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Una española fallece en Turquía tras someterse a una operación estética

La Fiscalía turca ha abierto una investigación y detenido al médico por homicidio negligente

La Torre de Galata, al fondo, en Estambul, el 31 de julio.
La Torre de Galata, al fondo, en Estambul, el 31 de julio.ERDEM SAHIN (EFE)
Andrés Mourenza

Una ciudadana española ha fallecido en Turquía tras someterse a una operación de cirugía estética. La mujer, residente en Madrid y madre de dos hijos, se sometió a una intervención en una clínica privada de Estambul el pasado día 2 de agosto, pero murió al día siguiente tras sufrir complicaciones respiratorias.

Según la agencia de noticias turca DHA, la española había acudido a la metrópolis turca para someterse a “varias intervenciones”, si bien otras fuentes han apuntado a una cirugía de adelgazamiento, en una clínica privada del distrito de Sisli, en la orilla europea de Estambul y donde se concentra un gran número de hospitales y consultas privadas especializadas en cirugías estéticas para extranjeros.

Sin embargo, horas después de la operación, cuando la paciente era mantenida en observación, empezó a sufrir problemas respiratorios y fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, donde sufrió una parada cardíaca al día siguiente. Su cuerpo fue enviado al Instituto Forense para que se le hiciese una autopsia, cuyo resultado no ha trascendido. El cuerpo ha sido ya entregado a la familia, por mediación del Consulado General de España en Estambul, y será repatriado.

La policía detuvo al médico que llevó a cabo la operación, acusándolo de “homicidio por negligencia”, aunque posteriormente fue puesto en libertad con medidas cautelares mientras la Fiscalía instruye el caso. También la Dirección Provincial de Sanidad de Estambul ha abierto una investigación, informó la agencia estatal de noticias Anadolu.

Turquía ha espoleado el llamado “turismo sanitario” en la última década y media, y a los tradicionales implantes capilares ha unido toda una serie de intervenciones quirúrgicas: desde cirugías oculares a rinoplastias, reducciones de estómago e incluso tratamientos oncológicos, para lo que diversos hospitales mantienen acuerdos con sistemas sanitarios de varios países. En apenas siete años, el sector ha doblado el número de pacientes extranjeros hasta los 1,4 millones, obteniendo unos ingresos superiores a los 2.000 millones de euros en 2023 según datos del Ministerio de Comercio.

Además del desarrollo tecnológico que ha permitido este boom, la principal ventaja competitiva es el precio: las operaciones cuestan, de media, entre la mitad y una tercera parte de lo que en España, principalmente debido a que los salarios en Turquía son más bajos. Así que numerosas agencias intermediarias ofrecen paquetes completos de viaje más operación a Estambul tanto online como en los países de origen de los pacientes.

Advertencia del Gobierno

Junto a las clínicas regladas, también han proliferado consultas que operan en los márgenes de la ley con prácticas negligentes. De hecho, el año pasado, tras la muerte de cuatro ciudadanos españoles y que otros tantos sufriesen graves secuelas en diversas operaciones estéticas en Turquía, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación actualizó sus advertencias de viaje al país euroasiático. En ellas avisa de que “el nivel de las instalaciones hospitalarias y de los tratamientos varía de manera muy relevante dentro del propio país”, y por ello recomienda que, aquellos que quieran someterse a este tipo de tratamientos, “analicen cuidadosamente tanto a los establecimientos como a los facultativos que vayan a realizar la operación, y que sean conscientes de que las agencias que ofrecen este tipo de servicios lo hacen por interés económico”.

En marzo del año pasado, un escándalo sacudió al sector cuando se descubrió la intoxicación de 250 pacientes, la mayoría extranjeros, tras someterse a intervenciones de inyección de botulina en el estómago como parte de un terapia para adelgazar, informa EFE. Los hospitales implicados tenían los certificados en regla, pero expertos turcos sospechan que se proveían de bótox en el mercado negro para satisfacer una demanda por encima del límite autorizado por el Gobierno.

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