Sanidad, el patito feo de los ministerios: seis titulares en cinco años

Mónica García será la sexta ministra de Sanidad desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Se suma a una lista de nombres que empezó con la breve Carmen Montón (duró tres meses), siguió con María Luisa Carcedo, Salvador Illa, Carolina Darias y José Manuel Miñones, que ha estado poco más de medio año en el cargo. Parece el sino de un ministerio devaluado, pese a ser, merced a la covid, el que más protagonismo tuvo la pasada legislatura.

Ya en el reparto de carteras que Sánchez hizo en 2020, Sanidad fue el patito feo. El PSOE estaba dispuesto a desprenderse de él, pero Podemos quería Igualdad y lo rechazó: sus dirigentes consideraron que contaba con poco presupuesto y competencias. Las que tenía hasta entonces fueron recortadas cuando se desgajaron lo que eran secretarías de Estado, Consumo y Asuntos Sociales, y se convirtieron en nuevos ministerios.

El 13 de enero de 2020, en la toma de posesión de Salvador Illa en la sede de Sanidad, en el paseo del Prado de Madrid, todos los focos alumbraban a Pablo Iglesias, que ese mismo día recogía la cartera de Servicios Sociales y Agenda 2030. Illa era un actor secundario que estaba en el Gobierno más como cuota catalana que por lo que, a priori, podía aportar a un campo que le era por completo ajeno.

Pero esto duró apenas unas semanas. Hasta que un coronavirus desconocido hasta entonces empezó a expandirse por el mundo y el Ministerio de Sanidad se convirtió en el departamento con más poder del Ejecutivo, en el mando único que asumía competencias propias y ajenas que debía guiar el rumbo para atravesar una crisis sanitaria sin precedentes en el último siglo.

Ese paréntesis de protagonismo hizo pensar en el sector que era una buena oportunidad para reivindicar la importancia del Ministerio de Sanidad. Aunque no tenía las competencias del día a día de los hospitales y centros de salud, transferidas a las comunidades autónomas, sí jugaba un importante papel como árbitro de decisiones que afectan muy directamente a la vida de los ciudadanos.

Pero Sánchez primó los intereses territoriales de su partido a la continuidad en el departamento. Illa se presentó como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña cuando estaba comenzando la campaña de la vacunación contra la covid, poco más de un año después de su toma de posesión. Su sustituta, Carolina Darias, que aguantó en el cargo durante algo más de dos años (la más longeva de los titulares de Sanidad en los gobiernos de Sánchez), también lo abandonó para optar a la alcaldía de su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, que finalmente consiguió.

Un trabajador del ministerio que pide anonimato lo resume así: “Hay una sensación de desengaño poscrisis. Las promesas que hicieron otros ministerios y administraciones para emprender algunas reformas que permitan reforzar el personal, dotación económica y legislación en ámbitos como la vigilancia, preparación y respuesta, promoción y prevención... [no se han cumplido]. Toca el enésimo cambio de titular sin que parezca que ni Función Pública, ni Hacienda, ni las Cortes vayan a ayudar hacer realidad ni las promesas, ni las reformas eternamente pendientes. Al final, los funcionarios terminan abandonando la administración, sea por jubilación, sea por irse a las consejerías y servicios de salud autonómicos, dónde hay una mayor estabilidad en los proyectos, mejores condiciones de trabajo y mayor especialización”.

José Manuel Miñones ha pasado menos de ocho meses como ministro, más de la mitad de ellos en funciones. Con formación sanitaria, algo que ha faltado buena parte de sus antecesores, sintonizó con parte del sector, sobre todo el farmacéutico. Pero no le ha dado tiempo ni a emprender iniciativas ni a cerrar las que estaban en marcha. Una de las más esperadas era crear una Agencia Estatal de Salud Pública, una carencia que había quedado en evidencia durante la gestión de la pandemia y que el propio Illa se había comprometido a solventar. Pese a que este año el Gobierno metió el turbo para crearlo por trámite de urgencia en el Parlamento, los malos resultados de las elecciones municipales y autonómicas para el PSOE precipitaron el adelanto de las generales, lo que paralizó la creación de este organismo, llamado a coordinar los recursos en todo el país de forma independiente.

Bajo el mandato de García, médica de profesión, habrá que culminar la creación de la Agencia, y retomar medidas que estaban en el cajón, como un plan nacional contra el tabaquismo, que debía llevar en marcha desde 2021. La pandemia y la inacción de sus antecesores en el cargo han retrasado su aprobación, que teóricamente debería dar lugar a medidas como ampliar las zonas libres de humos, aumentar impuestos y regular productos como los vapeadores, que ahora gozan de una legislación mucho más laxa que el tabaco.

Dos décadas de inestabilidad

Los funcionarios del Ministerio de Sanidad estaban acostumbrados a los cambios antes de Sánchez. En el siglo XXI han pasado por él 16 titulares, contando a García, y solo una ha alcanzado los tres años: la socialista Elena Salgado (2004-2007, con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero). La popular Ana Mato (2011-2014, con Mariano Rajoy) se quedó a solo unos días de cumplir el tercer aniversario. Hay que remontarse a José Manuel Romay Beccaría para encontrar a un ministro que aguantara una legislatura completa, la primera de José María Aznar, entre 1996 y 2000.

Por entonces, el músculo de Sanidad era mucho mayor. Todavía no se habían completado las transferencias de las competencias a las comunidades y un organismo dependiente del ministerio, el Insalud (por entonces presidido por Alberto Núñez Feijóo) se encargaba de la provisión y gestión sanitaria. Esto terminó en 2002, con la cesión de las competencias a las consejerías autonómicas. Y fue ahí cuando se acentuó la inestabilidad en una cartera que desde entonces se ha visto como menor y se ha usado a menudo para repartir cuotas de poder o para cubrir periodos de transición de algunos políticos.

Sergio García Vicente, de la Asociación Economistas de la Salud, considera que esta inestabilidad hace muy difícil mejorar la coordinación y actualizar las disposiciones legislativas, desde la ley de atención primaria de 1984, pasando por la Ley General de Sanidad de 1986 y otras posteriores: “[La Sanidad] es en teoría la joya de la corona del Estado del bienestar y, políticamente, tenemos casos de ocupación precaria, por las semanas o meses en un puesto que en teoría debería ser tan vital y destacado para la vida social, pero tan apartado para la realidad política. Ojalá podamos valorar una estabilidad que innove, mejore y equilibre las grandes cuestiones vitales de renovación del Sistema Nacional de Salud en los períodos venideros, más allá de su uso como plataforma política”.