a Víctimas y que por presentar una denuncia ante los juzgados fue expulsada.

Las mujeres también refieren deficiencias en las casas. “Dentro del microondas y detrás del frigorífico había cucarachas, además de humedades y un aire acondicionado para todo el piso…”, sostiene Marina, que pasó seis meses en la casa de acogida de Córdoba en 2021. “Entendemos que el estado de las instalaciones pueda generar insatisfacción, pero estamos invirtiendo continuamente en mantenimiento y en reposición de elementos de uso cotidiano”, argumenta el gerente.

Férrea disciplina y horarios imposibles de cumplir

La rigidez de las normas, continúan las mujeres entrevistadas, fomenta, además, su aislamiento. “No nos permiten relacionarnos entre nosotras y hay unos horarios estrictos, si los incumples te ponen un parte”, indica Pilar. Arnaldo explica que “las usuarias pueden relacionarse en los espacios comunes. La única prohibición hace referencia a las visitas a los apartamentos para evitar problemas con la compañera que no quiera recibir visitas de otra mujer con la que conviva, o para evitar que los niños se queden solos sin supervisión porque la madre esté en otra vivienda”. Liz aclara que solo podían hablar en las zonas comunes si las educadoras estaban presentes. “Si yo un día estoy mal, no tengo con quién estar e invito a una compañera a mi piso para hablar y tomar un café, es motivo de parte”, ejemplifica.

Trabajar con víctimas en una fase tan vulnerable requiere una capacitación específica por parte de las trabajadoras de las casas. Agise asegura que todas ellas, desde la dirección a las auxiliares, pasando por las asesoras jurídicas y monitoras, cuentan con las horas de formación de violencia de género y experiencia exigidas en los pliegos de contratación, pero Arnaldo precisa que si “la persona candidata cumple todos los requisitos para el puesto, pero no dispone de un curso de formación que cumpla los criterios establecidos, se le ofrece la posibilidad de firmar una declaración responsable de compromiso de realización del curso”. “Son situaciones muy extremas para las mujeres. Los procesos de intervención y acompañamiento debieran hacerse con profesionales extremadamente preparados”, señala Raquel Millán, miembro del Consejo General del Trabajo Social.

El convenio colectivo de Agise, de 2018, recoge unas bases salariales de 1.020 euros para los monitores, 1.498 para los trabajadores sociales, 1.559 para psicólogos y abogados, y 1.820 en el caso de los directores.

“Había sufrido maltrato, pero no estaba dispuesta a sufrir abuso por quienes se supone que me tenían que ayudar”, dice Catalina, que a principios del año pasado también abandonó la casa de acogida de Córdoba, en la que estuvo dos meses. Llama la atención sobre las visitas nocturnas de las trabajadoras. El reglamento permite revisar las habitaciones para comprobar que no hay alimentos en mal estado, productos peligrosos o alcohol, pero no estipula cuándo. “No puedes dormirte porque estás esperando a que lleguen y lo hacen sin llamar”, añade. “Abrían la puerta de tu piso sin llamar, aunque pudieras estar desnuda. Ni siquiera respetaban la privacidad”, corrobora Liz.

Otra queja compartida son los estrictos horarios de las casas. Los alimentos se recogen los lunes, miércoles y viernes de 16.40 a 18.20. Si alguna trabaja, tiene que hacer gestiones o se siente mal y no puede acudir, se queda sin comida. Entre las 15.00 y las 16.40, en al menos una de las casas, “te obligan a permanecer en silencio, pero cómo hacerlo si tienen niños”, señala Elena. Las llamadas a los abogados también están pautadas y las horas de regreso varían, pero, en general, no pueden ser después de las diez de la noche.

“Son horarios imposibles. Experimentas la misma sensación de control que con tu maltratador”, lamenta Lorena. “Y la comida te la dan en bolsas, la congelada está fuera de su envase original, por lo que no sabes la fecha de caducidad”, añade. “Es normal que tengamos gastroenteritis”, subraya Pilar. “Es un sistema carcelario”, resume Pilar. Arnaldo asegura que “los menús cumplen con la normativa exigida para los centros de atención social de la Junta, cuya carta mensual se expone en los tablones de anuncios”. Además, señala que el reparto se realiza de manera equitativa y que existe un control sobre el histórico de procesos de los alimentos para garantizar su salubridad.

Las mujeres no pueden comprar comida “para evitar situaciones desiguales en virtud del poder adquisitivo”, explica Arnaldo, que alega que puede promover las dietas no supervisadas o la entrada de patógenos que deriven en enfermedades “de las que tendría que hacerse cargo la empresa”. Tampoco está bien visto que compren ropa para sus hijos o para ellas —aunque las donen las ONG— para evitar “un exceso de acumulación o un incumplimiento de los planes de ahorro establecidos para cada usuaria”, agrega el gerente.

El reglamento del servicio integral de atención y acogida de mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía, de 2010, garantiza la atención psicológica, legal y social, pero ese acompañamiento también falla. “El psicólogo solo me preguntaba sobre mi vida sexual, y yo pensaba: ‘Oiga, me han roto la cara, ¿se cree que tengo ganas de pensar en eso?”, cuenta Liz. “La abogada me confirmó que la asesora legal no impulsó el proceso de custodia de mi hija, aunque me estuvo diciendo que todo iba para adelante”, dice Marina, que pasó seis meses en la casa de acogida de Córdoba. Y Catalina afirma que, por haber ido por su cuenta a una ONG a buscar trabajo, la amenazaron con no luchar legalmente por la custodia de sus hijos —en manos del padre, distinto de su agresor―.

Arnaldo destaca, por su parte, el caso de las mujeres que logran alcanzar una vida independiente. “Esos pequeños grandes logros son los que hacen que gestionar este servicio merezca la pena”, subraya. Mientras, Pilar espera que las dos denuncias interpuestas prosperen. Lorena quiere olvidar su paso por la casa de Granada, pero la cicatriz en la nariz de uno de sus hijos —que se cortó con una mesa que ella había advertido que era peligrosa y no acudió a tiempo al hospital porque, asegura, le aconsejaron una cura casera en el centro― le remueve los malos recuerdos. Otras acumulan rabia porque sienten que se ha abusado de su dolor. “No todas nos trataron mal ni todo es malo y, cuando estás sin techo, agradeces que te lo den”, dice Mónica, “pero no es justo que se aprovechen de esa situación, no nos lo merecemos”.

En lo que va de año, 50 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1234 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.