El Consejo de Europa considera que los presos trans deberían ir a la cárcel del género con el que se identifican

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa se lanza de lleno a uno de los debates más delicados en los últimos años, y uno de los que han causado una fractura más profunda en el movimiento feminista: la situación y derechos de las personas trans. Y lo hace en un contexto en el que se han dado recientemente varias polémicas en algunos países europeos, también en España: el de las cárceles. En su informe anual, los expertos independientes del organismo paneuropeo concluyen que los presos trans deberían ser internados en el módulo del género, femenino o masculino, con el que se identifican, incluso aunque no hayan concluido su transición.

“El Comité considera que si una persona se autoidentifica como trans durante el proceso de admisión en prisión, entonces esto debería ser suficiente per se para tratar a esa persona como tal en todas las decisiones tomadas que le conciernen, incluida la decisión de dónde internarla. Ello no quita la necesidad de tener en cuenta los análisis de riesgo individuales”, señala en su informe el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, nombre completo del organismo dependiente del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, y que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea.

“No todas las personas trans quieren someterse a una cirugía de afirmación de género y a un tratamiento en un contexto de prisión”, argumentan los expertos en el informe. Por ello, “como principio, las personas trans deberían ser internadas en los módulos carcelarios que correspondan al género con el que se identifican”, insisten a lo largo de un amplio capítulo dedicado a esta población carcelaria, muy minoritaria (en España, el año pasado, constituían el 0,18% de los algo más de 55.000 reclusos existentes) pero que, subrayan los expertos, es especialmente vulnerable, sobre todo en un entorno como las cárceles, diseñadas ampliamente en torno a los hombres, la población históricamente mayoritaria de las prisiones.

La cuestión de dónde encarcelar a personas trans ha suscitado un fuerte debate en numerosos países. El propio CPT reconoce que es un tema “políticamente muy cargado y socialmente sensible”, sobre todo a raíz de “un puñado de casos desafortunados”. Sin citarlo expresamente, uno de los más conocidos —y polémicos— es el de Isla Bryson, recientemente recuperado por la escritora escocesa J.K. Rowling, una de las abanderadas de quienes niegan que una mujer trans sea una mujer. Bryson, una mujer trans, cumple ocho años de cárcel por haber violado, cuando todavía se identificaba como hombre (Adam Graham), a dos mujeres en Escocia.

El agresor sexual transicionó a mujer poco antes de ser condenado (pero ya estaba acusado), convirtiéndose el año pasado en la primera mujer trans condenada en Escocia por violación. Fue enviada a una cárcel de mujeres, aunque tras el escándalo creado, 72 horas más tarde fue trasladada a una de hombres, donde sigue cumpliendo pena hasta hoy. La cuestión de cuándo una persona debe ser reconocida como con el que género con el que se identifica también suscitó una fuerte polémica —y fractura feminista— en España durante la tramitación de la ley trans, que garantiza la libre autodeterminación de género (que una persona pueda cambiar su sexo en el DNI solo con su voluntad). Los argumentos de agresores sexuales cambiando de género para eludir o aliviar condenas también surgieron durante la tramitación de la ley española, aunque sin base, porque la normativa aprobada por el Congreso español cerró esa brecha desde el inicio: el cambio de sexo en el registro no permite eludir ni aliviar condenas por violencia machista o sexual.

“Reconocemos que es una cuestión sensible”, decía durante la presentación del informe en Bruselas este jueves el presidente del CPT, Alan Mitchell. De ahí, señaló, la importancia de que el preso trans sea sometido a su llegada a prisión a una “evaluación multidisciplinar de riesgo, independientemente de su género”, puntualizó. La idea, explicó, es evaluar no solo los riesgos potenciales que una persona trans —especialmente vulnerable en un entorno como el carcelario— puede sufrir, sino también los riesgos que esa misma persona puede suponer para otras encarceladas junto a ella.

En cualquier caso, subrayó Mitchell, si una persona no es acomodada de acuerdo con el género con el que se autoidentifica, “las razones deberían estar claramente documentadas”. Al respecto, abunda el informe, “al igual que las personas cisgénero en prisión, los presos trans deberían siempre estar asignados a instalaciones que puedan garantizar mejor su seguridad y la de los demás. Si son retenidos, incluso brevemente, en cualquier forma de sección separada, se les debería ofrecer actividades y tiempo de asociación con otros prisioneros del género con el que se identifican”.

“Las prisiones son un microcosmos de la sociedad, a menudo con cuestiones amplificadas debido a sus condiciones de confinamiento. De ahí que el trato de las personas trans que viven en prisión sea un espejo de actitudes sociales más amplias respeto a personas que no entran en los conceptos históricos de género”, subraya el CPT.