Olivier de Schutter, relator de la ONU sobre pobreza: “Me preocupa mucho que las políticas de austeridad vuelvan a Europa”

El jurista belga y profesor de derecho internacional Olivier De Schutter, de 55 años, es desde 2020 relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Es un experto independiente, que no cobra un sueldo del organismo, pero cuyo mandato consiste en poner el foco en la población vulnerable ante una sociedad que tan a menudo mira para otro lado. Tras participar el pasado martes en Madrid en el V Congreso Europeo contra la Pobreza y defender la lucha para la erradicación de la vulnerabilidad social como “la mejor forma de fortalecer la democracia”, atiende a EL PAÍS en la sede de la Fundación Once.

Pregunta. ¿Se han recuperado los países europeos del golpe que les asestó la pandemia de la covid?

Respuesta. Los impactos fueron amortiguados gracias al impresionante apoyo que los países recibieron de los diversos programas de la Unión Europea. Se acordó un mecanismo financiero de recuperación y resiliencia conocido como Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros, para el conjunto de los Estados miembros. Países como España o Italia aún se ven muy beneficiados por esta ayuda que les permite apoyar a la población y a las empresas para mitigar de forma significativa las consecuencias de la pandemia, pero esta financiación terminará en 2026. Mientras tanto, la deuda pública de muchas naciones ha aumentado considerablemente por los préstamos solicitados. Por ello, en los próximos años se observará un retorno a las políticas de austeridad y los gobiernos harán recortes en vivienda, educación y sanidad. En definitiva, el impacto hasta ahora se ha mitigado, pero las repercusiones reales aún están por llegar.

P. ¿La guerra en Ucrania aumentó la pobreza europea?

R. Provocó un aumento muy elevado de los precios de la energía y los alimentos en el año 2022. Esta inflación llevó al Banco Central Europeo, al Banco de Inglaterra y a la Junta de la Reserva Federal, en Estados Unidos, a aumentar las tasas de interés. En consecuencia, se incrementaron los costes de financiación de la deuda y los gobiernos dejan de financiar los servicios públicos, las empresas invierten menos y los hogares endeudados deben pagar más. Todo ello tiene consecuencias en la economía y en la pobreza.

P. El anterior relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, dijo hace cuatro años que el sistema de protección social en España estaba roto. Desde entonces, este país ha aprobado medidas nuevas como la subida del salario mínimo, el complemento de infancia para familias vulnerables con hijos o el Ingreso Mínimo Vital. ¿Cree usted que sigue estando roto hoy en día?

R. España ha logrado progresar. La introducción del Ingreso Mínimo Vital fue realmente importante, pero, paradójicamente, no está protegiendo a los hogares más desfavorecidos porque son aquellos que tienen más dificultades para acceder a la información, para presentar la solicitud online o para reunir la documentación. En la Fundación del Secretariado Gitano me han transmitido este martes que el 79% de la comunidad romaní, con derecho al Ingreso Mínimo Vital, no es beneficiaria. Hay numerosos obstáculos administrativos. Es una medida importante, pero podría ser una herramienta significativa en la lucha contra la pobreza. Por desgracia, no funciona de forma eficaz para las personas más vulnerables. En resumen, ha habido mejoras, aunque no son suficientes. Los altos niveles de pobreza infantil que tiene España son especialmente preocupantes, al igual que la baja tasa de vivienda pública y el incremento de los precios del hogar, que han aumentado significativamente en los últimos años y son muy altos para los ciudadanos.

P. Pese a que la pobreza para la población en general bajó el año pasado, subió para las familias con niños. Y España tiene una de las tasas de riesgo de pobreza infantil más altas de la Unión Europea. ¿Qué falla en la protección de los menores?

R. Creo que hay que centrarse en ampliar las ayudas a la infancia. A los menores en situación de vulnerabilidad social se les impone una cadena perpetua por un delito que no han cometido, no son responsables de su situación. Cuando uno se cría en la pobreza tiene una serie de consecuencias en su vida futura. Los niños no gozan de una buena alimentación y viven en casas superpobladas en las que es difícil estudiar y hacer los deberes. Por tanto, rinden peor en la escuela y de adultos tienen menos ingresos. Es una penalización impuesta a los menores que no tiene justificación. Este asunto debería ser importante para los gobiernos.

P. ¿Defiende la existencia de una prestación universal por crianza, que España aún no tiene a diferencia de gran parte de los países europeos?

R. La introducción de un subsidio universal por hijo a cargo, medida apoyada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, debe ser una prioridad. Además, puede funcionar mejor al reducirse mucho las posibilidades de que las personas más vulnerables se queden sin ayudas. Cuanto más se limiten los requisitos a los hogares de bajos ingresos, mayor será el riesgo de una inclusión fallida. Esta prestación universal sería una concesión automática, sin trámites complicados o sospechas por si alguien hace trampas.

P. Aunque el año pasado España redujo la brecha respecto al continente, sigue siendo el cuarto país de la Unión Europea con mayor tasa de población en riesgo de pobreza. ¿Cómo definiría su situación respecto a Europa?

R. Pienso que no es especialmente útil hablar de estos índices de pobreza en general, es más importante analizar qué grupos se ven afectados. España tiene un problema particular con las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. La brecha salarial existente entre ambos géneros es un factor de pobreza para ellas. También está la situación de la comunidad romaní. Muchos gitanos viven en asentamientos y los menores tienen altas tasas de abandono escolar temprano, que es la fuente de perpetuación de la pobreza entre generaciones.

P. ¿La pobreza tiene perspectiva de género?

R. Sí, la mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres y es ahí donde se concentra la pobreza, que cada vez está más feminizada. Esto explica las elevadísimas tasas de pobreza infantil.

P. El Banco de España ha advertido de que los jóvenes acumulan cada vez menos patrimonio. ¿Cómo se les debe proteger? ¿Es este país una excepción en el contexto europeo?

R. España, como algunos otros países —sobre todo del sur de Europa—, tiene una elevada proporción de adultos jóvenes sin empleo, que ni estudian ni reciben formación. Esto conlleva un riesgo: que les ofrezcan contratos atípicos, mal pagados, inseguros y de corta duración. En Alemania se han creado muchos puestos de trabajo remunerados con un salario muy bajo para aumentar la tasa de empleo. Paradójicamente, también hay empresarios incapaces de encontrar profesionales suficientemente preparados para ciertos sectores. Hay un desajuste entre el tipo de cualificaciones que tienen y los requisitos del mercado laboral. Por lo tanto, hay que trabajar en esta discordancia para que la educación satisfaga las demandas de la bolsa de trabajo.

P. En España hay un problema con la vivienda. Unicef advierte de que sus altos costes conducen a la vulnerabilidad a 780.000 menores más en el país. ¿Hay que regular los precios del alquiler?

R. No he estudiado la situación de la vivienda en España de forma suficiente para comentarla en detalle, pero sí puedo decir que la especulación del mercado inmobiliario ha sido muy relevante en el país y el porcentaje de vivienda social es muy limitado en comparación con otros territorios. Este es sin duda un sector en el que, desde luego, se deben hacer más esfuerzos.

P. ¿Cómo se combate la pobreza energética? El 16,7% de los hogares españoles con niños no puede mantener una temperatura adecuada durante el invierno.

R. La transición ecológica es esencial para apoyar a las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad. Si se exige a los propietarios aislar mejor los hogares, las familias reducen las facturas eléctricas y el riesgo de pobreza energética.

P. ¿Qué situaciones y decisiones políticas lastran la mitigación de la pobreza en Europa?

R. Creo que el principal problema es la competencia fiscal entre los Estados miembros europeos. Los impuestos sobre las rentas de las empresas han ido menguando en los últimos 25 años en Europa. El obstáculo más importante al que se enfrentan los países para combatir la pobreza es su incapacidad para recaudar suficientes ingresos públicos que financien los servicios y la protección social. No existe un sistema fiscal armonizado en la Unión Europea. Como resultado, todos los territorios intentan atraer inversiones bajando los tributos a las empresas, incluso existen paraísos fiscales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha acordado un impuesto mínimo del 15% sobre las rentas empresariales, pero es una cifra muy baja.

P. ¿Qué retos afronta Europa para mejorar esta situación?

R. Considero que los esfuerzos que los países están haciendo para proteger a la gente de la pobreza deben estar exentos de los requisitos que les imponen para reducir el déficit público. Los gobiernos no deberían elegir entre la lucha contra la vulnerabilidad social o el cumplimiento de las exigencias del Semestre Europeo. Se les tiene que animar a invertir más en la reducción de la precariedad, pero no se lo están poniendo fácil. Estoy muy preocupado por este desajuste y por el riesgo de que las políticas de austeridad vuelvan a Europa.