Los obispos exigen a Cremades que les entregue en 10 días la auditoría sobre la pederastia que le encargaron hace más de año y medio

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Los obispos españoles lazan un órdago al bufete Cremades & Calvo-Sotelo y le dan un plazo de 10 días al para que les entregue la auditoría sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia que hace más de año y medio les encargó la Conferencia Episcopal Española (CEE). En un requerimiento enviado el martes al despacho, la jerarquía eclesiástica advierte a los abogados de que, de no entregarse antes de esa fecha, entenderán que se han incumplido los términos del contrato. Estos especificaban que “el trabajo encomendado se prevé [que] tenga una duración de 12 meses”, información adelantada esta mañana por la Cope, radio que es propiedad de los obispos, y que un portavoz de la institución eclesial ha confirmado a este periódico. Si bien es cierto que el acuerdo entre los obispos y el bufete, firmado en febrero de 2022, establecía que la elaboración del informe duraría un año, desde un principio Javier Cremades, presidente del despacho, subrayó que la auditoría podría alargarse si la situación lo requería.

De hecho, el mismo Cremades en la rueda de prensa de presentación del equipo que llevaría a cabo los trabajos informó de que el plazo que manejaban era de al menos entre 12 y 18 meses. “Pedimos más tiempo y paciencia”, dice un portavoz del despacho. Cremades justifica su retraso a que aún tiene que confirmar 300 casos que están en Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. “Hemos solicitado la información, pero estamos a la espera. Es un trabajo delicado que requiere tiempo. Queremos datar cada caso de lo que tenemos constancia y evitar duplicidades”, afirma el mismo portavoz. El bufete informa a EL PAÍS que próximamente, en un plazo de unos días sin especificar, entregarán a los obispos un resumen ejecutivo de la auditoría: “Es cierto que en el documento que se firmó con la CEE había un plazo, pero eran indicativos y no fijos. Era una previsión. Además, los trabajos están siendo rigurosos. Esperamos entregarlo antes de las Navidades”.

Antes de verano, el secretario general de la CEE, el obispo César García Magán, afirmó a los medios que recibirían los documentos de la auditoría este julio, algo que no sucedió. En septiembre, tras la reunión de la Comisión Permanente de los obispos, García Magán volvió a informar en rueda de prensa de que la presentación del informe volvía a retrasarse. “A los obispos no nos gusta el retraso”, dijo el secretario. En el contrato también se especificaba que el despacho trabajaría gratis, y que solo pasaría a los obispos los gastos de las dietas. La CEE no quiere confirmar si han recibido un borrador del despacho, pero varios obispos han declarado al medio religioso Vida Nueva que han podido leerlo y se han sorprendido por “algunos errores de redacción [faltas de ortografía]” y por ciertas “contradicciones” sobre el modelo de reparación de víctimas. “Hay puntos esenciales que dan la sensación de estar cogidos con pinzas”, dice un prelado anónimo en este medio. Fuentes del despacho de Cremades afirman que no han entregado un borrador a la CEE, tan solo les mostró hace un mes —durante la plenaria de la Comisión Permanente de los prelados españoles— el borrador del resumen ejecutivo que, como adelanta ahora, les entregará de forma definitiva próximamente.

Tras varios años argumentando que en la Iglesia española solo había “casos aislados” de abusos, la CEE recurrió a este bufete a comienzos de 2022 para que realizara “una radiografía” del problema y recogiera unas conclusiones sobre cómo reparar a las víctimas y reforzar la prevención de estos delitos. Lo hizo forzada por el terremoto mediático que sacudía a los obispos ese momento, después de que este periódico entregase un informe al Vaticano con 251 casos inéditos de pederastia que obligó a la jerarquía eclesial española a abrir una gran investigación y de que el escándalo llegase a la agenda política. Esto último terminó en marzo de ese año con el encargo del Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo de una investigación independiente sobre la pederastia en entornos religiosos. Estos trabajos, que ya han entrevistado a más de medio millar de víctimas, están en su recta final y prevén entregar un informe antes de que acabe este año, según dicen fuentes de la institución.

Durante todo este lapso, Cremades ha dado detalles de los resultados que estaba obteniendo en sus investigaciones: calculaba en varios miles las víctimas de abusos en la Iglesia española —cálculo elaborado a través de la investigación de EL PAÍS y de los casos que han llegado hasta ahora a las diócesis y órdenes españolas—. También adelantó a EL PAÍS este marzo que, entre sus conclusiones, propondrían a los obispos como método de reparación el modelo que ha seguido la Iglesia alemana, basado en un proceso de reconocimiento en el que se estudiaría cada testimonio y luego un tribunal arbitral establecería las cuantías. Los rangos que están abonando los prelados alemanes giran en torno a los 50.000 euros.

A la par, la CEE ha ido recopilando todos los casos que llegado a sus oficinas de atención a víctimas —creadas en 2019 a petición del papa Francisco—, con los que también han creado un informe propio, con el nombre de Para dar luz y que el pasado junio hicieron público, en el que reconocían 927 víctimas que sufrieron abusos desde 1945. Este dato difiere con la base de datos creada por este periódico, en el que el número de acusados asciende a 1.026 y el de víctimas a 2.196.

La auditoría arrancó finalmente en abril de 2022, cuando el presidente del bufete conformó el equipo de 20 juristas que llevarían a cabo los trabajos. Entre los que se encuentran el expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, dos exdirigentes de Podemos y la exdirectora de Amnistía Internacional. La pretensión de este equipo era la de “llegar hasta el fondo” del escándalo, donde las víctimas serían “la piedra angular” del trabajo y el encubrimiento, uno de los pilares de la investigación. Cremades confiaba en pisar los archivos de las diócesis en busca de información, pero al final la documentación ha sido entregada por cada diócesis y, en la mayoría de las ocasiones, a través de reuniones telemáticas.

El tiempo establecido en el contrato entre la CEE y Cremades para llevar a cabo la auditoría, y que ahora reclaman con insistencia los obispos, es bastante corto si se compara con las investigaciones de este tipo que se han llevado en otros países. Allí se alargaron más de tres años, con el objetivo de hablar con el mayor número de víctimas, hacer estudios demoscópicos y un análisis exhaustivo de los datos obtenidos. El despacho insiste, como ya ha hecho en varias ocasiones, en que no hará extrapolaciones con los datos que ha recopilado, ni tampoco estudios demoscópicos. Considera que el potencial de su informe, “elaborado por muchas manos de expertos independientes”, estará en el “novedoso” apartado de prevención y en el sistema de reparación de las víctimas.

El tema que sigue en el aire es el del encubrimiento, que el propio Cremades prometió investigaría “hasta que aflore toda la verdad”. De momento, se desconoce qué propuestas lanzará a los obispos sobre ello y si les entregará una lista de obispos que en las últimas décadas han silenciado, tapado, encubierto o acallado las denuncias de las víctimas. La investigación de EL PAÍS ha contabilizado que al menos 60 obispos españoles están acusados por estas acciones. A pesar de estas acusaciones, la Iglesia afirma que nunca ha abierto una investigación por estos delitos contra uno de sus prelados. El encubrimiento es un problema que también ha llamado la atención de la Fiscalía General del Estado, que hace un mes recomendó en su memoria anual a los fiscales superiores que investiguen a fondo a responsabilidad de la Iglesia católica en los casos de pederastia cometidos por miembros de la institución; y que se valore “la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas [obispos, cardenales y superiores de órdenes religiosas], que han podido llevarse a cabo previamente a la denuncia y de las que pueden dimanar tanto responsabilidades penales como civiles”.