El Supremo de Estados Unidos se pronunciará sobre la responsabilidad de las redes sociales por los contenidos de sus usuarios
El tribunal decidirá si unos vídeos de Youtube incitaron a los atentados del Estado Islámico de París en 2015, como denuncia la familia de una víctima
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha estrenado hoy un curso judicial cargado de casos importantes que afectan a la discriminación positiva en el acceso a las universidades, el medio ambiente, las reglas electorales y la discriminación de los homosexuales, entre otras muchas cuestiones. Al tiempo que daban comienzo las vistas orales, que se retoman de forma presencial por primera vez desde que estalló la pandemia, el...
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha estrenado hoy un curso judicial cargado de casos importantes que afectan a la discriminación positiva en el acceso a las universidades, el medio ambiente, las reglas electorales y la discriminación de los homosexuales, entre otras muchas cuestiones. Al tiempo que daban comienzo las vistas orales, que se retoman de forma presencial por primera vez desde que estalló la pandemia, el Supremo ha comunicado que admite nuevos casos. Entre ellos, destacan dos que medirán la responsabilidad que tienen las grandes compañías tecnológicas en el contenido que publican sus usuarios en las redes sociales.
Google, Facebook, Twitter, Amazon y otras compañías con redes sociales viven así un gran test judicial sobre la moderación de sus contenidos, un asunto que ha despertado polémica y que está siendo objeto de regulaciones diferentes en los Estados. Uno de los casos admitido, Gonzalez, Reynaldo y otros contra Google, examinará en qué medida se puede responsabilizar a Google de la matanza del Bataclan en París por haber permitido la difusión en su plataforma Youtube la difusión de vídeos que incitaban a la violencia islamista. El otro, afecta a Twitter, Google y Facebook en relación con el atentado en una discoteca de Estambul de 2017, con 39 muertos.
Quienes demandan a Google por Youtube son los familiares de Nohemi Gonzalez, una estudiante universitaria estadounidense de 23 años que fue una de las 131 personas asesinadas por los terroristas del Estado Islámico en una serie de atentados que conmocionaron París el 13 de noviembre de 2015, en la sala de conciertos Bataclan y otros lugares de la capital francesa. Gonzalez fue asesinada en un restaurante donde se encontraba cenando ese día. Los tribunales inferiores han rechazado la demanda, pero la familia ha recurrido al Supremo, que ahora acepta hacerse cargo del caso.
La ley estadounidense establece que las compañías de internet no son responsables de los contenidos publicados por sus usuarios, pero el asunto se ha convertido en polémico por diversas razones. Varios autores de asesinatos múltiples han retransmitido en directo sus actos. Por otro lado, los contenidos de las redes se han convertido en objeto de la propaganda política. Mientras los demócratas denuncian la propaganda de extrema derecha y conspiracionista que se difunde en las redes, los republicanos se quejan de la política de moderación de contenidos que practican algunas Big tech y que consideran censura.
La familia de Nohemi Gonzalez critica que Youtube no se limita a un papel pasivo en que permite que los usuarios busquen lo que ver, sino que su algoritmo recomienda vídeos basados en el historial de cada usuario. Con ello, quienes veían vídeos de propaganda islamista recibían más contenidos de ese tipo, facilitando su radicalización. Se quejan de que la compañía del grupo de Google, cuya matriz ahora es Alphabet, permitiese la difusión de vídeos de propaganda radical que incitaban a la violencia.
“Si la Sección 230 [la norma que en principio descarga de responsabilidad a las compañías por los contenidos de sus usuarios] se aplica a estas recomendaciones generadas por algoritmos es de enorme importancia práctica”, argumentó la familia en el recurso. “Los servicios informáticos interactivos dirigen constantemente esas recomendaciones, de una forma u otra, a prácticamente todos los adultos y niños de Estados Unidos que utilizan las redes sociales”. La familia de la víctima cree que Google violó la ley antiterrorista al permitir la difusión de esos vídeos.
Google responde que el único vínculo entre el atacante de París y YouTube fue que uno de los atacantes era un usuario activo de la plataforma y que una vez apareció en un vídeo de propaganda del ISIS. “Este tribunal no debe adoptar a la ligera una lectura de la sección 230 que amenace las decisiones organizativas básicas del internet moderno”, argumenta Google.
En el otro caso, los tribunales inferiores han considerado que Twitter, Facebook y Google deberían asumir alguna responsabilidad por los contenidos difundidos en relación con la matanza en una discoteca de Estambul, el club Reina, en la fiesta de la Nochevieja de 2016. La disputa, Twitter contra Taamneh, ha sido admitida también por el Supremo. Este segundo caso no tiene que ver con los contenidos recomendados por el algoritmo sino que en general plantea si las redes sociales pueden ser demandadas por presunta complicidad en un acto de terrorismo, cuando las plataformas han albergado contenidos de usuarios que expresan en general su apoyo al grupo que está detrás de la violencia, aunque no vayan referidos a un atentado en concreto.
Ambos casos serán un primer pulso en una batalla que se extiende acerca de la inmunidad que deben tener o no las compañías en cuanto a los contenidos de sus usuarios y, al tiempo, sobre el margen que tienen para su política de moderación. Varios jueces del Supremo, entre ellos los conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, habían expresado ya su interés en admitir a trámite casos sobre la moderación de contenidos en Internet. En marzo pasado, cuando el tribunal rechazó admitir a trámite una demanda contra Facebook, Thomas señaló en un voto particular: “Suponiendo que el Congreso no intervenga para aclarar el alcance de la sección 230, deberíamos hacerlo en un caso apropiado”.
El tribunal dicta resolución sobre los casos que admite cada año dentro de un plazo que se extiende hasta finales de junio principios de julio, cuando acaba el curso judicial.
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