Prisión provisional para cinco trabajadores de un centro de menores en Zaragoza acusados de torturas y agresión sexual

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Calatayud (Zaragoza) ha enviado a prisión provisional a cinco trabajadores del centro de atención a menores de la localidad de Ateca, entre ellos el director de la institución, por un supuesto delito de agresión sexual y torturas. Los empleados han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil tras una investigación por supuestas irregularidades en el centro, detectadas por la denuncia de la madre de una interna. La jueza acusa a Iván R. M., Mohammed B., Youseff B., Abdelilah A., y Alexandru R. de torturas, lesiones y pertenencia a grupos criminal, además de una agresión sexual a una menor.

Las investigaciones se iniciaron a partir de varias denuncias interpuestas en Zaragoza por la madre de un menor en las que informaba de unas supuestas lesiones causadas a su hijo por parte de educadores del centro, según informa el Instituto Armado. “Los denunciantes han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados contra su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo”, detalla la jueza. El auto también refleja que “ambos menores han declarado que el director tuvo, desde su llegada al centro el año pasado, una actitud de despreocupación absoluta acerca de la situación de los menores. Han declarado que protegía laboralmente a los restantes detenidos, puesto que nunca llevó a cabo correcciones ni sanciones, pese a las quejas del personal del centro y sus advertencias”.

Nada más conocer estos hechos, los investigadores de la policía judicial de la Guardia Civil de Zaragoza iniciaron diversas gestiones para verificar las denuncias que les llevaron a tomar declaraciones a varios empleados del centro y al hijo de la denunciante, y que permitieron descubrir más casos de vejaciones a otros menores internados en la institución en Ateca, a unos 100 kilómetros al oeste de la capital aragonesa.

Los agentes pudieron verificar que estos educadores, con el conocimiento del director del centro, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestiones que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos.

Estas actuaciones consistirían en tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones sufridas por la víctima en una habitación a la que habían tapado previamente la ventana-mirilla de puerta, antes de cerrarla con llave.

Los agentes constataron, además, que a este menor se le habían realizado acciones para inmovilizarlo que no habrían sido registradas, tal como indica la normativa de actuación en estos centros de atención a menores con conductas agresivas y problemáticas, y que de las mismas tenía conocimiento el director del centro, el cual habría dado instrucciones, presuntamente, para que no se incluyeran en los expedientes.

Según las fuentes citadas, estas vejaciones, que se intensificaron desde finales del pasado mes de junio, habrían provocado en él una sensación de inseguridad, así como un sentimiento de temor por su vida. La instructora define como “clara muestra de barbarie y extrema crueldad” lo que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo. “Se vieron desamparados e impedidos para hablar y pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos”, escribe la jueza. Los acusados llegaron a decir a las víctimas que ya no los querían “ni sus familias”. Todas las declaraciones han sido corroboradas por informes periciales forenses. La investigación también incorpora partes médicos de los menores y fotografías compatibles con el relato de los denunciantes.

Estas fuentes han añadido que la víctima pidió ayuda finalmente a una de las trabajadoras del centro, que informó a su vez al director del centro, el cual, constataron los agentes, no observó que el procedimiento que se efectuaba con el menor fuese contrario al protocolo.

Los investigadores determinaron también que el responsable del centro solicitó en una ocasión a un empleado sanitario que realizase un falso informe que indicase que el menor no presentaba ningún tipo de lesión, petición a la que se negó.

Durante la operación, los investigadores determinaron la existencia de más menores víctimas de esas vejaciones, así como indicios sobre hechos delictivos relativos a una agresión sexual y de corrupción de menores, llevados a cabo por varios educadores durante los últimos meses. La jueza ha dictado la prisión provisional después de tomar declaración a los dos menores denunciantes, a la psicóloga del centro, al enfermero y a otros dos empleados que en este momento se encontraban de baja laboral motivada por estos hechos.

Ante los indicios obtenidos que evidenciaban la presunta comisión de los hechos delictivos investigados, los agentes procedieron durante la mañana de este jueves a detener a cuatro de los trabajadores del centro y a su director por delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Los detenidos han sido puestos esta mañana a disposición de la autoridad judicial.

La jueza ha decretado el cierre del centro, que se trata de un establecimiento concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, hasta el esclarecimiento de los hechos. La instructora también ha ordenado el cese del internamiento de cinco menores que se encontraban en estos momentos acogidos en la institución. También hay otros nueve adolescentes que constan como fugados del centro y la jueza ha solicitado su localización para averiguar si podrían ser también víctimas y si se han escapado como consecuencia de agresiones y vejaciones.