El riesgo de pobreza golpea el doble a quienes residen de alquiler frente a los propietarios de viviendas

El riesgo de pobreza y exclusión social en España afecta a 12,7 millones de personas. Las familias monoparentales, los jóvenes, los niños y las mujeres son los principales perjudicados por esta vulnerabilidad social. Tienen mayor riesgo de vivir ahogados por el alto coste de la vivienda y de sufrir carencia material y social severa. El precio medio del alquiler, desde 2014, se ha incrementado cerca de tres veces más de lo que lo han hecho las rentas reales por persona. El año pasado, la tasa de pobreza entre quienes vivían arrendados a precio de mercado duplicó a la de quienes disponían de una vivienda en propiedad, alcanzando el 33,1% frente al 15,8%.

Además, casi la mitad de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, una situación que también golpea con mayor fuerza a quienes viven en una casa arrendada. Así lo recoge el décimo cuarto informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado este martes en Madrid.

España se aleja del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los diferentes Gobiernos en el marco de la Agenda 2030. La tasa AROPE —que valora la intensidad del empleo en el hogar, el riesgo de pobreza en relación al conjunto de la población y la carencia material severa— tendría que ser 5,5 puntos porcentuales más baja, es decir, 2,6 millones de personas deberían haber salido ya del riesgo de pobreza y la exclusión social para cumplir con las metas que se habían fijado. Pero esta se ha incrementado del 26% en 2022 al 26,5 % en 2023. Hay 400.000 personas más afectadas por el encarecimiento de la vida.

El dato más alarmante es la tasa de carencia material y social severa, que afecta a las personas que no pueden permitirse cuatro elementos de una lista de seis en la que hay diferentes privaciones como no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Esta cifra alcanza el valor más elevado de toda la serie histórica con 4,3 millones de personas afectadas, es decir, el 9% de la población española. Este indicador, además, golpea con mayor fuerza a los hogares con niños o adolescentes.

La proporción de personas que viven en domicilios que no tienen capacidad para afrontar un gasto imprevisto enlaza dos años consecutivos de incremento, ha pasado de un 33,4% en 2021 a un 37,1% en 2023. Al igual que la incapacidad para permitirse una comida con proteínas cada dos días, que ha crecido un punto en 2023 y encadena un par de años seguidos de subidas, desde el 4,7% de 2021 al 6,4% actual.

La vulnerabilidad energética también alcanza máximos históricos: un 43,1% de la población tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5% para conseguir un ambiente cálido en invierno, una situación que, según advierte el responsable del estudio, Juan Carlos Llano, empeorará con el cambio climático. Ante esta situación, el bono social de la luz se ha extendido los tres últimos años, de forma que ha pasado de recibirlo el 16,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en 2021 al 22% en 2023.

Estar en riesgo de pobreza significa ingresar menos del 60% de la mediana del país, teniendo en cuenta el tamaño de los hogares. Para una persona sola, por ejemplo, este umbral se situó en 2023 en 10.989 euros al año. Para una familia con dos adultos y dos niños menores de 14 años, por ejemplo, se fijó en 23.077 euros anuales. El 20,2% de la población está en esta situación, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior (20,4%). Son 9,6 millones de personas. La entidad alerta, además, de que, de ellas, 3,9 millones están en pobreza severa (es decir, cuentan con ingresos inferiores a 7.326 euros anuales, para una persona sola).

El aumento de los precios de la vivienda, la escasez de rentas asequibles y las dificultades para acceder a una propiedad han creado una situación precaria para muchas personas, aumentando las desigualdades y contribuyendo a la persistencia de la exclusión social. Además, vivir de alquiler es más común entre las personas en riesgo de pobreza, dado que una de cada tres residen en hogares arrendados, frente al 15,7% del resto de la población.

Llano insiste en que, si bien la vivienda en propiedad sigue siendo el régimen de tenencia más extendido en España (75,3%), cada vez más gente vive de alquiler, ante la inestabilidad salarial: un 19,2% en 2023 frente al 14,3% en 2008. Y, además, paga más por ello. El año pasado la media mensual era de 604 euros mientras que en 2008 era de 520 euros. Los retrasos en el pago de la vivienda son el triple entre las personas bajo el umbral de la pobreza y dos de cada cinco acumulan facturas de suministros, como la luz o el gas.

Entre las personas que alquilan, la tasa de pobreza y la carencia material y social severa son mayores que las registradas entre quienes tienen vivienda en propiedad. El incremento de los ingresos de los hogares no es suficiente para hacer frente al impacto del aumento del precio del hogar. De cada 1.000 euros que ingresa un domicilio vulnerable, 364 van a parar a gastos de la casa. El 31,7% de las personas en riesgo de pobreza asume un gasto elevado en vivienda.

Otro punto sobre el que pone el foco el informe es la precariedad laboral. En 2023, cerca de 2,5 millones de personas trabajadoras vivían bajo el umbral de la pobreza. Esto se debe, principalmente, a la calidad del mercado laboral, que pese a las mejoras derivadas de la última reforma laboral y al incremento del salario mínimo, según se lee en el estudio, sigue caracterizado por la precariedad. Pese a lo preocupante de las cifras, EAPN-ES recalca que la situación sería mucho más grave sin la acción protectora del Estado, que consigue evitar que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza, y unos 2,4 millones en pobreza severa.

El aumento del parque público de vivienda, el refuerzo de la protección frente a los desahucios, el incremento de los umbrales de renta para optar al bono social, la reducción de la tasa de desempleo juvenil —especialmente en las zonas rurales— y la mejora de los derechos laborales en los sectores feminizados como los dedicados a los cuidados o a la limpieza son medidas esenciales para la entidad. Hay 5,1 millones de mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza en España. Son 300.000 personas más que la población masculina.

Además, la entidad propone aumentar la intensidad y la extensión de las políticas implementadas durante los últimos años y el impulso de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario. De manera urgente, y dada la situación que afrontan miles de familias por el encarecimiento de la vida, EAPN-ES insta al Gobierno a que prorrogue las medidas del escudo social que concluyen el próximo 30 de junio, especialmente las enfocadas a colectivos más vulnerables. Entre ellas, mantener las rebajas del IVA en alimentos y bienes de primera necesidad y los descuentos reforzados del bono social.