¿Qué fue del ‘pajaporte’? Las primeras pruebas en una página porno española llevan a caídas de un 85% del tráfico

El pajaporte aún no existe. Pero una página porno española prueba desde noviembre una solución similar y su tráfico ha caído un 85%. Cumlouder, gestionada por Techpump, una empresa asturiana, pide a sus usuarios en Barcelona y Madrid que escojan un sistema de verificación de edad para acceder a sus contenidos. La página da dos opciones: primero, una app para verificar la edad introduciendo el DNI, que es lo mismo que será la llamada Cartera Digital beta, nombre oficial del pajaporte. Y segundo, una estimación con IA de edad a partir de una imagen del rostro del usuario. Del 15% que acaba accediendo, “un 3,38% hace la verificación y un 11,7% hace la estimación con IA, son casi cuatro veces más prácticamente los que ponen su cara”, dice Javier Fernández, jefe de Tecnología de Techpump. El pajaporte pierde claramente incluso contra la estimación facial con IA.

La Cartera Digital beta es una solución del Gobierno para limitar el acceso de menores a páginas porno: cuando esté disponible, las páginas porno deberán pedir confirmación de edad de cada usuario. Hay ya empresas que han creado soluciones similares: son carteras digitales en forma de app que comprueban el DNI del usuario y dan un sí o no a su mayoría de edad. Techpump ha usado la empresa Gataca en su web Cumlouder en Barcelona y Madrid: “Ese 85% es caída de negocio, porque el tráfico es negocio. Si llegamos a hacerlo para toda España, bajamos persiana”, dice Fernández. Eso supone además un claro problema competitivo para las empresas españolas: “Este 85% de gente que se marcha acaba en un Xvídeos o Pornhub de turno”, dice Fernández, en referencia a grandes plataformas globales.

El Gobierno contactó a Techpump para que probara su Cartera Digital, pero no es un proceso sencillo, además de no estar terminado: “Nos dijeron si queríamos entrar en el programa de beta, nos dieron acceso y realmente es un proceso de gran dificultad técnica. Hemos tenido reuniones con ellos, no hay una hoja de ruta clara, es tedioso a la hora de programar, entiendo que es muy difícil montar un sistema así”, dice Fernández.

El pajaporte debía estar listo para el “final del verano”, según dijo el pasado 1 de julio el entonces ministro de Transformación digital, José Luis Escrivá. Pero en realidad aún está en pruebas en el Centro Criptológico Nacional (CCN), dijo el ahora ministro Óscar López en el Senado el 26 de febrero: “La herramienta está siendo revisada en el CCN para que tenga toda la seguridad, porque tiene que dar garantías a todos los ciudadanos”, dijo López.

Un debate largo

La creación de esta Cartera Digital se enmarca dentro del Reglamento europeo eIDAS2 (acrónimo de servicios electrónicos de identificación, autenticación y confianza) que debe implantarse en noviembre de 2027. Su finalidad será similar a la del DNI y servirá para pagos y otro tipo de trámites públicos. Su implantación final sigue siendo debatida y conllevará nuevos problemas sobre la seguridad de su infraestructura y la tremenda complejidad de confirmar la identidad con software.

Pero España ha querido adelantarse a esa etapa porque este asunto recibe un consenso unánime: un 93,9% de los españoles está a favor de restringir las páginas de pornografía a menores, según el CIS en febrero de 2024. La Cartera Digital beta aspira de momento a crear credenciales que confirmen la edad de cada usuario que pretende acceder a porno en internet. Para aumentar su privacidad, los creadores de esta Cartera tuvieron la idea de generar 30 credenciales anónimas que caducan para evitar la trazabilidad de los usuarios. Ese límite que favorece el anonimato se convirtió en internet en un “permiso mensual para masturbarse”, es decir, en el pajaporte, que es uno de los memes de mayor éxito de las redes hispanas. Más de ocho meses después, en X sigue apareciendo casi a diario alguna referencia.

Además de la Cartera Digital, las páginas porno españolas tienen otro frente abierto: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tramitado al menos seis expedientes con empresas españolas en aplicación de la Ley Audiovisual de 2022. La única multa por ahora ha sido para TechPump, dueños de Cumlouder, cuyo proceso empezó antes a petición de la autoridad polaca: en enero la CNMC les impuso una sanción de 308.000 euros.

El resto de páginas españolas por ahora han sido solo requeridas para constatar que no han implantado un sistema de verificación y se ha comunicado al Ministerio los resultados. Esta medida contra un puñado de pequeñas páginas ha provocado una estampida: la mayoría se ha traspasado la gestión de su página a una empresa extranjera, a falta de una normativa global.

Ninguna de estas empresas se opone como tal a la implantación de la Cartera Digital ni a la protección de los menores, pero creen que la falta de claridad legal les ha perjudicado: “No tengo relación con el resto de empresas del sector, pero te aseguro que todos estaban esperando a que se lanzara la famosa aplicación para implementarla, ya que, hasta el momento, no existe en el mercado ningún sistema que cumpla con la nueva Ley Audiovisual sin vulnerar los derechos de protección de datos”, dice uno de los afectados que ha pedido a este periódico conservar el anonimato por temor a nuevos problemas con las autoridades. “Ante la imposibilidad de cumplir con la legalidad vigente y para evitar posibles sanciones que podrían llevarme a la bancarrota por una web que apenas me generaba ingresos mensuales, decidí vender el dominio y eliminar todo el contenido. Desde entonces, no quiero saber nada de esa industria”, añade este pequeño empresario.

Varios afectados han criticado el proceso de selección de páginas a las que ha requerido la CNMC, que dice que no ha habido “ningún criterio cuantitativo”. Otro afectado sigue sin entender cómo han llegado a su pequeña página: “Realmente fue sorprendente recibir la primera notificación porque mi web es muy pequeña en comparación a otras, con apenas 2.000 visitas al día, de las cuales de España, ni 400″, dice.

Solo una de las páginas requeridas, Olecams de Promocionesweb, ha implementado una verificación por IA después de la advertencia de la CNMC, pero no ha contestado a preguntas de este periódico. Aunque la CNMC ha cerrado su caso, deja abierto indagar sobre si la verificación con el rostro por IA es igual de válida que con el DNI.

Dos de las empresas consultadas fueron invitadas por la CNMC a participar en el proceso de “consulta pública” para crear el pajaporte. Pero a falta de concreción, o por dificultades técnicas, decidieron mantenerse al margen.

¿Y con tarjeta?

Techpump se encuentra en un proceso de reflexión similar sobre si deshacerse de su contenido para adultos. Tras la prueba fallida de implantación, Techpump optará por pasarse al pago. Su intención es filtrar primero por tarjeta de crédito y luego crear un agregador de sistemas de verificación para ofrecerlo también a otras páginas del sector: “Hacemos una primera criba con el pago y en función de cómo vaya la normativa, vamos a ser agregadores de apps de verificación. Una vez que el usuario hace el pago, igual en 24 horas tienes que verificar que eres mayor de edad. Si la norma se pone muy estricta, según haces el pago, te verificas”, explica Fernández. La CNMC en sus resoluciones ya ha establecido que el pago con tarjeta no basta para verificar la mayoría de edad.

Todo esto está a expensas de hacia dónde vaya la regulación, en un sector donde poner puertas al campo es extremadamente complicado: “Mucho contenido adulto va a través de WhatsApp, de Telegram, de redes sociales, que eso no se ve y no se toca nada. Y hablamos de muchos megas, gigas y teras de contenido adulto”, dice Fernández.

Un problema global

Aunque esta batalla legal es europea, en EE UU también tienen este debate directamente con los gigantes de Silicon Valley. Su enfoque es completamente distinto. Varios estados pretenden que la verificación se haga en las tiendas de apps de Google y Apple de los dispositivos. Su intento de limitar las webs parece que no ha cuajado. Hay montones de métodos de saltarse esas limitaciones, además de acudir también a oscuras páginas instaladas en países remotos donde no haya regulación. “Es mucho más fácil apuntar a dos tiendas de apps que a 10.000 desarrolladores”, dijo un senador estatal de Utah que impulsa la ley en su Estado para que Apple y Google hagan esa labor, que nadie quiere asumir.

Mientras, en España, la petición del entonces ministro Escrivá de pedir “a los adultos un pequeñín esfuerzo” circula con lentitud y llena de baches.